By Liza Noriega
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Liza Noriega/ Brújula/ Reportaje

El guatemalteco vive de la violencia.  La percibe, la experimenta, la repulsa, come de ella. En Guatemala, las violencias se encuentran a la orden del día y nadie se escapa.

Nadie, ni el guardia de seguridad privada que literalmente vive de la violencia. Por Q2,500 al mes y sin prestaciones laborales, realizan tareas de alto riesgo para cuidar los bienes privados de terceros.

Nadie se escapa, tampoco lo hacen las niñas menores de 15 años que repulsan la violencia del tío y abuelo que abusan de ellas constantemente, hasta que alguna queda embarazada en ese frágil cuerpo que las sostiene.

Y tampoco lo hacen los 630 ciudadanos a quienes les roban celulares diariamente, mientras hacen el recorrido en el transporte público de este país, mientras esperan impacientemente en el tráfico de las horas pico o simplemente mientras caminan en las calles de nuestra ciudad.

Nadie se escapa. La violencia en Guatemala tiene antecedentes históricos, razones multicausales e infinidad de rostros. De acuerdo a Luis Jorge Garay, la criminalidad en nuestras regiones no es individual sino sistémica y trasnacional; es una red compuesta por multiplicidad de actores, como el narcotráfico, las pandillas, entes gubernamentales, empresas y población.  Actores que entre la legalidad y la ilegalidad, reproducen el capital criminal de nuestro país.  Un capital que se reproduce en violencias delincuenciales, físicas, simbólicas, laborales, etcétera.

El crimen organizado es el invitado especialista en violencia física y delincuencial. Por medio de las redes de narcotráfico y pandillas, el crimen organizado ha logrado llegar a los rincones más remotos de nuestro país e impactar en la vida de miles de ciudadanos.  Guatemala es de los países que supera la tasa de diez homicidios por cada 10,000 habitantes en un año, a pesar que en los últimos años se ha reducido la cifra, de 38.61 en 2011 a 34.03 en 2013.  Nuestro país tiene un índice de 13 muertes violentas promedio por día.  En Guatemala, de acuerdo a IEPADES, por cada arma legal que existe, hay tres armas ilegales. Y según InsightCrime, en la actualidad, alrededor de 8,000 maras operan en el país.

¿Realmente nos afecta?  

Para muchos guatemaltecos, este tipo de violencia es algo que sucede en el vecindario pero no en la casa; es una situación de país pero ajena a sus realidades.  Para los guatemaltecos citadinos que pocas veces se movilizan por zona 6, 17 o 18, la violencia de pandillas, las muertes por rendición de cuentas y las extorsiones pueden generar indignación pero no considerarse algo que afecta directamente su vida cotidiana.  ¿Estamos realmente ajenos a esa violencia?

De acuerdo a Luis Mario Martínez, investigador del Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz –INTRAPAZ- de la Universidad Rafael Landívar, nadie se encuentra ajeno a ella.  “Toda la violencia está de alguna forma vinculada; tanto la delincuencial como la del crimen organizado o como las otras expresiones de violencia, violencia contra la mujer, violencia contra la niñez. Es decir, lo que pasa no se puede ver de manera fragmentada”, afirma.

La violencia directa la vivimos y afrontamos todos.

Además de los vinculados directamente –pandilleros, extorsionistas, víctimas directas- todos de una u otra manera nos vemos afectados. Los afectados directos son las personas que viven en los territorios donde operan pandillas y las familias que ponen los muertos de esta violencia. ¿Y el resto? ¿A quién le afecta la violencia que se vive en el país?

 

Ciudadanos.  Las calles cerradas, garitas de seguridad y en general, toda la pérdida del espacio público es un efecto de la violencia.  Colonias de zonas residenciales donde los controles para poder ingresar son rigurosos, donde pareciera que estamos ingresando a un lugar de alta peligrosidad más que a un lugar de vecinos tranquilos y pacíficos. “Eso significa estar aprisionados por el miedo”, sostiene Luis Mario Martínez.  El miedo también lleva a las familias y hogares a recurrir a otras medidas para prevenir un acto violento, como las alarmas, armas, candados, perros, etcétera. Asimismo, aunque no se viva en zonas con garitas custodiadas por agentes de seguridad, los ciudadanos están vulnerables a que el pago -o no- de extorsión de una camioneta pueda en cualquier momento cobrar la vida de muchas personas.

La industria de la seguridad privada es una de las principales beneficiaria de la violencia de nuestro país, que más allá de las inofensivas garitas de seguridad privada, también ofrecen entre sus servicios, de acuerdo a Nómada, control e investigación de personas, operativos encubiertos para recuperación de bienes, hasta acciones criminales como sicariato, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros. En Guatemala actualmente existen alrededor de 300 empresas de seguridad registradas; sin embargo, hay muchas que operan en la ilegalidad. De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD,  en Guatemala existen más de 23,000 agentes de seguridad nacional para velar por la seguridad de más de 15 millones de habitantes, a diferencia de más de 100,000 agentes de seguridad privada a nivel nacional. Hay más guardias de seguridad privada que agentes de la Policía Nacional Civil; uno privado por cada tres públicos aproximadamente.

La pérdida del espacio público conlleva la pérdida de confianza de unos con otros, evitando el diálogo y el intercambio de ideas, vivencias y expectativas. “Para que tengamos ciudadanía activa tenemos que lograr sentirnos ciudadanos, cuando estamos encerrados entre las talanqueras, en casas con murallas seguras, con autos polarizados y caminando sin voltear o con el miedo que te alcancen, no te da tiempo ni posibilidad de dialogar, de ser parte de la sociedad, eres tú y tu familia.  Es decir el miedo nos encierra para ser individuos cortando la posibilidad de ser Ciudadanos de común vida.”, afirma Imelda Maza.

Empresas. Algunas empresas deben pagar extorsiones para poder ingresar a determinadas zonas o barrios; camiones de agua carbonatada que pagan mes a mes el permiso para poder dejar producto en las tiendas del barrio o colonia.  De acuerdo a la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), una empresa que cuenta con 3 mil camiones paga Q10 mil mensuales por camión para poder circular. Esto definitivamente es un problema para las empresas. Sin embargo, de acuerdo a Imelda Meza de la Fundación Fe y Alegría Guatemala, “el que paga extorsión suma fuerza económica a las maras o bandas criminales, colabora para que la violencia crezca.”

De acuerdo a Maza, es importante que las empresas que se ven afectadas busquen alternativas para no continuar contribuyendo a la violencia, pudiendo ser algunas de ellas la decisión de no entrar a la colonia que cobra extorsión e invertir el dinero que pagaban en ella, en mejorar las escuelas y parques de alguno de esos barrios. “No es fácil, pero hay que hacer un pronunciamiento,” afirma.  Se debe iniciar desde algún punto. Asimismo, muchas veces los pilotos de los camiones de las empresas que entran a colonias a dejar productos no cuentan con seguros de vida por cualquier acontecimiento que pueda ocurrir y que los protejan ante su empleo.  Pequeñas pero importantes acciones que las empresas podrían tomar.

Para Meza, algunas soluciones como consumidores para no continuar alimentando el círculo de la violencia podría ser no comprar los productos que pagan extorsión, no comprar a las empresas que no pagan seguro de vida a sus trabajadores (pilotos) o no frecuentar los espacios como centros comerciales que pagan extorsión.

Ciudadanos viviendo en zonas donde operan pandillas. Las personas que viven en las colonias que directamente viven la violencia, también son afectadas.  Uno de los efectos más directos es la pérdida de vidas, además de las heridas, extorsiones, invalidez de personas que son afectadas.   Estas pérdidas vienen acompañadas del dolor humano que las familias atraviesan con dichas muertes: la mamá, abuela o hermano de un pandillero asesinado sufre la pérdida de su familiar de la misma forma que lo haría cualquier mamá, hermano o abuela.   Asimismo, la violencia en dichos lugares también se encuentra acompañada del miedo y el temor por la pérdida de algún familiar.  “El hecho de que una mamá de un muchacho que es marero, que vive también de los ingresos del marero, está con el temor de en qué momento lo matan, y luego el mismo esfuerzo de tratar de explicar el porqué”, afirma Martínez.

De acuerdo a Imelda Maza, de Fe y Alegría Guatemala, es importante comprender que el tema de la violencia no es solo la ambición de unos por tener dinero y  por ello  roban; esta surge por la desigualdad que hay y la falta de interés de resolver el problema común. Más allá de las muertes directas por la violencia, en las colonias donde operan maras y pandillas también ha surgido el fenómeno de la normalización de esta. Niños que desde pequeños ven pasar en su regreso de la escuela, cadáveres tirados en las calles, son niños que crecen normalizando la violencia y no dimensionándola como una situación que afecta su desarrollo y el desarrollo del país. Asimismo, la pobreza y desigualdad en la que viven probablemente los pueda llevar en un futuro a involucrarse en algún acto violento.

 ¿Pagamos nosotros por la violencia?

Definitivamente todos estamos y somos afectados por la violencia.  Sin embargo, ¿por qué se dice que todos pagamos por la violencia?

Tiendas y bebidas

Las empresas de aguas carbonatadas y otras similares deben pagar extorsión para entrar a algunas colonias. Probablemente trasladen en los costos de los productos los gastos que deben hacer por esto. Si consumimos bebidas carbonatadas, seguramente estamos pagando el costo de la violencia y las extorsiones.

Garitas de seguridad

La industria de la seguridad privada representa un mercado de alrededor de US$460 millones anuales.  Si en nuestros lugares de vivienda tenemos garitas de seguridad, policías amables que nos suben y bajan el plumón cada vez que entramos o salimos de la colonia, estamos pagando por la violencia. Solo por cuotas de seguridad en la colonia, los guatemaltecos pagan entre Q75 y Q350; a esto, habrá que sumarle otras cuotas como servicios de alarma en negocios y casas.

Gobierno y otros

Los niveles de violencia de Guatemala provocan un costo directo del 8.7% del PIB, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Economía y Paz en el 2013. Esto se traduce en que el gobierno gasta $1,623.4 millones para fuerzas de seguridad y las empresas privadas destinan $2,449.3 millones, más otros gastos.  Si hubiera menos inseguridad, ¿dónde podríamos invertir estos recursos?  Nuestros impuestos también pagan la violencia.  [/tab]

En definitiva, nadie realmente se encuentra ajeno a la violencia. En esta ocasión abordamos con más detenimiento la violencia física y delincuencial; sin embargo es imposible hablar del tema sin recordar que este no es el único tipo de violencia. Mientras leemos esto, miles de guatemaltecos están cruzando fronteras debido a un Estado que no les brindó las oportunidades para salir adelante, y esto también es violencia.  Las niñas y niños maltratados y abusados sexualmente, la violencia que se ejerce día a día con nuestros recursos naturales, la violencia hacia la mujer y muchas más, son parte del círculo violento en el que Guatemala se encuentra. Aquí la violencia es histórica, multicausal y se encuentra llena de manifestaciones distintas.

Ya sea que seamos de los guatemaltecos que nos encontramos poniendo las vidas de la violencia, estemos pagando extorsiones para poder operar como empresas o vivamos bajo el fantasma del miedo y el temor ante la inseguridad, todos somos víctimas o victimarios de la violencia de nuestro país.  Y todo ello, viene acompañado de la pérdida del espacio público como lugar para encontrarnos con otros y reconocernos ciudadanos de un mismo país.

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Editora. Creo que los momentos y emociones vividos junto a otros son los que realmente nos construyen en este mundo, más allá de las teorías y contenidos.
Politóloga, un poco escéptica, fiel creyente de la educación.

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