By Brújula
Posted: Updated:
0 Comments

Aubrey Guillén / 

El objetivo primordial de una ley de competencia, en cualquier país, es evitar que las acciones de una empresa dominante afecten o distorsionen el mercado, esto en perjurio del consumidor final.

Esta semana la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor –DIACO- denunció penalmente a ocho gasolineras derivado de las alzas en los precios de gasolinas. Incremento que ha sido justificado por las gasolineras al incremento del costo del barril del petróleo en el mercado internacional.

Sin embargo, lo verdaderamente curioso de esta alza de combustible, es que al parecer existe un tipo de acuerdo consensuado en distintas gasolineras, el de fijar un precio. Esta semana de trayecto a mi casa, pasé enfrente de dos gasolineras diferentes, curiosamente en ambas habían exactamente los mismos precios. Esto no sé si se deba a la “magia de la mano invisible” en la fijación de precios o más bien exista coacción y un acuerdo para los precios.

A lo mejor esto sea casualidad y sea un caso aislado de la realidad, sin embargo, al ver una comparativa de precios de cilindros de gas, persiste la misma dinámica, tres empresas monitoreadas presentan exactamente los mismos precios. Surgen acá diversas dudas, y se pone en tela de juicio la famosa y repetida idea que “el mercado se regula solo”. Entonces, se abre las puertas al debate, una vez más, de la necesidad de una Ley de Competencia en el país.

Guatemala es el único país de la región latinoamericana que no tiene una Ley de Competencia.

Existe el compromiso internacional de Guatemala con la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de Centroamérica (ADA- UECA), de oficializar una ley de competencia para noviembre del año pasado. El Derecho de Competencia en Guatemala a pesar de no estar regulado de forma expresa y articulada en un sólo cuerpo legal, puede apoyarse en algunos principios constitucionales, tales como normas en el Código de Comercio e inclusive, tipos penales en el Código Penal que velan en cierta medida, por este derecho.

Por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala –CPRG-  establece que, el Estado debe crear las condiciones necesarias, para que las personas (independientemente que sean personas jurídicas o individuales) puedan disponer libremente de sus bienes. Esto se logra a través de, un ordenamiento jurídico claro, donde se establezcan las normas de juego que den seguridad y certeza jurídica a los agentes económicos, evitando con ello las prácticas anticompetitivas.

Aunado a ello, se encuentra el artículo 130 de la misma Constitución, que establece que es obligación del Estado  proteger la economía de mercado e impedir las prácticas que puedan perjudicar a los consumidores. Los monopolios son dañinos para una economía de mercado y atentan contra principios constitucionales como lo son la libertad e igualdad, razón por la cual, el Estado a través de una Ley de Competencia, debe fomentar prácticas competitivas en el país. Esto  generaría un mejor clima de negocios y un crecimiento económico más incluyente.

En adición, a estos artículos, se encuentra lo establecido en el Código Penal, donde se hace referencia a los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario, tipificando el monopolio, la especulación, el delito cambiario, entre otras acciones que atentan contra la libertad de mercado y el derecho de la competencia.

El derecho de la competencia, “es una rama del derecho económico que regula y ordena los mercados sancionando las prácticas mercantiles anticompetitivas atontarías a la libre competencia y concurrencia, premisas básicas de las economías de mercado. Es una reglamentación específica que recae sobre ciertos comportamientos de los agentes económicos.” [1]

La importancia de contar con una Ley de Competencia, es que la misma, evita la existencia de prácticas anticompetitivas y del monopolio, siendo este “un tráfico abusivo y odioso por el cual, un particular o una compañía venden con carácter exclusivo mercaderías que, entregadas al libre comercio, reducirían sus precios, aumentarían su calidad por efecto de una sana competencia y beneficiarían a mayor número de personas.”[2]

En el Derecho de Competencia, el interés jurídico tutelado, es la igualdad y libertad, puesto que las prácticas monopólicas o en el peor de los casos oligopólicas,  van en contra del interés general. 

 Las mismas, impiden, restringen e inclusive falsean la sana competencia, afectando de forma directa al consumidor.

La idea de la mano invisible de Adam Smith, supone que el mercado se regula a sí mismo y el Estado debe tener un rol mínimo en la economía. Pero en Guatemala, lejos de acercarse a la idea de una economía de mercado, se han acercado a modelos monopolísticos y anticompetitivos, que atentan contra la libertad de mercado.

 

Por ello, es necesario que se cuente con una Ley de Competencia, no únicamente por el compromiso adquirido a raíz de la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, sino también porque el Estado tiene la obligación constitucional de impedir prácticas anticompetitivas, prohibir los monopolios y garantizar el bienestar general de la población.

Si bien es cierto, existen normativas que velen por ello, es vital contar con un cuerpo legal unificado que garantice el derecho de la competencia.

 

[1] Witker, Jorge. Derecho de la Competencia en América. Chile, Editorial Fondo de Cultura Económica S.A., 2000.

[2] Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho Antimonopólico y Defensa de la Competencia, Argentina, Editorial Heliasta, 1983. Pág. 787.

About the Author
Related Posts

Por: María Fernanda Herrera La respuesta más común al por qué se estudia medicina seguramente es...

Sara Mux Cada vez existen más personas que migran de su territorio para poder buscar una mejor...

«La mayoría de nosotros no tenemos más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros...

Leave a Reply