By Luis Alvarez Ságüil
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Nos encontramos a pocos días de que finalice el período legislativo ordinario y a semanas de que cesen las funciones del gobierno parlamentario actual, ante esto, muchos de las y los diputados del Congreso de la República se han dado a la tarea de legislar a favor de una agenda de impunidad e ilegitimidad, prueba de esto son algunas de las medidas tomadas en las últimas semanas.

Entre las más recientes medidas se encuentra, la denominada Ley de Aceptación de Cargos en que se realizan reformas al Código Procesal Penal, esta disposición contrae diversas contradicciones legislativas, pues dentro de la misma se afecta a la política estatal de administración de justicia, se afecta al principio de proporcionalidad penal –la ventaja del delito no debe ser mayor a la desventaja de la pena–, con lo que se invita a la comisión de actos ilícitos, además, cabe la posibilidad de reducir ampliamente la sanción a acciones de gran peligrosidad social y no restringe dentro de su marco  de aplicación a delitos contra la administración pública y justicia, –como peculado (apropiación de fondos de Estado), por ejemplo–, de los cuales, muchos de los representantes o sus allegados se encuentran acusados, invistiéndose de inmunidad personal o para terceros.

Por otro lado, el proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, refleja en gran medida las intenciones y disposición del Estado frente a los problemas económicos y sociales del país. El proyecto ha sido fuertemente criticado, pues evidencia un claro favorecimiento a instituciones estatales que mantienen relaciones de interés con los parlamentarios y desfavorece en gran medida a carteras como arte y cultura, salud, educación y seguridad social.

Finalmente, ante este conjunto de decisiones, se ha manifestado el descontento generalizado de la ciudadanía, con lo que se ha respondido con bloqueos de paso hacia el Congreso por fuertes dispositivos de seguridad durante sus sesiones, atentando al derecho de libre locomoción y de publicidad de las sesiones parlamentarias, en una expresión de temor e intentos de silenciar las protestas legítimas, frente a un Congreso ilegítimo que funciona a favor de intereses oscuros y personales.

Por tales razones, con motivo de mi última columna del año y con el fin de aportar al debate y al conglomerado de exigencias colectivas, me adhiero al llamado que hace el maestro Oswaldo Samayoa en una de sus columnas, reafirmando: diputadas y diputados, representantes del pueblo de Guatemala, no legislen más.

Como habitante de Guatemala y representante estudiantil, en ejercicio de mis derechos y en congruencia de nuestra obligación ciudadana de respetar y defender la Constitución de la República de Guatemala, exijo, no legislen más a favor de la impunidad.

 

 

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Estudiante de Derecho. Representante estudiantil. Aficionado a la filosofía y a la literatura. Diletante.
Por ratos se me da por escribir.

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