Pareciera que el tema del agua y los proyectos hidroeléctricos son temas que se han discutido mucho pero en los que se continúa sin tener un acuerdo de nación. Una consulta comunitaria de buena fe, se realizará en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, este 27 de agosto, donde más de 195 comunidades del municipio, participarán para afirmar si están o no de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II. 

Entender las consultas comunitarias

Las consultas comunitarias son procesos por los cuales los vecinos votan sobre cambios que desean hacer en asuntos de importancia comunitaria. Esto se hace con el fin de preservar el orden en sus propias comunidades, así como resguardar y respetar todo aquello que pueda afectarlos.

Uno de los instrumentos internacionales que regula lo concerniente a las consultas comunitarias como derechos de los pueblos indígenas, es el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Este convenio es el resultado de la aceptación o ratificación de un acuerdo internacional por parte del gobierno de Guatemala (por lo que tiene un peso enorme en la ley) y regula asuntos que tienen que ver con pueblos indígenas y tribales. En el documento, se indica en el artículo 15, que cada vez que quieran hacerse explotaciones naturales en comunidades indígenas, deberá hacerse una consulta y, posteriormente, se les deberá indemnizar por cualquier daño que sufran.

A pesar de ello, uno de los elementos que afectan a las comunidades, es que el convenio 169 no es vinculante. Es decir, que al realizar la consulta por medio del convenio 169, la comunidad solo daría su opinión acerca de lo que se haría con sus tierras y los proyectos que se desean implementar, no necesariamente que su decisión sea tomada en cuenta por el gobierno para la realización o no de estos proyectos.

En el caso de una hidroeléctirca, por ejemplo, las corporaciones no se verían obligadas legalmente a retirarse del área.

Oxec I y II

Guatemala, es un país rico en recursos naturales y el río Cahabón no es la excepción. Hidroeléctricas como Chixoy, Renace II y Aguacapa, son grandes potencias energéticas en el país y muchas de ellas se encuentran funcionando en el área de las verapaces.  (Ver: El agua que prende el foco)

Oxec, es un proyecto de HATCH global. Una compañía de tecnología basada en Canadá. El problema actual con la compañía, es que por medio de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, se estableció que a pesar de contar con licencia de funcionamiento y estar trabajando desde 2015, el proyecto no había respetado los procedimientos establecidos por el convenio 169 de la OIT sobre la consulta a las comunidades.

Dicha resolución estableció que Oxec I y II (esta última en construcción), podían seguir operando siempre y cuando realicen la consulta comunitaria en un plazo de un año prorrogable. Para esta consulta, será el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el ente responsable de organizarla en acuerdo con la empresa y las comunidades.

Las hidroeléctricas son  fuentes de obtención de energía que en su mayoría, son amigables con el ambiente. Sin embargo, hay algunos actores y comunidades que no están del todo convencidos con su instalación en sus territorios; especialmente, cuando los proyectos requieren modificaciones en el ecosistema y/o desplazamiento de las comunidades.  

En el caso de Oxec, existen pobladores que se encuentran a favor del proyecto y pobladores que están en contra del mismo. (Leer: El “error” de Oxec- Plaza Pública)

Los que se oponen a las hidroeléctricas

Es difícil mencionar a los principales actores de los movimientos en contra de la creación de hidroeléctricas. Sin embargo, Bernardo Caal, líder comunitario de Santa María Cahabón ha sido la principal cara de la resistencia de Oxec I y II durante los últimos años.  Es maestro de profesión pero fue destituido por el Ministerio de Educación en el 2013 por un supuesto cobro de Q104 mil luego de ausentarse 20 meses al trabajo sin presentar excusa. Actualmente posee un proceso judicial abierto en su contra.

Caal, sostiene que el caso es un reflejo de una persecución política por su trabajo a favor de los derechos de las comunidades indígenas. Fue Caal quien interpuso la denuncia que luego derivó en la sentencia de la CC sobre los proyectos Oxec.

Además de los líderes comunitarios del pueblo q’eqchi’, los pobladores también han manifestado su disgusto con los proyectos Oxec I y II, como lo hicieron con las marchas del 20 de febrero y 22 de marzo de este año.

Entre los elementos por los cuales sostienen su oposición a los proyectos, se encuentran asuntos como la disminución del cauce del río o su contaminación; que puede brindar problemas como daños a la salud, erosión, efectos en la vida silvestre y cambios climáticos. Daños que podrían afectar en gran medida a las poblaciones rurales.

La oposición surge generalmente con los mega proyectos hidroeléctricos, no tanto así con pequeñas hidroeléctricas que funcionan en diferentes regiones del país.

Próxima consulta a realizarse

La consulta comunitaria tendrá lugar este domingo 27 de agosto, en Santa María Cahabón. Las comunidades no utilizarán el protocolo establecido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para las consultas comunitarias y están realizando esta consulta de buena fe de manera independiente a lo que la CC ordenó para el MEM.

Las comunidades indígenas realizarán la consulta de la manera que la han estado practicando desde hace siglos, reunirse en asamblea todos los miembros de la comunidad y votar levantando la mano para indicar un voto a favor o en contra.

El problema con esto, es que el resultado de esta consulta, sea cual fuere, no será vinculante; es decir, el Estado no podrá defender la posición de la comunidad conforme la ley, ya que para ello, específicamente en el caso de Oxec, se encuentra la resolución de la CC que indica que el MEM es quien debe organizar y realizar la consulta comunitaria.  

Panorama posterior a la consulta

Si algo se sabe, es que el futuro del río Cahabón y de la comunidad de Santa María Cahabón es incierto. Si el voto es a favor de las hidroeléctricas, se llevará a cabo el proceso de construcción como se tenía planeado. La hidroeléctrica tendría mayor validez para continuar operando y generando electricidad para su transporte y distribución en diferentes regiones del país.

Por otro lado, si la respuesta es negativa, se deberá establecer la legalidad de la decisión y el papel de las comunidades en las decisiones que afectan a su territorio. Sin embargo, lo más probable es que el gobierno establezca que la legalidad, debe pasar por la consulta comunitaria amparada por el Convenio 169 que ordenó la CC, y para lo cual dio un plazo de doce meses.

El debate principal que genera la instalación de grandes proyectos hidroeléctricos en el país, es que se enfrentan las posturas de si es mejor el progreso industrial o la reivindiccación de la autoridad indígena sobre sus tierras heredadas ancestralmente.

Quienes se oponen, insisten que la defensa de sus territorios es basado en el respeto a los derechos básicos del ser humano, la vida, el agua, la historia; y una lucha en contra del desarrollo económico que se les impone y el papel del corporativismo en una sociedad que busca mantener sus tradiciones en una edad moderna.