By Brújula
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Gabriel Reyes / Opinión /

Si bien la experiencia ha desencantado tanto a los sectores populares, como a muchos académicos, el Estado como administrador de recursos es inminente. Su trabajo en gobiernos anteriores y sobre todo en el gobierno del Partido Patriota como desfalcador criminal y descarado de los fondos públicos ha provocado que el debate del financiamiento, la recaudación y la definición del presupuesto asignado se incline para la balanza de la reducción. Habrá que entender entonces que implicaciones tiene este debate, y hacía donde se dirige la situación del gasto social en Guatemala.

Es evidente que una buena parte del presupuesto se diluye en estar expuesto a una corrupción que ha quedado más que claro, es una variable activa en la distribución de recursos (ICEFI ha estimado que por lo menos Q20.8 millardos del Presupuesto General de la Nación 2015 son “vulnerables o expuestos” a la corrupción), la combinación con el factor ingresos e inversión en gasto social no ayuda. Según Valerie Julliand, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, Guatemala ocupa el puesto 135 de 155 países en materia de inversión social, el último en Centroamérica; irónico si pensamos en los niveles de pobreza y desigualdad, y que el mercado no ha cumplido la promesa de ejecutar una tarea (que no le corresponde) de generar condiciones relativamente igualitarias, o al menos dignas para los habitantes de este país.

La pregunta entonces tiene que ver con ¿Qué tiene que ser primero, el huevo, o la gallina?, ¿debemos recuperar la confianza en la administración pública, depurando las instituciones y eficientizando el miserable presupuesto que se destina a inversión social y luego pensar en incrementar la recaudación asignando mayor carga impositiva en el país que menos recauda y que menos asignación impositiva tiene en Centroamérica? O ¿debemos aumentar la carga impositiva para permitir que el Estado se capitalice y tenga recursos para mejorar los procesos administrativos y la inversión social?

Ninguna respuesta parece correcta bajo el lente ideológico inmediatamente opuesto.

Los sectores empresariales y sus intelectuales, han colocado una barrera mediática (que parece tener mucho sentido) para resistir algunos impulsos, como lo es el propuesto por el jefe de CICIG, Iván Velázquez (fuera de su mandato), de crear un impuesto destinado a combatir la corrupción; aunque la propuesta es evidentemente debatible, parece que el colombiano solo sugería que tuviéramos la decencia de, al menos, financiar nuestra propia “lucha contra la corrupción”. Hoy cualquier situación es buena para rebatir los argumentos que proponen aumentar cargas impositivas, como el publicado recientemente donde la portuaria Quetzal planeaba comprar canastas navideñas para sus empleados, o los convivios navideños financiados con fondos públicos, o el repugnante “bono navideño” de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no digamos la información publicada por ICEFI, donde indican que más o menos el 20% del presupuesto se pierde por factores relativos a la corrupción y claro está, por los casos de corrupción destapados por CICIG durante el 2015 relacionados con la mafia criminal que le costarán la silla presidencial a Otto Pérez Molina y su gente.

Entonces, cayendo un poco en un reductio ad absurdum, entendemos que queremos eficientizar la administración pública, pero sin recursos para pagar personal calificado, mucho menos procesos de capacitación técnica adherido al vulgar clientelismo de puestos y el nepotismo institucionalizado en todos los sectores del Estado; tampoco Dios nos libre garantizar prestaciones y beneficios laborales a las burocracias bajas y medias, básicamente pedimos magia.

Segundo, queremos que un presupuesto minúsculo, disperso en gastos de administración, se multiplique por acto de milagro cristiano y se vea en disposición de reabastecer los hospitales públicos (o nosocomios para irritar a Danilo Parinello) y escuelas, y si eso no pasa, dependemos de que el sector empresarial sufra de una epifanía cuasi sacra y decida innovar a través de formas de redistribución relativas a la caridad, o bueno; doblen el brazo ante la inminente necesidad de aumentar la carga impositiva que les correspondería. A eso agreguémosle que los sectores informales se descarguen en bandada hacía su agencia SAT más cercana, hagan las tres horas de cola y decidan entregar el 5% de sus ganancias en la venta de chocolates Crispin en el semáforo del Segma, digo, valga la racionalidad, son escenarios improbables.

Perdone usted el pesimismo, pero el escenario se ve nebuloso, el primer año de gobierno que le espera a don Jimmy Morales, parece más destinado a un fracaso administrativo inminente, del que incluso, podemos eximir de culpa al otro comediante.

Ya basta de excusas, aumentar el tamaño del Estado acompañado de eficientizar el gasto y mejorar los procesos de administración pública, es, en papel carbón la necesidad latente; conseguirlo parece lo relativo a subir el Everest, sin mencionar lo improbable que los consensos necesarios se materialicen. Desde una perspectiva de Ciencia Política, esta lucha de poderes que se descarrila lejos de la discusión central y parece agudizar otros intereses, no podrá ser mediada por el presidente electo, esquivo y burdo en su capacidad de ejercer un liderazgo orientador.

Como diría el buen Omar Méndez, miro verde….

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