Luis Aguilar/
Parte I: Sistema Electoral
Una de las grandes demandas ciudadanas de las movilizaciones sociales de los último años es una nueva reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Distintos actores, entre los que destacan la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Convergencia Nacional para la Reforma Política (CONAREP), la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso y el mismo Tribunal Supremo Electoral, han presentado alrededor de 16 propuestas de reformas a la LEPP durante lo últimos meses, bajo la consigna de depurar el Congreso de la República y mejorar el sistema electoral guatemalteco.
Cuando se habla de reformar la LEPP, necesariamente se habla de reformar el sistema electoral, aquel que regula las barreras de entrada al sistema, los distritos electorales, las listas de elección, el padrón electoral, entre otros. O, en español, la forma en la que se postulan y se eligen los candidatos a funcionarios públicos, la cantidad de diputados por elegir, quiénes pueden ejercer el derecho al voto, etc.
Actualmente, los ciudadanos que deseen postularse a un cargo de elección, deben hacerlo a través un partido político ya establecido o creando su propio partido.
Hacerlo es bastante caro y burocrático. La ley actual regula que se necesita de un equivalente al 0.3% del padrón electoral de afiliados al partido. Con el número del padrón actual, para fundar un partido político se deber tener un aproximado de 22,500 personas. Esto, además de poseer organización en 50 municipios y 12 departamentos, y otros tantos requisitos formales.
Esto es lo que se conoce como barreras de entrada. Actualmente dentro de las propuestas para reformar la LEPP, existe un consenso generalizado para bajar dichas barreras, buscando la participación de nuevos actores en la esfera política. Uno de los elementos que se discute en estas nuevas propuestas, es que los partidos únicamente postulen candidatos en los municipios donde tengan organización, limitando así el poder que regularmente poseen el secretario y la asamblea general, para nombran a dedo a candidatos en territorios donde no existe organización partidaria.
Sin embargo, esto no necesariamente garantiza más y mejores candidaturas; también es necesario mejorar los procesos internos de los partidos políticos. José Carlos Sanabria, politólogo y analista de ASIES, asegura que “”para cambiar la forma de postulación de los candidatos, es necesario abrir la competencia electoral y democratizar los partidos a lo interno, para eliminar el monopolio de los partidos políticos tradicionales”.
Una vez se cuente con candidatos, lo que procede es su votación por parte de los ciudadanos.
De la misma manera que con las barreras de entrada, con las nuevas propuestas pareciera existir un consenso amplio sobre reformar la manera en la cual se eligen a los candidato, haciendo hincapié en lo que llaman distritos electorales y listas de elección.
Al momento de votar, específicamente por los diputados del Congreso de la República, todo ciudadano debe saber a qué distrito pertenece, para poder emitir el voto por el representante de su territorio, en la idea de que este velará por los intereses y necesidades de dichas poblaciones. El sistema de distritos electorales guatemalteco al día de hoy contempla 24 distritos electorales; los 22 departamentos, el distrito central y el listado nacional. Este sistema está contemplado en la Constitución, por lo que modificarlo necesitaría de un proceso de reforma muchísimo más exhaustivo.
Sin embargo, hay actores que consideran que esta forma de elegir a los representantes al Congreso puede cambiar. Lo que algunas propuestas sugieren para reformar los distritos es sub-dividir algunos de esos distritos en secciones más pequeñas, con el objetivo de mejorar la representatividad y el vínculo entre los electores y sus representantes. Los departamentos que se verían “partidos” serían aquellos que sobrepasen el número de 5-6 escaños (diputaciones) a repartirse, es decir, Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Petén y el distrito central.
El desafío de este cambio es lograr dividir dichos territorios sin desfavorecer a unos u otros, haciendo que sus votos valgan menos que otros. “El problema, en este caso, sería con el dibujo de esos sub-distritos, tanto en quién los haría como bajo qué criterios y con qué fines se concebirían, para no caer en el riesgo del gerrymandering (manipulación del dibujo de las circunscripciones electorales para beneficiar a un partido o individuo)” asegura Gregorio Saavedra, abogado y analista de la Universidad Rafael Landívar (URL). Asimismo, el no contar con un censo poblacional reciente también dificulta la división de distritos de acuerdo a densidad poblacional.
De la mano de los sub-distritos, también se ha planteado aperturar los listados de elección, para mejorar el vínculo entre representante y representado y que el ciudadano pueda votar con nombre y apellido por la persona que desee que lo represente. Esto, debido a que el sistema electoral actual se rige bajo listados cerrados, cuyo orden en las papeletas recurrentemente se designa por el secretario general y otros allegados al partidos, con negociaciones y tráfico de influencias, sin opción a competencias legítimas dentro del mismo partido.
Varias de las propuestas pretenden abrir los listados, ya sea parcial o totalmente, en aras de mayor representatividad.
Con listados cerrados como actualmente lo contempla la ley, se puede votar solamente por el orden de listas que establecen los partidos, mientras que los listados cerrados desbloqueados o los abiertos, dan la opción de votar específicamente por el candidato que se prefiera, sin importar el orden de la lista.
Según Thanalí Patruyo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la URL, “hay que ser muy cuidadosos, porque abrir el sistema no necesariamente mejora la representación, algunos estudios incluso demuestran lo contrario. Esto puede tener efectos contrarios en lo ya logrado con el financiamiento electoral”. Es decir, para algunos analistas, estos cambios representarían retrocesos en lo que ya se ha ganado con reformas anteriores, especialmente porque los candidatos tendrán que competir entre ellos, incluso dentro del mismo partido, para obtener financiamiento.
En cuanto al financiamiento electoral, aquello a lo que en múltiples ocasiones el comisionado Iván Velázquez ha denominado como “el pecado original” de la corrupción en Guatemala, se lograron avances sustanciales en el proceso de reforma del 2016, aunque los problemas en esta materia están lejos de concluir. Actualmente, solamente la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso está proponiendo reformas sobre financiamiento electoral.
Finalmente, el tema que pocos hablan actualmente dentro de las reformas es el tema de la paridad, en relación a la búsqueda de la igualdad de género y etnia en los candidatos. Esto tiende a generar controversia y a ser olvidado dentro de las propuestas, a pesar de ser un tema importante a discutir para mejorar la representación. Algunas organizaciones de mujeres proponen postulados sobre paridad como parte de esta reforma, sin embargo, sus detractores consideran que no es viable hablar de paridad con un sistema de listados abiertos, incluso dentro del contexto guatemalteco actual.
El reformar el sistema electoral no es tan simple como podría parecer.
Mientras una de las variables (listados, distritos, padrón, etc.) se modifique, esto influirá en el resto de componentes del sistema, jugando a “suma cero” o inclusive provocando efectos adversos a los que se busca (financiamiento, sub-/sobre-representación, “gerrymandering”, entre otros).
El próximo proceso electoral se avecina y el Congreso de la República pareciera tener consensos parciales pero no totales sobre las reformas. La información y conocimiento de las propuestas por los diferentes actores, resulta necesario dentro de este proceso: #HablemosDeLaLEPP
