Laysa Palomo / Brújula /
Sobre la ley
Hace un par de semanas, la noticia de la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito explotó en los medios. Muchos de los usuarios se encuentran a favor y muchos otros están en contra de la misma, alegando que es anticonstitucional mediar el libre mercado que se supone tenemos en Guatemala. Lo cierto es que la ley responde al fin de velar por el bien común de la mayoría y no únicamente de un sector privilegiado.
En el 2011, la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó al Congreso de la República la reforma a la ley de tarjetas de crédito, que hasta ahora retomó la discusión y se encuentra en últimas revisiones. El Código de Comercio posee tan solo dos artículos relacionados al control de tarjetas de crédito, por lo que la necesidad de regular este sector del mercado tiene sus orígenes mucho antes. He de decir que esta situación me genera la duda del porqué la atención tan imperativa que se le dio en los medios.
A inicio de este año la SIB indicó que la deuda con tarjetas de crédito ascendía a Q12 mil 718.6 millones, la cual había aumentado más de mil millones de quetzales durante el último año. Esta cantidad da miedo y más, si alguna vez han experimentado las famosas llamadas de acoso por parte de los bancos para cobrar la deuda en las tarjetas. Por citar un ejemplo, un familiar hace algún tiempo debía una cantidad -no exagerada- en su tarjeta de crédito, pero suficiente para que me llamaran a mí y me preguntaran si no me “daba vergüenza” tener una familia morosa.
La ley supone velará por los usuarios de tarjetas de crédito, mejorando la tasa de intereses cobradas. Instituciones del sistema bancario llegaban a cobrar un promedio de 4% semanal, que si lo multiplicamos por las 52 semanas del año alcanzaba una tasa del 200% sobre el total de la deuda (ahora podrá será únicamente el doble de la tasa activa pondera por el Banco de Guatemala). La ley ayudará a mejorar los contratos entre emisores y usuarios para no tener las famosas “letras pequeñas”, como también tratará de resguardar la seguridad de las personas evitando fraudes y clonaciones.
¿Se caerá nuestro sistema financiero?
No. De acuerdo a Rudy Herrera, economista y analista político, las tarjetas de crédito son un tipo de crédito y no el único que existe, por lo que nuestro sistema financiero no colapsará. Los bancos se verán afectados al reducirse sus ingresos por este negocio, pero la población en general podría ser incentivada a utilizar más y más el crédito pues el costo por el uso del dinero es menor.
La rigurosidad con la que los bancos autorizarán futuras tarjetas de crédito será mayor, pues se tendrá que hacer un estudio socioeconómico del usuario antes de otorgarle la autorización de utilizar dinero plástico. Esta clase de crédito se conoce como “revolvente”, donde al ciudadano se le otorga un crédito a corto plazo (no mayor de 52 días), y de no ser aprobado el usuario, el banco podrá ofrecerle otros tipos de créditos a largo plazo.
Falta de educación financiera
Sin embargo, existe un elemento no considerado en el análisis de esta nueva ley, y es la falta de educación financiera que existe en Guatemala. La necesidad de la ley se hizo presente por la poca capacidad que tenemos los guatemaltecos de entender términos como “capitalización de deuda”, o “crédito revolvente” o “prestatario” y que pone en una ventaja clara a la banca por sobre sus usuarios.
La SIB en el año 2012, presentó una iniciativa al Ministerio de Educación para incluir en el pensum de estudios algún tipo de conocimiento financiero sobre presupuestos y el manejo de créditos, pero esta propuesta se ha visto truncada por cambios de personal y por falta de urgencia en el tema a nivel nacional.
En países desarrollados el uso de tarjetas de crédito es visto como una forma arcaica de pago, pues su educación financiera trasciende este punto hasta aterrizar a la importancia de ahorrar. Guillermo pineda lo menciona en su columna de Plaza Pública “Los ciudadanos del Norte entendieron que el crédito debe ser un instrumento de último recurso y para necesidades en las cuales se está en la capacidad de generar más ingresos y de poder cumplir con las obligaciones crediticias.” Su economía se mueve en base a dinero que sí existe y no como en Guatemala, donde nuestra economía depende de dinero falso que todos debemos de pagar a finales de mes.
¿Y en qué me afecta a mí?
Si han sido responsables y han pagado mes a mes sus tarjetas de crédito, en nada. Podrán seguir utilizando su plástico de la misma forma en la que lo hacían. Si se encuentran dentro de una deuda, aunque autoricen la ley, no aplicará en su circunstancia actual, pues los únicos beneficiados directos serán los nuevos usuarios de tarjetas (los cuales probablemente no la obtengan de forma rápida y fácil como ahora lo conocemos).
El uso de la tarjeta de crédito debiera ser una cuestión de “seguridad” para no utilizar efectivo y para manejar mejor las cuentas. Si esta ley se aprueba, se esperaría que inyecte la necesidad de crear una cultura financiera en los y las guatemaltecos para que el desarrollo económico resulte beneficiado de esto. El ahorro aquí es clave, pero también estamos hablando de salarios mínimos que no permiten a las personas hacerlo. Guatemala necesita una reforma económica y una ley para regular el nivel de deuda que los guatemaltecos podrían adquirir, como un primero paso. La ley volverá a ser revisada en el Congreso para las últimas lecturas y revisión de redacción con la idea de que sea publicada en las siguientes semanas.
