Aubrey Guillén / 

La semana pasada la organización Transparency International, publicó el último Índice de Percepción de la Corrupción, indicador creado desde 1995, que brinda de forma anual una calificación de los países de todo el mundo en lo relativo a niveles de corrupción.

Lamentablemente, nuestro país sigue descendiendo en esta calificación, lo cual precisamente coincide con el contexto de desaceleración económica.

Esto ha sido aprovechado por grupos fácticos de poder que aseveran que, la lucha contra la corrupción, produce efectos negativos a la economía del país. Estos grupos, que buscan mantener un status quo a favor de la impunidad, inclusive han utilizado la retórica de tildar de “comunistas” a cualquier persona que se pronuncie en contra de la corrupción.

En este sentido, quisiera afirmar que, si bien existen muchas cosas por mejorar de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal, no podemos entrar en una lucha donde nadie gana en contra de estas instituciones.

Por ello, más que inclinar la balanza sobre un bando o sobre otro, es oportuno hacer un análisis en función de la información disponible y de cierta medida, responder a la interrogante si es cierto que la lucha contra la corrupción tiene un impacto negativo en la economía.

Partiendo de esto, es oportuno hacer una comparación a grandes rasgos de los últimos cinco años respecto a la correlación entre el Índice de Percepción de Corrupción -IPC-, y del crecimiento del PIB nacional. Ambos indicadores tienen naturalezas distintas en virtud que el primero presenta información cualitativa y el segundo cuantitativa, pero sirve como punto de partida para el presente análisis.

El IPC presenta la información de 180 países, siendo 1 la posición mejor ubicada y 180 la peor. De esta forma, se miden los progresos o retrocesos en materia de transparencia y anticorrupción que tomen los estados en función de los niveles de percepción percibidos por empresarios, analistas de riesgo y ciudadanos comunes. Se define como corrupto los actos de soborno a funcionarios, pagos irregulares en contrataciones, el abuso de poder o bien el abuso del servicio público en beneficio particular.

Guatemala ha tenido un retroceso de 20 posiciones. Un retroceso bastante significativo que sitúa al país entre los peores de la región. Siendo superados únicamente por Nicaragua, Haití y Venezuela.

Por otro lado, se encuentra la medición de nuestro PIB nacional, en donde se ha tenido un crecimiento promedio del 3,5% durante estos cinco años. Si bien, esta cifra es positiva, si la comparamos con el crecimiento de la región y el de los mercados internacionales; los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país, sumado al alto grado de conflictividad social que tenemos, evidencian que como Estado seguimos contando con una serie de carencias de índole no económico, que afecta de forma directa en la debilidad institucional, la ingobernabilidad, la falta de seguridad jurídica y algo que viene en boga constantemente, la famosa inestabilidad política.

La inestabilidad política se da porque las mismas estructuras del aparato estatal, que tienen cooptado el sistema desde hace un buen tiempo, siguen acomodando el tablero político a su conveniencia.

Por ello, más que decir que la lucha contra la corrupción afecta a la economía, lo correcto sería afirmar que el sistema político actual ha llegado a uno de sus puntos más críticos de nuestra historia reciente, en donde la corrupción ha afectado inclusive a la misma inversión, por ello, no podemos seguir planteando soluciones aisladas a esta problemática.

No es posible ni ético, afirmar entonces que la lucha contra la corrupción es el problema de nuestra economía, es más, combatirla es al menos el primer paso para crear un ambiente político estable, que se aparte de toda discrecionalidad de los actos públicos y haga que sea más fácil y atractivo invertir en nuestro país.

Si bien, existen muchos factores económicos que expliquen la desaceleración económica del país, no podemos obviar que es más que evidente que sigamos descendiendo en el IPC, lo cual, lejos de atraer inversión, hace que los inversionistas y empresarios honestos busquen otros países para invertir.

Quisiera concluir esta pequeña reflexión afirmando que la correlación entre el IPC y el PIB no es determinante o dependiente una de otra, pero sí es una variable influyente en indicadores como gobernabilidad, estabilidad política, fortalecimiento institucional y seguridad jurídica.

Son elementos necesarios para comprender el crecimiento económico. Por ello, es inconcebible desde el punto de vista racional, ético, político o económico, achacarle a la lucha contra la corrupción nuestra desaceleración económica, en virtud que en la medida que vayamos resolviendo todo lo expuesto con anterioridad, lograremos una economía más inclusiva y sustentable.