Las últimas dos semanas han sido bastante convulsas en el panorama político nacional. Jimmy Morales jugó con la idea de echar a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, o más bien intentó jugarla – tanto de visitante en la ONU como jugando la localidad en Guatemala – y perdió. La Corte de Constitucionalidad rechazó la suscripción de la carta declarando “non grato” a Velásquez por no armonizar con los preceptos constitucionales que limitan el poder del presidente y que lo obligan a actuar en Consejo de Ministros. Asimismo, se declaró que toda falta de acuerdo con la Comisión debía tratarse directamente en la ONU.
Esta acción tuvo varias reacciones.
Se compartían estados en Facebook con videos difamatorios y poco investigados, dirigidos hacia la poco formada y conservadora clase media guatemalteca, susurrándole miel a sus oídos – en este caso, cosas como “¿Para cuándo la UNE?” – así como repitiendo una serie de discursos falsos en torno a la Comisión. En cuanto al bando que apoya la comisión – en el que estoy situado – se compartían estados de Facebook en pro del Comisionado, infografías, retuits en Twitter y demás. Fue una guerrita virtual que se materializó en protestas, tanto en pro como en contra, frente a la CICIG y en la Plaza. La ira alrededor de la posible salida del comisionado no ha dividido a los guatemaltecos, como algunos quisieran hacernos creer, sino que ha dejado al descubierto las profundas divisiones que existen en la sociedad guatemalteca.
La CICIG es vista como un órgano de izquierda que persigue a
empresarios de derecha.
Eh, no. La CICIG comenzó como un proyecto de varios partidos, siendo el acuerdo suscrito por el Estado de Guatemala durante el gobierno de Berger en 2006, y ratificado en el Congreso el 1 de agosto de 2007. Su creación y mandato no parecen obedecer a una lógica de estatización o de socialización de los medios de producción. O sea, no es de izquierda. La captura de empresarios y figuras de la derecha no necesariamente responde a una persecución ideológica. La captura del Estado por la corrupción se logró por medio del matrimonio incómodo de empresarios torcidos y burócratas sin honra, sazonado y facilitado por un sistema electoral deficiente y opaco. Estos negociantes corruptos son, casualmente, de derecha. Es poco frecuente ver a empresarios de izquierda, y ciertamente, hay empresarios e hijos de militares que se regodean con orgullo de que este es un país conservador y que la izquierda tiene opciones electorales limitadas. Si esto es cierto, ¿realmente es sorprendente que los empresarios capturados sean de derecha?
¿Implica esto una persecución ideológica, o una coincidencia que se sustenta en nuestra cultura?
Me inclino por la segunda.
Me interesa la permanencia de la CICIG por el cambio sustancial que puede lograr en nuestra cultura, de una que es permisiva y que fomenta el autoritarismo y hambre desmedida, a una patria republicana, con independencia de poderes, dónde se sepa bien que, para la sociedad, nemo me impune lacessit (nadie que me toca/hiere queda impune). Es decir, que exista una república – como le llega también a la derecha – y que esto no sea una mera colección de instituciones con pies de barro, hechizas, que no son propiamente de un Estado democrático, sino de lo que sea que podamos llamar a Guatemala.
Las campañas de desinformación, tristemente, pegan y ocultan que la CICIG busca objetivos de beneficio para todos los guatemaltecos.
Pero la emoción, ese alineamiento inconsciente (o consciente) de la mayoría hacia el discurso soberanista, hacia la xenofobia, discriminación y demás venenos, prevalece sobre la visión general de lo que se quiere lograr. Quizás un Estado moderno no sea del gusto de todos los guatemaltecos. Al fin y al cabo, ¿qué más da si vivimos en la impunidad, si nos vamos a quedar con brazos cruzados ante las decisiones antojadizas (e interesadas) de autoridades, públicas o privadas, y que ha sido la norma durante 500 años? ¿Da igual? ¿O mejor empujamos al país del siglo XIX al XXI? ¿Le entramos a la modernidad?
