By Douglas Herrera
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El pasado 14 de enero, el presidente Alejandro Giammattei, presentaba ante el Congreso de la República, el informe de primer año de gobierno. Acto que trae a la memoria su discurso de toma de posesión, un año atrás. ¿Y si nos juntamos? preguntó, haciendo referencia a un país unido y sin polarización social. A un año del cambio de autoridades en los tres organismos del Estado, es oportuno identificar y reflexionar sobre los problemas que enfrentamos como país y que deben ser abordados como prioridad por nuestras autoridades.

 

Gobierno en medio de pandemia:

Al tercer mes de haber iniciado la gestión del presidente Giammattei, el país, se vio enfrentando la grave crisis sanitaria por la pandemia por Covid -19, con un sistema de salud débil, sin condiciones para dar respuesta a la población, que debió ser relativamente adaptado para la emergencia.

La magnitud de la crisis llevó a la necesidad de hacer cierres totales en todos los espacios de la actividad del país, afectando la economía, con la consecuente pérdida de empleos y el aumento de la situación precaria de muchos sectores de la población, en especial, la más vulnerable, así como el acceso a la educación en el sector público, por dificultades para implementar procesos de educación a distancia.

La atención a la crisis requirió hacer ajustes presupuestarios mediante endeudamiento y a canalizar la ayuda a los sectores más afectados, a través de programas, que por la rapidez con la que tuvieron que implementarse, presentaron dificultades y su eficacia ha sido cuestionada.

 

Una nueva crisis. Efectos por Eta e Iota

 

En el mes de noviembre, se sumó a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia por Covid-19, los efectos de la tormenta Eta y la depresión Iota, que provocaron daños a la salud e integridad de las personas, destrucción de la infraestructura y a la producción agrícola por inundaciones y deslaves en aldeas y comunidades en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Quiché, Petén, Zacapa y Chiquimula.

La capacidad de respuesta del gobierno se vio rebasada y ha sido poco efectiva en términos de atención a las comunidades afectadas, que han paleado la crisis con apoyos de personas e instancias particulares nacionales e internacionales.

 

Crisis de gobernabilidad

En medio de las crisis descritas, que han tenido un fuerte componente humanitario, ante la debilidad y poca capacidad de respuesta institucional, contrasta el uso constante de medidas de excepción para su gestión, con la consecuente restricción de garantías y derechos, que aumentan la ya debilitada condición de la población guatemalteca.

Resalta que, en el mes de noviembre, la población experimentó la mayor vulneración a su derecho de manifestación, cuando una mayoría protestaba de forma pacífica en contra de la aprobación opaca y sin consenso del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2021, y ante la presencia de disturbio focalizado que no fue controlado adecuadamente, se reaccionó de forma violenta contra los manifestantes pacíficos, provocando lesiones graves a personas y capturas injustificadas.

 

Oportunidades para el segundo año

Como jóvenes tenemos el compromiso y deber ciudadano de acompañar la función pública y contribuir de forma propositiva a fortalecer las instituciones y a la solución de los problemas del país. Por lo que consideramos los siguientes desafíos, oportunidades y prioridades que deben ser abordados por las autoridades:

 

  • Aprobación de los ajustes al presupuesto de ingresos y egresos del Estado de forma transparente, consensuada, enfocado a generar condiciones de desarrollo y vida digna para todos.
  • Fortalecer la institucionalidad y procesos en el sistema de atención en salud en todos los niveles, en especial por Covid-19 y mecanismos de adquisición y aplicación de vacunas.
  • Mejorar la calidad, cobertura y acceso a la educación pública en todos los niveles.
  • Atención y recuperación de las comunidades afectadas por los efectos de los fenómenos Eta/Iota.
  • Fortalecer la institucionalidad en general para crear condiciones de respuesta a las necesidades políticas, sociales, de aplicación de justicia y seguridad, asegurando el respeto y garantía de los derechos de los guatemaltecos.
  • Fortalecer procesos de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión pública.

 

Quienes se encuentran hoy en condiciones más vulnerables, demandan nuestro compromiso y participación en los procesos de cambio.

 

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