Pocos son los derechos que han merecido una celosa protección, que han sido catalogados como baluartes de la democracia y que se han apuntado como fundamentales. Dentro del prestigioso listado de derechos que revisten tan distinguidas calificaciones, se puede encontrar el de la libertad de expresión. El debate sobre este derecho, y en especial lo relativo a su extensión y sus límites, se ha intensificado considerablemente en el Siglo XXI. Las nuevas formas de comunicación, información y participación democrática han ido revolucionando el debate y ello hace necesario realizar ciertas consideraciones.
El derecho a la libertad de expresión, entendido como un vehículo que sirve, no solo para emitir y difundir opiniones, sino también para difundir y recibir información, representa para los gobiernos autoritarios una gran amenaza, porque apareja un gran empoderamiento a las personas. En la arena política se han librado feroces contiendas entre gobiernos (sobre todo los autoritarios) y políticos -por un lado- y periodistas, medios de comunicación y ciudadanos -por el otro- para disputarse la extensión y la dimensión de la libertad de expresión. Los primeros tratan de acortar esa libertad; los segundos abogan por su expansión. Debido a la inmensa dificultad que existe para conciliar las posiciones de ambos bandos, las pugnas generalmente llegan a ser dilucidadas por los jueces.
En el tema de libertad de expresión, Guatemala se enfrenta a un gran reto: la Ley de Emisión del Pensamiento (ley especial de la materia) es obsoleta, defectuosa e inoperante.
Ello hace necesario recordar que existe normativa, igual o más importante, que puede utilizarse para entender, interpretar y aplicar correctamente esta libertad.
Los jueces guatemaltecos se han ceñido a la aplicación de normas locales como la Ley de Emisión del Pensamiento y el Código Penal para dirimir los conflictos que se dan en el ejercicio de la libertad de expresión. Pareciera que los togados no han sopesado la posibilidad -es más, la obligación- de aplicar los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Es necesario recordar que el ordenamiento jurídico convencional (en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la jurisprudencia internacional (en especial la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) son directrices normativas que deben ser seguidas por los tribunales nacionales.
Para que las autoridades nacionales empiecen a comprender, utilizar y aplicar estos estándares internacionales, es necesario que los abogados, periodistas, doctrinarios y estudiantes los invoquen. Solo así podremos, poco a poco, ir fomentando una cultura donde se entienda y respete a cabalidad este derecho que oxigena nuestra democracia.
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