Asociación de Estudiantes de Derecho (AED)/
La realidad nacional de 2017 ha enfocado la atención general en incidentes violentos donde los protagonistas han sido menores de edad. Desde el 8 de marzo con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue sencillo pronosticar que los accidentes continuarían. Destacan el atropello de las niñas en la manifestación de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, las revueltas en los centros de detención para menores, los intentos de fuga en hogares, e incluso la fuga de Las Gaviotas el pasado lunes 3 de julio.
Los menores podrían haberse encontrado jugando Policías y Ladrones con sus amigos del barrio, pero la realidad del país nos presenta otro escenario.
Las preguntas no deben ser “¿Debe pagarlo Jimmy?” o “¿Fue Jabes Meda provocado?” Por supuesto que sabemos de quiénes nos hablan. Las redes sociales arden con comentarios y publicaciones. Hay quienes condenan la actitud de aquellos que, como si nada pasara, continúan lamentado ese partido de fútbol europeo. Otros piden oraciones y ayuda. Grandes entidades expresan sus condolencias y allá van los medios de comunicación, preparando mil hipótesis de lo ocurrido. Nunca faltan los que proponen llenar la Plaza una vez más, Dios sabrá con qué sentido. Lo cierto es que, como quien recibe el pésame por un familiar cercano, tememos que tarde o temprano pasará el asunto, dejando solo un recuerdo y la promesa de no olvidarlo. Muchas personas me condenarían por decirlo, pero tarde o temprano todo se olvida.
Dentro del sector público continúan las dudas. ¿Quién tenía la responsabilidad de evitarlo? ¿A quién encerraremos para calmar el clamor social? La controversial conducta de los menores en las noticias nacionales no es sino una reacción al #27A. El 27 de agosto de 2015, en una muestra de civismo aplaudida a nivel internacional, muchos guatemaltecos se reunieron haciendo valer su derecho de manifestación y el país se paralizó. Pero la “cura a la corrupción” presentó un cuadro con efectos secundarios preocupantes. El mensaje hacia toda la población, particularmente a los niños que fueron incluidos en las manifestaciones de 2015, fue el siguiente: “Ante la obstrucción de un derecho o el abuso de las autoridades, es necesario romper con el orden de la sociedad, aún si esto implica poner la vida en riesgo o entorpecer el día de quienes no son partícipes de nuestra causa”. Los primeros en escucharlo fueron aquellos que aún hoy se encuentran en sus primeras etapas de aprendizaje. Los menores protagonistas de esas noticias trágicas han sido violentados en sus derechos, y la forma de reaccionar ha sido la misma: romper el orden o la autoridad y rebelarse. Por más loable o heroíco que parezca, el resultado es reprochable.
En un país donde los menores deben salir a morir a la calle o en la propia seguridad de su hogar para que sean escuchados, la cultura de “manifestar” no es más que un parche.
Es importante enseñarles a los niños los derechos humanos, pero es aún más importante garantizárselos. En 2015 se educó a la población sobre la necesidad de hacer valer su voz, pero aún no le enseñamos a escuchar. Los informes de hogares, correccionales e institutos son alarmantes. Si no se actúa, el triste y predecible efecto será de al menos dos tragedias en manifestaciones que involucren menores de edad, previsibles en el segundo semestre del año.
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