Andrés Marzo 1

Andrés Franco / Opinión /

¿Cuál es el resultado de un proceso de transición política como el que se desarrolló en Guatemala? ¿Una democracia? ¿Otro régimen autoritario, pero que permiten algunas libertades políticas y sociales? o ¿Regímenes que presentan características de ambos?, pero entonces ¿Se pueden llegar a denominar como democracias?

Estas son solo algunas de las preguntas que se realizan cuando se estudia a las democracias que fueron producto de procesos de transición política, y que las posibles respuestas, producen diversas tipologías que se pueden llegar a utilizar para su clasificación.

Uno de los caminos para realizar este esfuerzo en la Ciencia Política, es clasificar los regímenes en base a un conjunto de características que permiten, por una parte, enfocarse en el proceso electoral, en su carácter competitivo y en las condiciones que lo garantizan y si estos pueden ser denominados como Democracias Electorales.

Para Larry Diamond, en una clasificación de regímenes a finales del 2001, ubica a Guatemala como una Democracia Electoral; sin embargo, el proceso electoral que se desarrolló en el 2015 y en los procesos anteriores, presentan factores que pueden llegar a cuestionar esta clasificación al momento de preguntarse: ¿Alguno de estos factores, pueden incentivar que Guatemala, en algún punto, ya no pueda ser clasificada como Democracia Electoral?

La pregunta se plantea debido a que existen factores entorno a la institución encargada de la justicia electoral: las deficiencias y limitaciones técnicas, operativas y de control y fiscalización que posee el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las limitaciones presupuestarias para la obtención de los recursos necesarios para el desarrollo del proceso electoral, las limitaciones del marco legal y los mecanismos para la regulación del financiamiento de los partidos políticos, y la autonomía del TSE en la toma de decisiones en base a su relación con la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de justicia, son algunos de problemas mas importantes que se presentan.

Enfatizo mucho en el TSE y sus debilidades debido a que, autores como Diamond destacan que la justicia en el proceso electoral comienza con el trabajo de una autoridad autónoma electoral, que permitirá los mecanismos y elementos necesarios para hacer efectiva la justicia dentro del proceso.

La importancia de reformas que permitan fortalecer al TSE, pareciera ser un tema del cual ya se debatió en más de una ocasión, y son claros los ejes en los cuales se debe trabajar para lograr este objetivo.

Sin embargo, en la ultima sesión del Congreso de la República no se aprobaron la restricciones a que familiares puedan postularse por un mismo partido político a cargos de elección popular, con el argumento, por parte del diputado Adim Maldonado, de que esta reforma le daría “un poder absoluto al TSE”; y es en comentarios o argumentos como esos en los cuales pareciera que la importancia al fortalecimiento no se termina de comprender (ya se sin querer o a propósito). Y no solo es en este tema: otros temas que incomodan son rechazadas las propuestas a reformar son las sanciones a los partidos políticos y la restricción a la reelección de los secretarios generales de los partidos.

Por lo tanto, si no se considera importante el papel y los mecanismos que pueda llegar a tener el órgano autónomo para garantizar la justicia electoral, entonces tenemos un problema al llamar al régimen como Democracia Electoral. Esto debido a que las deficiencias en las acciones del TSE, poco a poco, terminarán afectando de una u otra forma al proceso electoral.

Entonces vuelvo a preguntar ¿Qué somos? O mejor aun: ¿En qué nos estamos convirtiendo?

Aunque el tono de estas preguntas sea como las que se hacen dos amantes en un triángulo amoroso, son planteadas para determinar si en algún futuro no muy lejano necesitaremos de una nueva tipología para clasificar a la democracia guatemalteca.

El argumento de que el énfasis en el proceso electoral y sus instituciones de justicia, es una visión minimalista de la democracia, el cual es válido. Sin embargo, si se presentan problemas como el hecho de que pueden ser cuestionados los derechos políticos y sociales, y si los mecanismos para la rendición de cuentas sobre las acciones gubernamentales que en ocasiones se ignora, vale la pena el acercamiento -como primer punto- a los procesos electorales y su regulación para partir desde un conjunto de características que nos permitan seguir construyendo una tipología para el país.

Las reformas a la Ley Electoral y Partidos Políticos ya no tienen aquella visión optimista que se estaba tratando de transmitir. El rechazo hacia varios artículos de un proyecto de reforma, que ya había pasado por un proceso de revisión y modificación por parte de los diputados antes de ser enviados a la Corte de Constitucionalidad, nos puede dar a entender que el TSE no se verá tan fortalecido como se esperaba; y que si se llegaran a aprobar los artículos que lo permiten, será por medio de negociaciones que les brinden incentivos a los diputados (que no estarían relacionados al mismo tema) para votar a favor de estos.

Por lo tanto, si las condiciones no cambian y la institucionalidad democrática formal no se fortalece, al menos en el tema electoral, será mejor comenzar a pensar en una nueva tipología para el régimen guatemalteco.

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