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Por: Sebastián Panjoj Iguit

Cuando por razones rutinarias o de trabajo, camino por las comunidades de mi municipio Chichicastenango y encuentro frecuentemente adolescentes en estado de gestación o que ya tienen un bebé amamantando o cuidando a su corta edad, me pregunto:

¿Será que ellas tienen la capacidad psicológica y biológica para este cambio brusco y social que marcará y dejará huella en sus vidas?

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (por sus siglas en inglés), Guatemala y América Latina continúan siendo regiones con altas tasa de mortalidad, incluye a niñas de 10 años como mujeres en edad fértil en vigilancia epidemiológica, ya que ocurren varios embarazos en estas  edades.

El embarazo es un proceso biológico de concepción, que inicia desde la fecundación de un óvulo y un espermatozoide en un ambiente perfectamente adecuado, en el útero de una mujer. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en sus siglas en inglés, USAID), en su publicación del Momento Oportuno y Espaciamiento Saludable del Embarazo HTSP (por las siglas en inglés de Healthy Timing and Spacing of Pregnancy), indica que a los 18 años es el mínimo de edad para tener un embarazo seguro, planificado y exitoso, ya que en su organismo tendrá desarrollado su sistema reproductor, para poder soportar los cambios bruscos hormonales, que suceden en esta etapa de la vida de una mujer.

Entonces, ¿será que en nuestras diferentes comunidades, coinciden con esta consideración? Guatemala es una sociedad pluricultural e intercultural, con una historia marcada por el conflicto armado interno, que dejó como secuela una cultura de violencia; donde las familias conviven con patrones culturales marcados por el machismo y el patriarcado, que se refleja  en muchos casos de violencia familiar, en donde la mujer es la principal víctima de todo.

La mayoría de los abusos sexuales a menores, son cometidos no por personas ajenas a la familia de las abusadas, sino que la mayoría de los perpetradores, forman parte del círculo familiar de estas, es decir, un tío, primo, abuelo y lo más impactante para mí, es que existen casos en donde es el propio padre de la niña, el que comete tal atrocidad. El Estado a través de sus instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la Procuraduría General de La Nación, etc., intentan atender y sancionar dicho delitos, sin embargo se ven rebasadas ante las denuncias que reciben.

Según las páginas oficiales del Ministerio Público, el primer caso de embarazo denunciado y registrado fue en noviembre 2010, cuando una niña de 10 años fue abusada, teniendo como consecuencia un embarazo no deseado. ¿Sería realmente el primer abuso a una menor de edad o existe un subregistro, tal como ocurre en otros fenómenos sociales?

La educación sexual -que aún es muy débil en el país- permite que todo hombre o mujer conozca suficientemente que, el embarazo es un proceso complejo que afecta el aspecto físico, psicológico, social e incluso cultural y se debe tener el conocimiento necesario para desarrollar un embarazo saludable y sin riesgo, a la edad de 18 años como mínimo.

Asimismo, se debe saber acerca del cuidado de los recién nacidos, con ello, garantizar que tenga un crecimiento sano, tanto físico como emocional. Lamentablemente, como se observa en muchos casos, las madres adolescentes y niñas proceden de estratos sociales con carencias y limitaciones, lo cual repercutirá en su propia salud como en la del hijo que espera.

Es preocupante que en nuestro país, el embarazo de menores se considere como ‘normal’, ya que muchos piensan que es el hombre quien decide con quién y cuándo debe tener relaciones con una mujer o una niña. Asimismo, existe desconocimiento por parte de la familia que esto constituye un delito, por lo que no proceden a realizar la denuncia formal ante los entes correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, las instituciones públicas como los servicios de salud, centros educativos e incluso las iglesias, deberían fomentar en los padres de familia, jóvenes y adolescentes, la educación sexual, para que conozcan y sepan las consecuencias de un embarazo a temprana edad. También podrían orientar, acompañar y asesorar los casos en que las familias decidan presentar las denuncias correspondientes.

No se puede aceptar que en nuestra sociedad, se violen los derechos de las niñas y adolescentes, obligándolas y comprometiéndolas a sobrellevar un embarazo no deseado, ni siquiera pensado; lo cual afecta profundamente a su familia y entorno. Las leyes nacionales e internacionales establecen medidas para la protección de este grupo vulnerable, por lo que es importante y necesario conocerlas; con ello ejercer como corresponde, los derechos que en este ámbito, las mismas confieren.

Como sociedad, todos los que la conformamos, tenemos el derecho y deber de contribuir a la prevención y denuncia de los abusos sexuales a menores, porque atenta contra la dignidad y la libertad de las menores de edad.

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