Jóse Pablo Marzo 1

José Pablo del Águila / Opinión /

Jimmy Morales enarbola con orgullo los valores conservadores / protestantes. Confía en que con ellos se hará de Guatemala una tierra prometida. Al contrario de cómo cualquier estadista suele pensar, el presidente luce obstinado en su tarea de hacernos convencer de que no se necesita de políticas públicas eficientes para solventar las crisis. Para él, en su limitada visión, solo es necesaria una cosa: el favor de la providencia.

Así como es de incongruente, es de arrogante. A través de fábulas tristemente banales, tiene la osadía de pedirle a la población de que no critique su gestión. ¿Y qué título ostenta él, pues, para ocupar un cargo público –la máxima investidura del país, en su caso— y al mismo tiempo estar absuelto de la crítica? O desconoce por completo cómo funciona la democracia, o en su errado imaginario la presidencia es algo así como un trono imperial.  Cualquiera que sea la razón que lo motivó a hacer tan absurda petición, lo que demuestra es una total ignorancia y su incapacidad para el puesto para el cual fue electo.

Sin embargo, más allá de su desconocimiento sobre asuntos de Estado, hay otro factor que debe preocupar. Se trata de su estrecha vinculación con el sector protestante del país.

El protestantismo como corriente religiosa tenía un porcentaje muy escaso de simpatizantes antes de que ocurriese el Conflicto Armado Interno. No fue sino la década de los ochenta, con la promoción que el dictador Ríos Montt hizo de los discursos evangélicos-neopentecostales a través de las instituciones del Estado, que este empezó a ganar una cantidad considerable de adeptos. Actualmente las encuestas afirman que un 42% de la población en el país se identifica como evangélica.

De los años ochenta para acá el discurso protestante ha sido básicamente el mismo: una teología de la prosperidad atractiva para las clases medias y altas, principalmente. Y es en este punto donde se encuentra el punto álgido de la situación: el protestantismo, debido a su agenda codiciosa del bienestar económico, se alinea a la perfección con los intereses de las élites más conservadoras del país. De manera que mientras crece la población evangélica, inexorablemente también lo hace el apoyo y respaldo popular hacia los intereses y agendas de las élites.

Si alguien aún no se convence de la vinculación que existe entre las élites y el protestantismo, basta con analizar los discursos pronunciados en algunas iglesias pertenecientes a esta corte. Se puede observar, por ejemplo, que en los seminarios de liderazgo empresarial llevados a cabo por estas instituciones no hay cabida para aquellos sermones que incentivan al patrono a pagar salarios justos a los trabajadores. Tampoco se motiva a los empresarios a brindar condiciones dignas para laborar al trabajador. Es más, esos mismos seminarios muchas veces están dirigidos exclusivamente para los hombres, ya que subyace la idea de que la mujer no tiene que inmiscuirse en esos asuntos porque su misión está exclusiva y obligatoriamente en el hogar.

Todo lo susodicho constituye una prueba fehaciente de la naturaleza anti-progresista del discurso protestante. Y, tristemente, el presidente es un hombre que se encuentra alineado fuertemente a este sector.

No obstante, no habría mayor complicación si el excomediante fuera lo suficientemente ético para prescindir de su credo religioso a la hora de tomar decisiones de carácter público. Pero no lo es. Si no, obsérvese nada más el opaco y oscuro proceso que realizó para la designación de magistrados en la Corte de Constitucionalidad. El presidente se decantó por Dina Ochoa, una profesional del derecho que fue incluida en la lista “Jueces de la Impunidad” por la CICIG pero que, para sorpresa de todos, es una reconocida profeta. ¿Coincidencia o no? Que cada quien lo juzgue.

Este fenómeno no es nuevo. Durante el gobierno de facto de Ríos Montt también se hizo un esfuerzo por colocar personas allegadas a la Iglesia Verbo –congregación a la que pertenecía el dictador- en puestos claves del gabinete. Esto demuestra que desde que el protestantismo ingresó al país, no se ha conformado con las cuotas de poder simbólico que le confieren sus instituciones, sino trata de obtener también un poder político, al cual únicamente puede acceder usurpando puestos claves en el Estado. Ello es un acto deleznable, tanto de los portaestandartes de dicho sector como de los gobernantes que lo promueven.

Tan evidente como la luz del sol es que la agenda conservadora/ elitista / protestante resulta perjudicial para el Estado. Por ello, es necesario que los sectores más progresistas sean innovadores y enarbolen la bandera de la equidad, el desarrollo y la justicia; se pronuncien a favor del Estado laico y exijan a los gobernantes que se pongan a la altura del cargo para el cual fueron electos.

¿Podrán con ese reto?

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