By Brújula
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Gabriela Orellana/ Colaboración/

El 6 de octubre de 1981, a sus catorce años y frente a su madre, Marco Antonio Molina Theissen fue tomado ilegalmente de su casa por militares. Nunca más fue visto. Ana Lucrecia, su hermana mayor, relata el arduo camino por el cual su familia ha tenido que recorrer desde esos terribles días. Pues justo un día antes de la desaparición de Marco Antonio, su hermana Emma se escapó del cuartel militar Manuel Lizardo Barillas, donde la tenían detenida y lugar en el cual sufrió abusos y violaciones por parte de los militares del cuartel. Ana Lucrecia dice que estas acciones tan terribles fueron un castigo por parte del gobierno por la insumisión y desobediencia de la familia a los mandatos en épocas de una terrible guerra civil.

Para Ana Lucrecia, su vida está dividida en un antes y un después. La vida con su hermano y la espera, la búsqueda de respuestas. La espera significó esperanza para la familia, pero para Ana Lucrecia era tan solo un pensamiento mágico. Esperar que devolvieran a su hermano, que les dieran respuestas. Pero la espera termina cuando se acaba la esperanza y tienen que matar a Marco Antonio. Cada integrante de la familia mata a su hijo, a su hermano, en el momento que ellos mismos determinan. Cada quien lo pierde a su tiempo. Llora su muerte a su tiempo.

En esta etapa del después comienza la búsqueda de justicia.

Una búsqueda que Ana Lucrecia nombra como una lucha de poder asimétrica contra militares violadores de derechos humanos. Los padres buscan respuestas hasta en el lecho de los militares. Se acercan a ellos, quienes son responsables de la desaparición de su hijo, a pedir respuestas. Dos veces van y dos veces reciben distintas respuestas. Primero que su hijo estaba detenido en un cuartel y que por ser niño será liberado. Y luego, cuando esto no fue así y se acercaron de nuevo a pedir respuestas, les dicen que la guerrilla lo tomó del cuartel y ahora está desaparecido.

La familia tuvo que escapar del país, luego de la desaparición forzada de Marco Antonio, y lo único que queda de recuerdo es una foto, sus cuadernos escolares, un guante de baseball y la sobre funda de su cama. Durante diez años, el dolor fue tan fuerte que los padres de Ana Lucrecia no podían ni mencionar el nombre de su hermano perdido. La familia vivía en silencio. Un silencio asumido y un silencio impuesto.

Para ellos, el silencio era refugio del dolor.

Ana Lucrecia intenta explicar el dolor, acuñada por contener las lágrimas. Cómo es posible que ella, quien compartió el vientre con su hermano y que la misma sangre corre por sus venas, no es ninguna basura. ¿Entonces por qué su hermano si lo es? ¿Por qué su pequeño hermano, que tan solo cursaba tercero básico, fue tratado como basura sin ninguna consideración? La misma ley que rige a este Estado determina que los niños son merecedores de la mayor protección por parte del Estado.

A lo largo del tiempo y con la firma de la paz, la familia pudo regresar finalmente a Guatemala. La lucha continúa y la familia presenta el caso ante la comisión de esclarecimiento y ante la iglesia. Sin embargo, la respuesta que recibieron de los gobiernos de turno durante la década de los noventa fue totalmente nula. Es hasta el mandato del ex presidente Alfonso Portillo que ven algún resultado. Pues Portillo hace un reconocimiento internacional de responsabilidad ante las víctimas del conflicto armado. Se allanó el caso ante el sistema, lo cual fue de suma importancia para la familia.

La familia pidió que se tomaran medidas en el caso ante la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y estas fueron rechazadas. La oferta del Estado era de una solución económica, la cual fue rechazada por la familia de Marco Antonio.  Es hasta el año 2004, cuando en una audiencia internacional con representantes del Estado se les da credibilidad a las víctimas. Y es con pruebas presentadas que el Estado es condenado.

Ana Lucrecia dice, al ser cuestionada acerca del rol del Estado en los procesos de búsqueda de justicia, que no existe voluntad por parte del Estado y que no existen políticas públicas que avalen a las víctimas. El Estado pretende resolver peticiones de justicia con soluciones económicas. En la última audiencia en una corte guatemalteca, a principios del presente año, donde están bajo juicio cuatro militares acusados de la desaparición de su hermano, se presentó una petición de amnistía por parte de los militares y la audiencia fue suspendida.

Créditos fotografía: Nelton Rivera, Prensa Comunitaria

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