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Carlos Martínez / Opinión /

Las tensiones políticas entre el gobierno español y Cataluña han ido en aumento en los últimos días. Básicamente, el conflicto se resume en que los catalanes quieren separarse de España y convertirse en un nuevo Estado independiente.

Cualquiera podría argumentar que no le interesa lo que sucede en otros países: “media vez no me afecte a mí, no me interesa.” Suele pasar.

Sin embargo, alguna vez se han preguntando ¿qué pasaría si Xela quisiera separarse de Guatemala? ¿Debería permitirse? ¿Cuál es la postura del derecho internacional al respecto?

Dar respuesta a dichas interrogantes, definitivamente, no constituye una tarea fácil. Durante el desarrollo del presente artículo trataré de exponer de forma muy sencilla y comprensible, algunos de los puntos más importantes sobre el movimiento independentista catalán.

Si lo quiere ver desde otro punto de vista, en realidad nunca está de más aprender un poco.

Por regla general el derecho internacional no acepta la existencia de un derecho de secesión; entendiendo a éste último como la facultad conferida a ciertos grupos para poder separarse del Estado del que forman parte, aún sin el consentimiento de éste. Dicha negativa encuentra su fundamento principal en la idea que reconocer un derecho de secesión implicaría, eventualmente, aceptar la fragmentación de los Estados.

Sin embargo, en los últimos años pareciera que los movimientos pro-independentistas en diversos lugares del mundo han ido tomando fuerza; movimientos cuya bandera principal ha sido una especie de “nacionalismo emancipador” que fundamenta la existencia de un derecho de secesión so pretexto de un legítimo ejercicio de su derecho a la libre determinación de los pueblos.

Tal y como puede apreciarse, existe un aparente “choque de derechos”, por así decirlo.

Por un lado: un derecho de libre determinación, que pertenece a todos los pueblos y los faculta para establecer libremente su condición política, además de promover su propio desarrollo económico, social y cultural, el cual se encuentra consagrado como un derecho humano por diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Carta de Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y por otro lado: la integridad territorial, la unidad política y la soberanía de los Estados.

Palabras más, palabras menos: un mano a mano entre la voluntad popular de los catalanes vs. las normas tradicionales de derecho internacional.

UN POCO DE HISTORIA

Antes de su incorporación a España en 1469, Cataluña conformaba la parte más dominante de la Corona de Aragón y controlaba un poderoso imperio comercial que se extendía por todo el Mediterráneo. Desde esta primera etapa, Cataluña ya exhibía características propias de un Estado moderno, tales como un lenguaje común, además de estructuras políticas, legales y económicas bien definidas.

Desde entonces los catalanes no han desfallecido en su intento por acceder a su auto-gobierno y así, en 1979 logran constituirse como una comunidad autónoma dentro de España, lo cual significó una gran conquista política para el pueblo catalán.

Dentro del ordenamiento jurídico constitucional español, el estatus de comunidad autónoma otorga el carácter de entidad territorial administrativa, dotada de cierta autonomía legislativa con representantes propios, así como determinadas competencias ejecutivas y administrativas.

LA CONSULTA

No obstante, pareciera que la obtención de autonomía no fue suficiente para los catalanes, pues a raíz de un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña y después de varios años de grandes movilizaciones sociales por parte de la ciudadanía catalana, una consulta popular fue convocada para el 9 de noviembre de 2014.

El objeto de la consulta era conocer la opinión de los ciudadanos catalanes sobre si Cataluña debía ser un Estado independiente del gobierno español. 

Para el infortunio de los catalanes, el proceso fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Constitucional Español el 29 de septiembre del mismo año, tras la aceptación a trámite de los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de España, cuya argumentación principal invocaba la constitucionalmente protegida “indisoluble unidad de la Nación española”.

Con la suspensión de la consulta como resultado de las acciones legales del gobierno español, queda en evidencia que existe una férrea oposición por parte de España a permitir la separación de Cataluña.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE

En palabras del constitucionalista español Diego López Garrido “si te vas de una comunidad destrozando puertas y ventanas, es bien difícil regresar a ella”. Es decir, una hipotética independencia catalana encontraría un fuerte rechazo por parte de la comunidad internacional y de la propia España, toda vez que contravendría claramente la Constitución española y el derecho comunitario.

Cabe señalar también que Cataluña vería gravemente afectada su economía, tomando en consideración las nefastas consecuencias que conllevaría no ser miembro de la Unión Europea, entre las cuales pueden mencionarse:

  1. No tendría presencia en el Banco Central Europeo y, por tanto, no formaría parte del sistema del euro, la moneda única establecida por la Unión.
  2. No tendría acceso a la financiación del Banco Central Europeo, del Mecanismo Europeo de Estabilidad o del Banco Europeo de Inversiones.
  3. Cataluña dejaría de formar parte del espacio europeo de libertad de circulación de personas, y sus fronteras marítimas ya no serían fronteras de la Unión, por lo que tendría que aceptar los controles de movimientos de personas que los países de la Unión establecieran.

Así pues, el panorama ante el que se encontraría una Cataluña independiente no sería muy favorable. No solamente por la eventual oposición de España a su ingreso a la Unión Europea, sino también por el poco – por no decir inexistente – apoyo de la comunidad internacional.

FUTURO DEL CONFLICTO CATALÁN

Personalmente veo muy difícil que los movimientos independistas catalanes finalmente logren su cometido, principalmente, porque existe una manifiesta oposición por parte del gobierno español a la realización de cualquier tipo de referéndum secesionista. Contrario al caso de Escocia por ejemplo, donde las autoridades del Reino Unido decidieron apoyar la voluntad del pueblo escoces, independientemente si los resultados eran favorables para ellos o no.

A mi criterio, la fragmentación de los Estados, fuera del contexto de descolonización o violación sistemática de derechos humanos, no debería ser permitida.

Ahora bien, deja en qué pensar el hecho que el gobierno español le tenga tanto pánico a la consulta popular en Cataluña. Es decir, ¿por qué prohibirles el derecho a los catalanes de manifestar su voluntad mediante un referéndum, si al final de cuentas, los resultados no tendrían ningún efecto vinculante? Creo que la misma pregunta sería aplicable, en general, a cualquier caso similar, en el que se vete la realización de una consulta sin efectos vinculantes.

En todo caso, la manifestación de voluntad de los catalanes, puede servir como punto de partida para la búsqueda de acuerdos y consensos entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Español, similar al caso de las Islas Malvinas.

Cabe mencionar que, aunado al histórico sentimiento emancipador e independentista del pueblo catalán, Cataluña aduce que – ante la última crisis económica que arrasó Europa, y en especial a España – se encontró en una situación desfavorable en relación a la mayoría de las comunidades autonómicas, ya que los recortes presupuestarios fueron tan extremos que hicieron peligrar su desarrollo económico y su bienestar social.

He ahí un punto sobre el que ambos bandos deben sentarse a dialogar, y solo así, todos poder salir ganando: ni España se desintegra, ni Cataluña se enfrenta ante un desolador panorama como Estado independiente.

De cualquier manera, las noticias sobre el Caso Cataluña no paran: el pasado 8 de noviembre de 2015 el Parlamento catalán aprobó una nueva resolución donde declara el inicio del proceso de desconexión entre Cataluña y el resto de España.

La reacción no se hizo esperar, y dos días después de aprobada la resolución, el Tribunal Constitucional Español volvió a truncar los sueños independentistas al suspender cautelarmente dicha resolución. Será cuestión de esperar para saber en qué resulta el movimiento independentista catalán. Por el momento la consulta programada para noviembre de 2014 fue suspendida,  y aún así, se llevó a cabo una consulta alternativa no vinculante donde más de dos millones de catalanes acudieron a las urnas.

En todo caso, al menos por ahora, Cataluña sigue formando parte de España, y seguramente lo seguirá siendo.

Dos últimos pensamientos:

Ojalá todo se resuelva por la vía pacífica, y sobretodo, ojalá que el Barça siga jugando en la liga española. 

¡Visca Cataluña!

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