Mariano Santizo/ Corresponsal/Opinión/

La persecución de exfuncionarios públicos, por muertes extrajudiciales, breve reseña del caso.

El lunes 25 de septiembre de 2006 se llevó a cabo el operativo “Pavo Real”, el cual tenía como objetivo retomar el control de la Granja de Rehabilitación Pavón. En aquel entonces la excúpula del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, estaba compuesta por Carlos Vielmann (Ministro de Gobernación), Erwin Sperisen (Director de la Policía Nacional Civil), Javier Figueroa (Subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil) y Alejandro Giammattei (Director del Sistema Penitenciario).

La cárcel era gobernada por los prisioneros desde 1989, por lo que aquel gobierno se vio en la necesidad de crear un operativo que permitiera la incursión de las fuerzas de seguridad para retomar el control del lugar. En el operativo, siete reos perdieron la vida, hecho que fue confirmado por las autoridades en conferencia de prensa.

Meses después del operativo, una investigación de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), encabezada por el doctor Sergio Morales (Ex Procurador de Derechos Humanos), determinó que los cadáveres de los siete reclusos presentaban señales de tortura y heridas de arma de fuego en órganos vitales.  Las necropsias también revelaron que se realizaron disparos a corta distancia, lo cual desmentía la versión de las autoridades de gobierno, las cuales versaba que los siete reos perdieron la vida tras oponerse al operativo e intercambiar disparos con las fuerzas de seguridad.

La investigación de la oficina de la PDH brindaba una nueva versión: EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

Desde ese entonces, todo lo ocurrido en el operativo “Pavo Real” es incierto, ya que los exfuncionarios sostienen que no existieron ejecuciones extrajudiciales y que todo lo sucedido ese día fue necesario para retomar el control de la cárcel. Todo esto es defendido por el expresidente Óscar Berger, quien en diversas oportunidades ha negado que durante su gobierno se haya creado un complot para asesinar reos, a tal grado que el martes 5 de octubre de 2010 a las 20:00 horas, mediante un campo pagado (el cual duró 3 minutos y 47 segundos), aclarara los logros de su gobierno y asegurara que durante el mismo, jamás sucedieron ejecuciones extrajudiciales en el operativo.

Curiosamente, los exfuncionarios abandonaron el país al dejar cada uno de los cargos, dando inicio a la persecución de cada uno de ellos. Carlos Vielmann, Erwin Sperisen y Javier Figueroa, viajaron a España, Suiza y Austria respectivamente, siendo Alejandro Giammattei el único que decidió permanecer en el país.

Actualmente, los ahora exfuncionarios son acusados de formar un comando armado, el cual se encargó de diseñar un plan para dar muerte de manera extrajudicial a siete reclusos, quienes presuntamente fueron seleccionados, y no escogidos al azar. Se especulaba que estos reos eran miembros de grupos criminales que desde el centro de rehabilitación realizaban actividades ilícitas y dominaban el mismo.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), hasta el día de hoy, siguen realizando investigaciones y buscando justicia para los siete reos asesinados.

Alejandro Giammattei y Javier Figueroa han sido absueltos de estos casos, siendo Figueroa declarado inocente por un juzgado de Austria el pasado 10 de octubre de 2013. Carlos Vielmann y Erwin Sperisen siguen a la espera de sus respectivos procesos, con el optimismo de correr la misma suerte que Giammattei y Figueroa.

Pero no todos los implicados en este caso han corrido con esa suerte, han sido muchas las personas culpadas y exculpadas por el operativo “Pavo Real”. Exfuncionarios como Víctor Hugo Soto Diéguez (exjefe de la Policía Nacional Civil), Áxel Arnoldo Martínez Arriaza, Víctor Manuel Ramos Molina (exintegrantes del equipo de investigación de la PNC) y Aldo Stefano Figueroa Díaz (hermano de Javier Figueroa), enfrentaron a la justicia guatemalteca y fueron condenados a 33, 25, 25, y 15 años de prisión respectivamente.

¿Por qué ninguno de ellos corrió con la misma suerte que Alejandro Giammattei y Javier Figueroa?

Un caso que ha divido a la sociedad

Este caso ha tenido diferentes puntos de vista y ha dividido a la sociedad, ya que para algunas personas, estos exfuncionarios hicieron lo correcto al acabar con la vida de individuos, quienes con sus acciones estaban dañando a una sociedad cansada de tanta delincuencia y violencia. Mientras que para otras personas, es necesario perseguirlos y condenarlos por la muerte extrajudicial de estos siete reclusos.

Irónicamente, la parte acusadora (MP y CICIG) cuenta con el apoyo de algunos reclusos que vivieron el “calvario” que ocasionaron las fuerzas de tarea al entrar y retomar el control del centro carcelario bajo el operativo “Pavo Real”. Estos personajes incluso son testigos que cuentan con protección y asilo, ya que ahora son parte fundamental de la parte acusadora. Es decir, que dejaron de ser delincuentes y pasaron a ser víctimas que brindan sus valiosos aportes para encarcelar a estos exfuncionarios que pasaron a ser delincuentes desde su incursión en la Granja de Rehabilitación Pavón.

El tiempo ha brindado nuevos elementos a este caso, incluso se habla de intereses propios por parte de los exfuncionarios, quienes se beneficiaron por diseñar el operativo “Pavo Real” y dar muerte a los siete reclusos. Otros sectores indican que terceras personas se ven beneficiadas por la detención y enfrentamiento de la justicia de estos personajes, ya que los actos cometidos en el operativo fue una clara violación a los derechos humanos.

Sea cual sea la razón, todo esto demuestra lo dividida que se encuentra la sociedad guatemalteca, ya que para muchos estos exfuncionarios merecen la libertad por hacer lo que muchos quisiéramos para los delincuentes. Sin embargo, al analizarlo detenidamente esta acción únicamente crea un problema moral, ya que ningún ser humano bajo ninguna circunstancia puede decidir privar de la vida a otro ser humano. Lo que sí es evidente es que cada quién tiene un concepto e idea de justicia propias, aplicándolos como mejor le parezca y convenga.

El caso “Pavo Real” sin duda alguna todavía dará mucho de qué hablar, ya que después de siete años se sigue luchando por encontrar justicia. La pregunta es, ¿Qué justicia? ¿Justicia para quién? Las respuestas solo el tiempo y nuestra forma de pensar nos lo dirán.

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