Carlos F. Baca/ Colaboración
¿Cómo encontrar las narrativas para el horror de las tragedias que vivimos en los últimos meses en México?, ¿de qué manera la “violencia legítima del Estado” desborda sus límites y encuentra en la represión física la manutención del sistema en su conjunto?, ¿en qué momento llegamos a una situación en el que no queda más que luchar con nuestro grito de dolor?, ¿cómo concebir un Estado en el que no existe más seguridad que la de vivir en la pobreza, la exclusión o el castigo? Estas y muchas otras son las preguntas que ruedan por mi mente y la de muchos otros en estos momentos; seguramente casi todas ellas sin una respuesta desde la razón y menos del corazón.
México ha pasado, desde hace varios años, por un proceso de escalada de la violencia legítima y no legítima que ha desembocado en distintos espacios de obscurecimiento de capacidades y posibilidades de acción colectiva. Sin embargo, no se trata solo de procesos que desenmascaran la inhabilidad de un gobierno por mantener la cohesión social, han costado sangre… y mucha. Desde la declaración del inicio de la denominada “Guerra contra el narco” en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) han sido 136,000 los muertos hasta el 2012, según cifras oficiales, eso sin contar a los desaparecidos, los desplazados y demás afectados en este proceso. Todo ello en el marco de un enfrentamiento de clases dominantes por permitir o no el enriquecimiento ilícito de ciertos grupos en el marco de la ilegalidad.
Hoy el grito por Ayotzinapa o, en términos de expresiones tecnologizadas, el hashtag #TodosSomosAyotzinapa pone el acento en un suceso determinado para liberar de la conciencia la violencia normalizada en la vida cotidiana. Este hecho se presenta después de la desaparición el pasado 26 de septiembre de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
Como marco para comprender por qué ocurrió este suceso resulta necesario contextualizar por lo menos dos situaciones.
En primer lugar, las escuelas normales, creadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), son espacios de formación de docentes de educación básica, media y media superior. Algunas de estas instituciones se han caracterizado por ser lugares abiertos a la discusión de los problemas económicos, políticos y culturales, acompañando este diálogo con acciones políticas concretas, tal es el caso de la normal de Ayotzinapa. En segundo lugar, el estado de Guerrero ha sido uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado y las respuestas ineficientes del Estado ante esto. Las desapariciones y asesinatos son un tema común entre los pobladores de esta región, tanto así que inclusive la ciudad turística de Acapulco es una de las que más secuestros y crímenes ha reportado en los últimos años.
Las respuestas del gobierno de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, y del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rosas, no han sido satisfactorias en el sentido de “encubrir” un crimen que parece haber desbordado los límites legítimos de sus mandatos. Tampoco las autoridades locales han encontrado salida a esta situación. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ha sido revocado de su mandato y se encuentra prófugo de la justicia. Este proceso se agrava cuando los culpables de dicho crimen parecen ser los mismos que detentan el uso legítimo de la violencia, las autoridades policiales.
Sin embargo, desde mi punto de vista, sería un error pensar en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa como un hecho aislado o como único marco de comprensión de lo que sucede en el país. Son muchos los espacios de represión estatal o de grupos del crimen organizado y empresariales a los que nos hemos tenido que enfrentar los mexicanos. Mencionaré algunos hechos relevantes que han sucedido en los últimos meses en otras regiones del país, aunque considero que cada uno de ellos requiere de un análisis más detallado.
Por un lado, en el estado de Puebla, que suele ser presentada como una de las regiones con menos violencia, dos hechos han roto el pacto social. En primer lugar, la aprobación de la “Ley bala” que permite a los policías hacer uso de armas de fuego para contener las protestas sociales, desencadenó en la muerte de un niño por impacto de arma de fuego en San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, durante una manifestación en contra de la clausura del Registro Civil local. En segundo lugar, se han dado una serie de manifestaciones en San Andrés Cholula y San Pedro Cholula a causa de la expropiación de los terrenos que rodean a la pirámide de Cholula para la construcción del “Parque de las 7 Culturas”. Este proyecto se enmarca en una oleada de megaconstrucciones del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle en beneficio de la iniciativa privada pero con la utilización de fondos públicos. Ante las protestas de los habitantes de los municipio afectados, el gobierno ha ordenado, entre otras medidas, el encarcelamiento de cuatro jóvenes que se encontraban en la madrugada del 07 de octubre junto con las mujeres que se encontraban resguardando la “clausura” de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, las que también fueron golpeadas y reprimidas.
Así como estas situaciones, podemos nombrar muchas otras, como la ejecución de quince “presuntos delincuentes” por parte del ejército en Tlatlaya, Estado de México; la detención política de los yaquis Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez por su protesta por el agua de la Presa Plutarco Elías Calles “El Novillo” en Sonora; la creación de diversas autodefensas en Michoacán y otras partes del país. Podría continuar la lista de los sucesos en los que se han presentado casos de represión física y simbólica por diversas vías en los últimos meses en el país, pero pienso que resulta más indicado centrar la mirada en la situación en su conjunto de un país que parece estar entrando en una crisis social que desemboca en el uso de la violencia como último recurso de las clases en el poder.
Si bien no encuentro respuestas a las preguntas con las que comencé esta breve opinión, considero que sí pueden ser un punto de partida para nuevas discusiones sociales entorno a la forma de comprender(nos) en este mundo.
El pasado 15 de octubre en el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, realizado en la Universidad Iberoamericana Puebla, el sacerdote y activista por los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, señaló que para comprender el tema de la migración ilegal y todos los horrores que esto conlleva es necesario entender que “todos somos migrantes” y que más bien resulta necesario pensar cómo esta situación es un aviso de que las cosas no están bien y debemos replantearnos el rumbo que queremos en el futuro, no solo como procesos aislados sino con base en la construcción de otras posibilidades de relacionarnos los unos con los otros. En este mismo Foro, Solalinde señaló que los estudiantes de Ayotzinapa ya están muertos y fueron quemados vivos, de acuerdo a los testimonios que él había recogido. De ser así, ¿cómo podemos comprender este hecho, junto con los otros que mencioné, en el rompimiento de formas de relacionarnos que dejan fuera a las personas para centrarse solo en su utilidad como mercancías?
Pienso que una primera respuesta es gritar como lo hacen miles de estudiantes, movimientos sociales y personas por todo el país, pero no basta con esto. Cuando observamos todo este aplastamiento sobre nuestras cabezas y vemos que no existen posibilidades reales de cambio, no nos queda más que gritar. Pero ese grito no es solo de horror ante la violencia del capitalismo hacia nosotros, también lleva en él la esperanza de “algo” mejor para nosotros. John Holloway, académico de la Universidad Autónoma de Puebla, en su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, señala que “Nuestro grito no es solo de horror. No gritamos porque enfrentemos la muerte segura en la tela de araña, sino porque soñamos con liberarnos”. Entonces qué nos queda, ¿sólo ver la forma en que nos aplasta la violencia del capitalismo o presentar un modo de cambio en las relaciones sociales que deje ver el antagonismo y presente las nuevas formas en que podemos pensar “un otro mundo posible”, reivindicando a nuestros muertos y desaparecidos?
Pd. El sábado 25 de octubre se realizará una manifestación pacífica frente a la Embajada de México en Guatemala en apoyo a los 43 estudiantes desparecidos. Convocatoria en este enlace.
