Andrea Godínez / Brújula

Una semana ha transcurrido desde que en el área de El Cambray II, en el Municipio de Santa Catarina Pinula y a escasos 15 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de Guatemala, decenas de familias que se encontraban descansando luego de una larga jornada laboral y de haber compartido alguna celebración con sus hijos, se convirtieran en protagonistas de una de las tragedias más recientes del país. Eran aproximadamente las 21 horas, cuando un enorme alud de 17,600 metros cuadrados soterraba a decenas de familias enteras. Hasta el día de hoy se contabilizan aproximadamente 222 personas fallecidas, 300 desaparecidos y 130 personas refugiadas en el Albergue Municipal de Santa Catarina Pinula. Muchas muestras de solidaridad de la población guatemalteca se ha hecho presente en el lugar.

Sin embargo, a ocho días de la tragedia y con un panorama desalentador para las familias que se encuentran refugiadas, ¿qué acciones y pronunciamientos públicos existen de los altos funcionarios e instituciones públicas vinculados a la problemática?

1. La Municipalidad

El primer actor que se encuentra más cercano a la problemática y que debe responder por el bienestar de los vecinos de la municipalidad, es el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvaraizaes  y el resto de sus autoridades ediles; alcalde que recientemente fue reelecto por el partido LÍDER para continuar al frente de la municipalidad. Alvaraizes fue designado alcalde en mayo de 2015 en sustitución de Tono Coro, quien en el pasado proceso electoral corrió por la alcaldía capitalina.  Ante el conocimiento desde 2008 de la problemática y riesgo que representaba el sector, derivado de un estudio realizado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Alvaraizaes se ha limitado a declarar públicamente que le darán prioridad al rescate y ayuda a los damnificados; y que posteriormente evaluarán si desde el conocimiento de los riesgos del lugar, se realizó alguna acción para prevenir a las familias, “ya después vamos a ver si se tomaron acciones, pero no tengo tiempo para explicar lo que hicimos,” declaraba en una entrevista para el diario El Periódico. Asimismo, aseguró que los estudios de la CONRED únicamente presentaban problemas con el río Pinula que atraviesa el área del Cambray, desconociendo el riesgo que representaba el terreno por estar dentro de un barranco. A pesar que Alvarizaes no era alcalde de Santa Catarina Pinula para el 2008 cuando se presentó el estudio, sí ha trabajado durante varios años dentro de dicha municipalidad.

Sin embargo, habiendo asumido el cargo en 2015, es probable que existan más responsables dentro de la municipalidad por no dar seguimiento a las recomendaciones de la CONRED más allá de Víctor Alvarizaes.

El alcalde para 2008, quien ejerció el cargo público desde el 2000 hasta mayo de 2015, fue Tono Coro, electo en su último período por el Partido Patriota.  A pesar de haber evadido a la prensa donde se le cuestionaba el conocimiento del peligro que representaba el Cambray II, se presentó al área del desastre el día viernes 2 de octubre, declarando que en su momento le hizo saber a los vecinos lo peligroso que representaba que ellos vivieran en el lugar pero que para ellos era muy difícil abandonar lo que por muchos años les había costado construir, “no pueden vivir en el fondo de un barranco y a orillas de la cuenca de un río porque la naturaleza siempre cobra la factura” declaró Coro.

Es importante reconocer que más allá de la figura del alcalde, en cada municipalidad existe un equipo de trabajo que también son responsables de atender las necesidades de la población y garantizar su bienestar.  La municipalidad de Santa Catarina Pinula debe informar qué acciones concretas realizaron para mitigar los riesgos que existían en el área.

2. Instituciones gubernamentales

Lamentando el hecho, varias instituciones de gobierno y encargadas de atender directamente la emergencia se han pronunciado y reaccionado ante la situación. En principio, la CONRED aduce haber advertido a la municipalidad de Santa Catarina Pinula del riesgo que representaba para las familias continuar viviendo en el área y acusa a las autoridades del hecho, por no atender el resultado del estudio que ellos presentaron en 2008 y no dar cumplimiento a los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, hasta la fecha, este estudio no se ha hecho de conocimiento público. Por aparte, el presidente Alejandro Maldonado desde el día del desastre se pronunció en atender la emergencia, ayudar a las víctimas y comprometerse a la reubicación y reconstrucción de nuevas viviendas para las víctimas afectadas haciéndolo a través del Ministerio de la Defensa y del de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).

Víctor Corado, actual ministro del MICIVI, ha comunicado que serán ellos los encargados de reubicar a las familias sobrevivientes del percance y están evaluando si el área que se tiene prevista que es una finca de 20 manzanas aproximadamente que fue propiedad del narcotraficante Marvin Montiel Marin, ubicada en el municipio de San José Pinula y que ahora es propiedad del Estado a través de la Ley de Extinción de Dominio, es la más adecuada para reubicar a los sobrevivientes. Además, Corado afirmó que las familias recibirán un subsidio por parte del Estado de alrededor de Q35 mil, para la construcción de nuevas viviendas.

El Ministerio Público en conjunto con la Unidad de Ambiente de la Procuraduría General de la Nación (PGN) han iniciado una investigación que permita establecer e identificar a los responsables de otorgar permisos o licencias para construir en el área o si alguien tomó acciones oportunas para evitar la tragedia. Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP, dijo en una entrevista para Siglo XI, “vamos contra quienes resulten responsables. Quién tenía la jurisdicción y quién estaba recibiendo los impuestos o beneficios de los vecinos del lugar.” Por su lado, la PGN también solicitó a la CONRED una copia de los informes donde se declaraba la emergencia del lugar realizados por esa institución.  Parece de nuevo, que la municipalidad deberá responder por los hechos.

Por último, el Ministerio de Finanzas Públicas, afirmó que cuenta con un fondo de Q191 millones para cubrir emergencias y que podrían utilizarse para esta, pero no se ha ejecutado debido a que para poder utilizar estos recursos se debe declarar un estado de calamidad en la zona afectada por parte del Organismo Ejecutivo que luego pasa a ser ratificado por el pleno en el Congreso.  Ante esta situación, Alejandro Maldonado actual Presidente de la República, no se ha pronunciado, afirmando que durante su última reunión de gabinete se abordaron generalidades del problema ocurrido y que no se tocó el tema del estado de calamidad.

3. Candidatos a la presidencia

Tanto Sandra Torres como Jimmy Morales, a través de sus cuentas en redes sociales, también dejaron ver su preocupación y reacción ante lo ocurrido:

Ninguno de ellos se pronunció con líneas claras sobre lo que realizará su gobierno para evitar estas tragedias, y en redes sociales muchos usuarios criticaron el abuso de la imagen pública en estas emergencias.

En siete días, los ciudadanos guatemaltecos hemos escuchado muchas declaraciones de diferentes instituciones y personas respecto a lo ocurrido en Cambray II; sin embargo, al final pareciera que nadie quiere hacerse responsable de la tragedia. Las autoridades de la Municipalidad de Santa Catarina se escudan en que no tenían conocimiento de la magnitud del posible desastre y que a pesar de haber trasladado la información a los vecinos, ellos no quisieron desalojar el área. La CONRED juega el papel de clarividente sin asumir ninguna responsabilidad por lo ocurrido, cuando pudieron haber presionado y llamado la atención públicamente para que se hiciera algo al respecto. Los ministerios y la presidencia que también pudieron atender el problema, únicamente reaccionan fomentando la caridad ante la tragedia, sin dar cuenta de acciones que pudieron haber hecho para prevenir lo ocurrido; y por último, los candidatos a la presidencia, se les presenta la situación como una oportunidad de ganar más votos.

El problema resulta siendo de todos y de nadie, el liderazgo y la responsabilidad por lo ocurrido se vislumbra difuso.

Las tragedias en este país suceden en cualquier momento, y cuando ocurren, son los guatemaltecos quienes se vuelcan a atender y apoyar las emergencias. Las instituciones gubernamentales que tienen como función principal planificar, prevenir riesgos y garantizar una buena calidad de vida para los guatemaltecos, no lo hacen, o lo realizan de manera dispersa, llegando al punto en el cual quienes sufren finalmente de este desorden gubernamental, son los mismos guatemaltecos, este caso las familias del Cambray quienes pagaron con sus propias vidas.

Esta tragedia, como mucha de otras en el país, se pudo prevenir. Sin embargo, ahora es evidente que el ojo público y la ciudadanía están más pendientes de quiénes son los responsables de atender las diferentes situaciones y problemáticas del país. Estar conscientes que más allá de una ayuda paliativa, los ciudadanos podrían exigir mejor ejecución de los impuestos que día a día se pagan para mitigar las emergencias y garantizar una vida digna a todos los ciudadanos que habitan este país, puede ser también una manera de apoyar el buen vivir de todos los guatemaltecos. En la tragedia de El Cambray II existen varios responsables, y ellos deberán asumir las consecuencias de su desatención a una situación que a todas luces, requería de su priorización.

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