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María Alejandra Morales / Opinión /

Las elecciones institucionales llevadas a cabo en 2014 han sentado un precedente nefasto para las comisiones de postulación. Este “sofisticado” mecanismo de elección, al parecer, le quedó muy corto a la corrupción y tráfico de intereses prevaleciente en el país. Una vez más, el modelo demostró ser insuficiente para combatir los intereses que mueven a quienes aspiran a gozar de una porción del patrimonio del Estado. Dicho fenómeno se evidenció a través de los diversos grupos que de una u otra forma, incansablemente, trataron de manipular el proceso para asegurarse un espacio dentro de la amplia red burocrática patrimonial que nos ofrece nuestro Estado.

A pesar de las críticas y desilusiones manifestadas tras la viciada elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, el buen chapín, como le es usual, no tardó en encerrar aquellas tristes memorias en el cajón del olvido. Dicho hecho se demuestra hoy en día, cuando portando el traje de la apatía los ciudadanos guatemaltecos una vez más ignoran los procesos actuales.

¡Noticia de última hora para los desinformados!

Actualmente se está llevando a cabo el proceso de elección de los 2 titulares y 2 suplentes que pasarán a integrar el Directorio de la SAT. Más importante aún, esta elección se realiza luego de que los directores actuales ocuparan durante 16 años sus puestos, pues la rotación de los mismos -que idealmente debe ocurrir cada 4 años- había sido ignorada. Debido a ello, quienes desde 1998 ocuparon el cargo lo veían como un puesto vitalicio. Es importante resaltar en este sentido la incidencia que este hecho tendrá en el nombramiento de los nuevos directores; sin duda alguna, quienes por década y media han desempeñado el cargo no querrán trabajar con personas que no se adapten a las reglas del juego que ellos ya han establecido. El análisis de dicha situación también nos lleva a notar la aparición de nuevos grupos que tratan de empujar a sus candidatos, pues a diferencia de otros procesos, en este los puestos en disputa tienden a ser menos codiciados por la clase política.

Sin embargo, a pesar de las particularidades que este proceso nos ha mostrado, también se han podido observar algunas tendencias a replicarse. La elección actual ejemplifica este hecho con la exclusión de los “buenos candidatos”. Los distintos filtros por los cuales los postulantes deben pasar, y que se establecen en la Ley de Comisiones de Postulación, han tendido a ser utilizados por algunos comisionados para excluir a candidatos con una trayectoria profesional intachable, así como a facilitar la inclusión de aquellos que cuentan con el apoyo de algunas agrupaciones en particular.

Una vez más observamos cómo en este proceso se intenta excluir a candidatos idóneos para el cargo por cuestiones de forma, que no poseen mayor trascendencia.

Lo mismo ocurrió el año pasado, en que por faltar una firma en el expediente, un papel o así fuera una foto, algunos de los mejores postulantes fueron eliminados ipso facto del proceso de elección. Lamentablemente, la tenacidad con la que los comisionados eliminaron a candidatos por la más pequeña falta, no se mantuvo en evaluaciones posteriores. Al parecer las pésimas calificaciones obtenidas en la tabla de gradación de algunos aspirantes, tanto como los señalamientos presentados hacia algunos de ellos, así como su cuestionable honorabilidad e idoneidad para el cargo, no fueron determinantes a la hora de integrar las nóminas finales e incluso al llevarlos sin revuelo a ocupar los cargos.

Es principalmente por estos motivos que espero y estoy dispuesta a involucrarme, más allá de emitir una opinión, para que la Comisión de Postulación que nominará a los candidatos al Directorio de la SAT no caiga en el mismo error, y una vez más seamos burlados por grupos y comisionados que participan con intereses comprometidos, y que postulan a su antojo cualquier aspirante a pesar que no cumpla con el requisito fundamental de poseer una trayectoria profesional que le haga idóneo para el cargo.

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