José Rodolfo Trinidad/ Corresponsal/
Con la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional que ha afectado a Guatemala durante mucho tiempo, como país nos vemos actualmente en una situación adversa. Hoy en día se escucha mucho de este tema, el precedente que marcan cinco niños en ganar un juicio al Estado y la implementación del Pacto Hambre Cero, un proyecto que busca disminuir los índices de desnutrición crónica en 166 municipios de Guatemala, por citar algunos ejemplos.
Vivimos en un país donde en el año de 1974 -hace casi 40 años- se propone desde el Estado lineamientos para una Política Nacional de Nutrición promovido por Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGPLAN), y en 1976 se identifica la necesidad de contar en SEGEPLAN con un grupo de coordinación con representantes de los distintos sectores para abordar la problemática.
Y este no ha sido el único esfuerzo en la materia. La misma Constitución de la República de Guatemala propone en su ARTICULO 99: Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo.
Vivimos en un país que en el año 2,000 se compromete a reducir del 34% que había en 1987 a 17% al 2015 el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con peso inferior al normal para su edad, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y un país con una vigente Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (DECRETO NÚMERO 32-2005).
Estos antecedentes nos evidencian que hablar de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala es hablar de un problema con más de 40 años de atraso que al día de hoy no hemos podido solucionar, a pesar de la existencia de políticas públicas y leyes sobre el tema.
Por ello la pregunta es ¿Por qué las cifras siguen siendo adversas?
Hoy el porcentaje de niños menores de cinco años que sufren desnutrición aguda es un 34%, mientras que – y esta cifra es alarmante- el 49.5% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. De acuerdo a Ottoniel Monterroso (2009), a nivel de Guatemala hemos contado a lo largo de los años con tres tipos de enfoque de gobierno: el enfoque productivo, el enfoque de infraestructura y el enfoque social. En cada gobierno, uno de estos tres enfoques han sido la prioridad; cada uno de ellos cuenta con aspectos positivos e importancia para el desarrollo del país.
Sin embargo, al hablar sobre los cuatro pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico), vemos que los tres enfoques a los que Monterroso se refiere no pueden verse como escenarios aislados. Es importante contar con políticas públicas que garanticen el bienestar social de las personas, que respondan a la erradicación de ingresos bajos, pocas pertenencias, bajo acceso y calidad educativa educación e inseguridad alimentaria especialmente en niños y niñas. Con estos aspectos garantizados, las personas podrán formar parte del sector productivo y laboral del país, contribuyendo así con el desarrollo económico. Por último, fortalecer el área de infraestructura permitirá el desplazamiento, seguridad, prevención ante desastres naturales y otros elementos que también afectan en la accesibilidad de la seguridad alimentaria de la población.
Proyectos como Pacto Hambre Cero deben ser proyectos sostenibles en el tiempo, que garanticen un seguimiento y cumplimiento en el largo plazo y que no se limiten a un período presidencial como ha pasado con otros programas, que ayuden realmente a disminuir esos altos porcentajes de desnutrición. Guatemala no puede pasar otros 40 años esperando que todas las leyes, políticas y reglamentos existentes en la materia finalmente se implementen y ejecuten eficientemente en bienestar de las personas más afectadas.
Es importante comprender que este tema es una realidad compleja que no conlleva únicamente una serie de acciones individuales, sino la yuxtaposición de abordaje de diferentes problemáticas a nivel nacional como el agua, pobreza y educación, las cuales al ser abordadas de forma dispersa, desmantelan el poco trabajo realizado en otras.
Referencias
Monterroso-Rivas, O. (2009) Institucionalidad y políticas públicas para el desarrollo rural en Guatemala. En Revista CEPAL. (No. 97. Pp. 155 – 170)
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Fotografía: infosurhoy.com
