4AM – suena la alarma –, Samuel y Eliázar se despiertan para salir a trabajar. Dos jóvenes de 22 y 19 años de edad, ambos provenientes de dos aldeas, una ubicada en el departamento de Santa Rosa y el otro de una aldea en Quiché, donde las condiciones de vida son precarias, el acceso a la educación escaso y donde las oportunidades no son pocas, sino nulas, tanto así que los obligó a abandonar su tierra y hogar, y olvidarse de ellos mismos, buscando una mejor oportunidad en la gran ciudad como agentes de seguridad. Y es que hoy casualmente, ambos coinciden en cubrir su turno, un turno que durará veinticuatro horas en el cual a pesar de trabajar para diferentes empresas brindando su servicio como seguridad privada, concuerdan en sus responsabilidades de patrullar y recibir clientes, ser responsables de todo lo que suceda durante estas veinticuatro horas de los bienes privados de alguien más, porque la ola de violencia en el país no solo lo exige, es imparable.
6AM. Uniforme limpio, botas lustradas, sombrero, arma a la cintura y un desayuno a medio preparar acaban de terminar; una charla con el supervisor y reportes del día anterior, Eliázar y Samuel están listos para ubicarse en su puesto de trabajo.
8 AM. Al igual que ellos, otros 20,000 agentes de seguridad privada están empezando su turno hoy.
Violencia en Guatemala y el boom de las agencias de seguridad privada
Luego de un pasado sangriento y violento, de violaciones a los derechos humanos e injusticias, Guatemala hoy 30 años después de esa guerra interna, está viviendo las secuelas de la destrucción, la separación de familias y el empobrecimiento de su población, situaciones que se esperaba disminuyeran luego de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Sin embargo, la violencia tomó un nuevo rumbo, y a pesar de no encontrarnos en una situación de conflicto armado, actualmente los índices de violencia del país están por las nubes.
Asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y asesinatos, son el día a día de cientos guatemaltecos que salen a las calles a trabajar, estudiar, finalmente a subsistir; siendo más alto el índice de esta violencia en los cascos urbanos y principalmente en la Ciudad de Guatemala. Claramente se ha demostrado que es una violencia que no puede ser combatida por el Estado debido a que rebasa sus capacidades tanto técnicas como económicas para invertir más en él, sin mencionar que la cantidad de agentes de seguridad nacional no es suficiente para la cantidad de hechos delictivos que suceden diariamente.
Al analizar el Informe sobre Violencia en Guatemala de IEPADES de enero a abril del presente año, se encuentran algunos datos que demuestran que la violencia está muy presente en nuestro país. 80% de los homicidios realizados en los primeros meses del año fueron ejecutados con arma de fuego; el grupo más afectado por este tipo se violencia se encuentra ubicado entre los 11 y 40 años, con un total de 1196 muertes, conformando un 65%. Dentro de este mismo grupo, el grupo más afectado es de los 21 a 30 años con 607 homicidios.
De acuerdo el Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala, uno de los principales temores en los ciudadanos guatemaltecos es la inseguridad y la violencia, seguida por la alta tasa de desempleo que se da en el país. El resultado de todas estas carencias y de los altos niveles de violencia, es el surgimiento de varias empresas de seguridad privada que buscan proteger la propiedad de un tercero, a precios muy accesibles. La demanda es tan alta, que el mercado de la seguridad privada es cada vez más accesible a cualquier empresa o comercio que quiera resguardar sus bienes.
Poca educación y una alta necesidad de empleo, ha hecho que Samuel y Eliázar migraran hacia la Ciudad Capital para prestar sus servicios como agentes de seguridad privada ante las pocas exigencias de estas para el perfil de guardia.
¿Cómo funcionan las agencias de seguridad y qué deficiencias vienen a cubrir?
Como se mencionó anteriormente, los altos índices de violencia junto a la poca cobertura de la seguridad nacional, ha ocasionado que la seguridad al bien íntegro y físico de los bienes de los ciudadanos, sea privatizada a bajos costos.
En la actualidad, existen más agentes de seguridad privada que policías nacionales. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD, en Guatemala existen más de 23,000 agentes de seguridad nacional para velar por la seguridad de más de 15 millones de habitantes, a diferencia de más de 100,000 agentes de seguridad privada a nivel nacional. Y es aquí donde los datos no empiezan a concordar entre las investigaciones de organismos como PNUD y las cifras oficiales, ya que de acuerdo al Ministerio de Gobernación habían alrededor de 45,000 agentes de seguridad privada para el año 2013. Una diferencia de más de 50,000 agentes.
Migraciones forzadas, poca educación y alta demanda de empleo para la poca oferta, ha provocado en muchos guatemaltecos del área rural, migrar hacia la Ciudad de Guatemala para prestar servicio como seguridad privada. Dicho oficio es realizado a un bajo costo para realizar tareas de alto riesgo bajo la responsabilidad individual del agente, que no solo arriesga su propia vida, sino que muchas veces al no recibir una adecuada capacitación y formación, también coloca la vida de otros ciudadanos guatemaltecos en riesgo, fallando así con el objetivo principal de la existencia de la privatización a la seguridad.
Y es que realmente estas empresas no requieren mucho de los “muchachos”: nivel de escolaridad desde sexto primaria, que hablen español, antecedentes penales y policiacos, y un entrenamiento de uno a tres meses para el manejo de armas y ¡listo!, ya pueden ser protectores de los bienes de alguien más. Algunos no llegan a recibir el salario mínimo y mucho menos las prestaciones establecidas por ley, sin embargo, realizan largas jornadas de trabajo bajo un ambiente de malos tratos, pésimas condiciones humanas laborales y alta peligrosidad al desempeñar su labor, pues en cualquier momento pueden ser atacados por esa tenebrosa ola de violencia que azota el país.
Sin embargo, ¿quién es realmente el responsable de velar por los derechos laborales de los agentes?
Nadie pareciera tener una respuesta clara. La lógica de contratación es la siguiente: las agencias de seguridad funcionan como reclutadoras de personal para los comercios o establecimientos que solicitan el servicio de custodio de bienes, se acuerda un precio por cierta cantidad de agentes y se firma un contrato entre empresas. Ambos, empresa y cliente, saben que el precio pactado por agente no llega directamente a este, ya que parte del pago se queda como porcentaje a la empresa reclutadora por el servicio prestado. De acuerdo a conversaciones con personas involucradas en la administración de estas empresas de seguridad privada, dicho porcentaje es utilizado para pago de impuestos, compra de armas y municiones, trámites administrativos, capacitaciones, entre otros.
Los salarios entre Samuel y Eliázar oscilan entre los Q1,500 y los Q2,500.
Más allá del salario, las condiciones laborales no son del todo óptimas. Muchos agentes como Samuel les toca vivir dentro de los comercios que custodian y principalmente en comercios grandes. Esta condición se agrava para aquel que proviene del interior del país, quien finalmente se encierra dentro de las mismas cuatro paredes, tanto en su tiempo de trabajo como en su tiempo libre, sin otro lugar por ir. Adicional a ello, las jornadas de trabajo son largas – 24 horas de turno por 24 horas de descanso- y cansadas ya que se les exige estar de pie y alertas de lo que pueda suceder durante su turno. Cada cierto tiempo, dependiendo de la empresa, cada guardia tiene derecho a contar con tres días libres.
Durante estos tres días, Samuel aprovecha para visitar a su familia, mientras que Eliázar se dedica a escribir cuentos e historias.
Paralelamente han surgido empresas de seguridad “clandestinas”, que no están registradas o no tienen registrado ni capacitado al personal que presta los servicios, prestándose así a actos de corrupción, evasión de impuestos, servicios al crimen organizado, entre otros. Según el Ministerio de Gobernación (MINGOB), en la actualidad únicamente 140 agencias de seguridad privada se encuentran registradas y únicamente 400 agentes privados de más de 40,000 cuentan con certificado para trabajar legalmente como custodios.
Ante tantas anomalías en la legalidad operativa de agentes o empresas, contratación de personal, condiciones laborales apropiadas y capacitaciones adecuadas, en el 2010, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP), estableció una Ley (52-2010), con el objetivo de velar por el cumplimiento de esta ley mediante la regulación, control, supervisión y fiscalización de los prestadores de servicios de seguridad privada.
Pero, ¿qué más dice la ley?
Entre lo más relevante podría mencionarse el Artículo 7 en el que establece como una de sus funciones principales de la DIGESSP, controlar y supervisar a los prestadores de servicios de seguridad privada, para que su actividad se enmarque en la política de seguridad pública del Estado. Además en el Artículo 66 ordena prisión para quienes prestan los servicios sin autorización, y para el contratante, si este sabe que es una empresa no autorizada.
Finalmente, otro de los artículos que parece válido a destacar es el Artículo 17 referente a la contratación de personal en la que se le “exige” a las empresas prestadoras de servicios de seguridad, contratar a su personal con relación de dependencia, debiendo -y lo más valioso para este artículo-, “otorgar todas las prestaciones laborales que garantizan la Constitución Política de la República y las leyes laborales respectivas”. Entonces, si a los clientes les importa poco bajo qué condiciones los guardias que protegen sus propiedades están contratados, las agencias no le exigen a los clientes las condiciones “mínimas” aceptables para prestarles un servicio y el ente regulador no cumple su función de realmente velar por el bienestar de la seguridad de los guatemaltecos, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no entra en ningún momento en la jugada?
Si justo ahora levantamos la mirada y vemos a nuestro alrededor, seguramente encontraremos a muchos de estos protectores de bienes cercanos a nosotros; en la panadería, en el centro comercial donde realizo mis pagos y compras, en el supermercado, en mi centro de estudios, en el residencial que vivimos. Se encuentran en todas partes hacia donde nos dirigimos y muy pocas veces nos detenemos a pensar bajo qué condiciones se encuentran desempeñando la labor que están realizando. Fácil resulta para todos, pelearnos con ellos porque no nos permitieron el ingreso a un parqueo o nos solicitaron x o y documento, cuando lo único que están realizando es el cumplir órdenes que les aseguren –idealmente- el salario mínimo y sin prestaciones a final de mes.
Las condiciones de trabajo de estos jóvenes y adultos guatemaltecos que se están desempeñando en este gremio, no están siendo discutidas por nadie. Pareciera que son personas invisibles para todos y que “estaban destinadas” a ser guardias de seguridad, cuando realmente la mayoría de ellos aspiran a ser algo más. Ejemplo de ello son Eliázar y Samuel, el primero de ellos anhela entrar a la universidad para estudiar Historia y Filosofía, y Samuel sueña con terminar sus cursos de inglés para trabajar como guía turística o en un call center donde los salarios son mejores.
Al final son jóvenes guatemaltecos que les ha tocado desempeñar desde muy temprana edad trabajar duro, tal vez mucho más de lo que nosotros imaginamos, por alcanzar sus sueños.
* Escuche las historias de vida de Samuel y Eliázar
