By Brújula
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Carlos Iván Cobos/ Opinión/

Corre y va de nuevo. Estamos a la vuelta de la esquina para saber si una vez más el Congreso aprueba el proyecto de las reformas a nuestra carta magna. Un debate intenso se ha suscitado a lo largo de esta agónico proceso que principalmente se ha concentrado hacia el sector justicia y la inclusión sobre el pluralismo jurídico. Como era de esperarse, las críticas empiezan a llegar de gente que no tiene argumentos para hacerlo, aduciendo que hoy por hoy todos somos unos doctos del tema.  Digo esto porque se siente una presión que no es correcta, a tal punto que no dejan trabajar a nuestros legisladores que, independientemente de que lo mal están tachados, al final es su trabajo y en sus manos está el futuro de nuestra Constitución.

En ese orden de ideas, me quito el traje de empleado del Estado y me pongo en los zapatos de un ciudadano que tiene poco acceso a la justicia, aquel ciudadano que se parte el lomo por llevar el sustento a su familia, que duerme poco y trabaja más de ocho horas al día sin ser remunerado dignamente.  La génesis de los problemas económicos de estas familias empieza cuando se endeudan a tal punto que se vuelven a endeudar para pagar una deuda atrasada y entonces comienza un círculo vicioso. Los demandan y al momento de querer ejercer su derecho de defensa, este lo tiene coaccionado por el casi nulo acceso a tribunales; y es que hoy por hoy tenemos un órgano de justicia colapsado por los miles de expedientes que se conocen en el mismo.

Es por ello que es importante que se logre crear el Consejo de la Carrera Judicial para que se elijan jueces y magistrados probos, capaces e independientes para impartir una justicia pronta y cumplida y fortalecer la institucional del Organismo Judicial.

Como bien sabemos, el proyecto a las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala  busca  un sistema de justicia equitativo para desventilar un poco a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a jurisdicción se refiere e incluir el pluralismo jurídico. Esto último en pocas palabras significa que los indígenas tengan jurisdicción de poder aplicar sus “leyes” en sus comunidades. Lanzo unas preguntas al aire: ¿Qué tan capacitados están los líderes de estas comunidades para impartir justicia? ¿Bajo qué parámetros se basarán para juzgar y al mismo tiempo qué límites establecerán dentro de las mismas? ¿Será esto una alternativa hacia la justicia común que se encuentra opacada por los altos casos de corrupción? No olvidemos que hay departamentos que aplican la justicia indígena donde su índice de violencia es mucho menor que en la ciudad capital,  por lo cual se entiende que han sabido cómo aplicar la justicia por sus propias manos, como Totonicapán y sus 48 cantones.

Como guatemaltecos debemos sentirnos responsables ante lo que está sucediendo en el Congreso de la República.

Esta vez no se trata de ideologías, de estar o no de acuerdo con las reformas constitucionales, simplemente es buscar un mejor futuro a nuestro país. Es momento de participar libremente en el debate político sobre estas reformas, debe ser un debate limpio, a manera de aprendizaje y sin caer en discrepancias porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que el Congreso decida. Cada diputado que representa a los catorce millones de guatemaltecos tiene la dura tarea de elegir y de discernir lo que es mejor para nuestro país. No debemos de quedar de brazos cruzados ante este acontecimiento histórico, esta es una manera de seguir luchando contra la corrupción, ¡más acciones menos palabras!

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