Liza Noriega/Brújula/
Se enciende la radio y en cualquier estación que se sintonice, existe una pauta comercial que se repite constantemente. La canción es pegajosa y afirma algo parecido a (si la sabe, cántela): “(…)La fuerza del río te da luz limpia y sin contaminar, por eso las hidroeléctricas hay que dejar trabajar. Queremos energía, queremos prosperar, el precio de la luz va a bajar… si las dejamos trabajar… Asociación de Generación de Energía Renovable AGER.”
De las diferentes maneras y formas de generar energía eléctrica, realizarlo por medio del agua es uno de los métodos más recomendados, especialmente por ser esta una generación amigable con el medio ambiente. Las campañas radiales y televisivas alrededor de la importancia de “dejar trabajar” a las hidroeléctricas que se escuchan actualmente en muchas de las estaciones radiales del país, responden a una serie de conflictos sociales que han surgido a raíz de las mismas dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, si las hidroeléctricas son consideradas una de las mejores formas de generación de energía, ¿por qué existen personas y comunidades que se oponen a la construcción y funcionamiento de las mismas?
Pareciera difícil de creer. Las hidroeléctricas generan energía limpia por medio de caudales de río, sin utilizar químicos ni otros contaminantes dentro del proceso. Es decir, a través de la corriente del agua es posible generar luz para muchos hogares y empresas sin que esta producción esté sujeta a fluctuaciones de precios de mercado, como lo es el petróleo. ¿Cuáles son entonces los inconvenientes que muchas comunidades ven en estas?
Tres grandes aspectos o variables podrían explicar las incompatibilidades entre empresarios, gobierno y comunidades: la visión de los recursos naturales, el tipo de proyecto hidroeléctrico (grande, mediano o pequeño) y la información que se maneja entre los comunitarios alrededor de los proyectos.
En Guatemala existían hasta 2012, alrededor de 19 hidroeléctricas en funcionamiento y muchas otras en proceso de autorización.
En cuanto a la visión que cada grupo posee de los recursos naturales, existe una amplia y gran diferencia. Mientras un grupo percibe a su entorno natural como parte de su cosmovisión, asignándole un valor cultural importante para el equilibrio y convivencia comunitaria, otro grupo, generalmente conformado por el gobierno y las empresas, se encuentra percibiendo el recurso natural como un recurso económico para la inversión y el desarrollo.
¿Son estas dos visiones, una cultural y otra económica, incompatibles?
De acuerdo a Alejandro Pacheco, coordinador del proyecto de Gestión e inclusión social de proyectos hidroeléctricos de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, la contraposición de visiones radica más en los beneficios de quién recibe la energía eléctrica y cómo se gestionan estos proyectos que utilizarán el agua como recurso para la generación de la misma. Las comunidades poseen un fuerte sentido del agua como un bien público, y por ello su utilidad y beneficios deberían ser para todos de forma equitativa. Sin embargo, el gobierno de Guatemala por medio del Instituto Nacional de Electrificación INDE y la Ley General de Electricidad, han convertido este bien como un bien privado, y con ello sí podría existir una incompatibilidad de visiones sobre los recursos naturales derivado a que tanto el agua como la energía que por medio de esta se produce, no llega a todos.
De acuerdo a Genaro Fabián de la Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI, en muchas ocasiones las comunidades indígenas poseen terrenos considerados territorios verdes por largo tiempo; sin embargo, el gobierno sin consulta previa los vende y concesiona para la instalación de proyectos, lo cual genera la contraposición de visiones entre gobierno y comunidad, especialmente cuando esta venta no es informada ni negociada con los pobladores.
Guatemala posee un potencial alto de producción de energía renovable, del cual únicamente se está utilizando alrededor del 15%
El tipo de proyecto hidroeléctrico también influye en el posicionamiento a favor o en contra de una hidroeléctrica. La mayoría de movimientos ambientalistas y de derechos humanos defienden y apoyan a las pequeñas hidroeléctricas, también conocidas como hidroeléctricas comunitarias, ya que afirman que estas son más sostenibles medioambientalmente, además de que benefician directamente a la comunidad con energía eléctrica. Se tiene conocimiento de varias hidroeléctricas que funcionan de forma comunitaria, entre ellas la hidroeléctrica de Chel, la de Batchocolá, la 31 de Mayo, Jolomijix, entre otras.
Las hidroeléctricas medianas y grandes, que requieren de embalases más grandes y mayor uso de terreno para su funcionamiento, son las que generalmente generan opiniones encontradas. De acuerdo al Colectivo MadreSelva, las grandes hidroeléctricas presentan impactos ambientales y sociales importantes, entre ellos el trastorno de los ecosistemas de los ríos, derivado de la poca fluidez del agua que se mantiene en los embalses; la eliminación del caudal ecológico a raíz de que el río tiende a secarse por debajo de la represa; la movilización de poblaciones y pérdida de cultivos por la construcción del embalse; la pérdida del agua para las poblaciones cercanas, entre otros.
En Guatemala, la construcción de la hidroeléctrica más grande hasta el momento, Chixoy, generó un antecedente político poco favorable ante la construcción de nuevos proyectos de este tipo.
Chixoy fue construido durante los años del Conflicto Armado Interno, movilizando a poblaciones fuera de sus territorios para la construcción del embalse, y encontrando vinculación de la masacre de Río Negro con la construcción de la hidroeléctrica. Estas problemáticas históricas marcan un precedente de cómo el Estado ha manejado la construcción de este tipo de proyectos en el país, deseando por ello su no repetición.
Genaro Fabián reconoce que el antecedente de Chixoy ha sido importante en la oposición de las comunidades de Ixcán ante el proyecto hidroeléctrico de Xalalá. El engaño con el cual se manipuló a las personas en dicho proyecto no se olvida, y por ello, muchas personas no creen cuando las empresas llegan a presentar sus propuestas. Adicional a esto, Fabian considera que en Guatemala todo está pensado en un sistema macro y no realmente en las necesidades de las comunidades.
En esto coincide Zaira Lainez, investigadora del Instituto de Transformación de Conflictos para la construcción de la Paz en Guatemala INTRAPAZ, URL. “El Estado ha sido violento históricamente, y en el caso de sociedades como la nuestra, el Estado también ha surgido como un instrumento al servicio de un pequeño grupo con el poder económico”, afirma. Esto lo ha llevado a, por medio de sus diferentes instituciones y recursos, beneficiar a pocos y no velar por las necesidades de la gran mayoría. Para Lainez, las comunidades tienen en su conciencia, en la memoria y en la historia, el abandono del Estado, por lo cual es comprensible que vean con temor e incertidumbre su presencia repentina –generalmente por medio de elementos del Ejército- en algunas comunidades.
Actualmente, uno de los proyectos que más oposición ha encontrando en la población ha sido el proyecto hidroeléctrico de Xalalá, contemplado para su instalación en territorios de Ixcán, Uspantán y Cobán. Una de las principales objeciones al proyecto es derivado a que se tiene contemplado que de realizarse, esta sería la segunda central hidroeléctrica más grande del país; esto conllevaría los riesgos previamente mencionados para las grandes centrales de generación de energía por medio del agua. Otros proyectos como Hidro Santa Rita en Alta Verapaz, el Sisimite en Chuarrancho e Hidro Santa Cruz en Santa Cruz Barillas, Huehetenango, también han presentado altos grados de conflictividad social.
De acuerdo a Genaro Fabian, de ADESI Ixcán, “el problema no es que las comunidades no entiendan que hay necesidad, que no entiendan que hay energía limpia y todo lo demás, simplemente lo que no entienden las comunidades es cómo una cúpula decide sobre todos los afectados.” Hace referencia a ello, ya que en el caso del proyecto de Xalalá, la información sobre las intenciones del gobierno en autorizar dicho proyecto, se conoció derivado a unas declaraciones que el gobierno de Guatemala dio en Houston, Estados Unidos. “¿Cuándo se preguntó a las comunidades? Es un proyecto que se gestó desde alguien que se le ocurrió y nunca se les consultó a las comunidades. La oposición va por esa ruta,” sostiene.
Sin embargo, dentro de Ixcán, Uspantán y Cobán, las comunidades –alrededor de 40- se encuentran organizadas y mantienen una vigiliancia constante en los territorios. A diferencia del caso de Barillas, donde la población reaccionó una vez autorizado el proyecto, el caso de Xalalá pareciera ser favorable a las comunidades ya que para este proyecto no existe siquiera un estudio de factibilidad.
Finalmente, la falta de información en las comunidades acerca de los proyectos hidroeléctricos pareciera ser una de las faltas más grandes. De acuerdo al reportaje de Marcel Diéguez en la Revista Crónica, uno de los principales detonantes de los conflictos socioambientales es la falta de información y el diálogo alrededor de la aprobación de licencias de proyectos, tanto extractivos (minería) como de generación, transporte y comercio de energía eléctrica, en el cual se incluyen a las hidroeléctricas. La Asociación de Generación de Energía Renovable AGER, también visualiza en la falta de información una de las principales razones ante la oposición social.
El diagnóstico de Gestión e inclusión social en proyectos hidroeléctricos de la Universidad Rafael Landívar, plantea que la oposición de las comunidades se deriva en muchos casos hacia la forma en la cual los proyectos se han gestionado y desarrollado. Esto, derivado a que en muchos casos no se toman en cuenta a las comunidades como “actores activos en la toma de decisiones relacionadas con su territorio, que su voz no sea anulada y que se respete los consensos que como grupos sociales hayan tomado”
Se enciende el foco, pero la luz no llega
Mientras comunitarios y empresarios se enfrentan simbólicamente en los territorios derivados de la instalación de proyectos hidroeléctricos, existe un tercer actor a quien muchas veces no se le asigna el papel protagónico que debiera estar teniendo en estas problemáticas: el Estado y gobierno de Guatemala.
Tanto comunitarios como empresarios suelen reclamar la presencia del Estado como mediador dentro de los conflictos generados derivado de los proyectos hidroeléctricos. Esta presencia estatal hace referencia tanto a los ministerios encargados de la autorización y supervisión de los proyectos, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Instituto INDE,así como los alcaldes y consejos municipales, los cuales siendo los entes gubernamentales más cercanos a la población, podrían facilitar procesos de diálogo entre actores.
Alejandro Pacheco afirma que en los acercamientos que ellos han tenido con empresarios y alcaldes, ambos actores muestran descontento ante la ausencia del Estado en los territorios, asignándoles a ambos el papel principal de mediación y traslado de información con los comunitarios. “Los responsables de este diálogo y traslado de información deben ser los mismos entes rectores legales y políticos constituidos para la función energética. El MEM a través del viceministerio de Desarrollo Sostenible, el MARN, el Sistema Nacional de Diálogo, (podría ser también el Sistema de Consejos de Desarrollo), entre otros. Las formas de mejora son sencillas en la superficie, no tanto a profundidad: mayor coordinación interinstitucional (de información, de toma de decisiones, de visiones compartidas de políticas y ejecución) y voluntad política para realizarlo”, afirma Pacheco.
Con las acciones violentas (e.j. caso Barillas) con las cuales muchas veces el gobierno de Guatemala responde ante las demandas sociales, se podría presumir que el gobierno juega a favor de un sector específico. Además, ellos también pautaron su propio anuncio a favor de la generación de energía en su modelo actual. Un diálogo sobre un hogar sin luz en la cual un niño no puede terminar una tarea de la escuela derivado a la situación, y la reflexión alrededor de cómo la luz beneficia a todos, es más o menos la estructura de la pauta comercial. La posición gubernamental a favor de estas empresas, muchas de ellas extranjeras, se vuelve cada vez más evidente.
De acuerdo a las empresas, esto es una falla del Estado. Estas únicamente realizan su trabajo de generación de energía; sin embargo, el transporte y la distribución de la misma a las casas y empresas, es trabajo y responsabilidad de otras entidades, en este caso del INDE y la Empresa Eléctrica respectivamente. El gobierno de Guatemala pocas veces se ha pronunciado ante esta problemática, a pesar que es una de las principales demandas de las poblaciones al momento de entablar diálogo y negociaciones para la instalación de un proyecto hidroeléctrico.
Sin un Estado que lidere procesos de diálogo buscando que el bienestar social prime sobre toda acción, y no únicamente un bienestar económico/empresarial, se logrará avanzar poco en torno a la inversión y desarrollo de proyectos de generación de energía, aprovechando el recurso hídrico de nuestro país.
Las personas y comunidades que se oponen a la instalación de proyectos hidroeléctricos en sus comunidades, no necesariamente y en la mayoría de casos, no se encuentran opuestos a la hidroeléctrica como generación de energía o al “desarrollo” como muchos medios de comunicación u opinión pública suelen plantear. Sus cuestionamientos suelen dirigirse a la falta de información y el modelo de imposición que el Estado de Guatemala facilita a las empresas para instalar los proyectos en las comunidades, así como la oposición a aquellas grandes empresas, y la apuesta por hidroeléctricas comunitarias que benefician directamente a los poblados cercanos.
“Dejar trabajar” a las hidroeléctricas, tal y como lo afirma la melodía de la radio, parece entonces no ser tan sencillo. Sin embargo, procesos de información y diálogo establecidos entre comunidades, gobierno y empresariado podría facilitar en gran medida estas problemáticas.
