By Mayid Alegria
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En los próximos días, se elegirán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA) para el periodo 2020-2024, por lo que es importante que estemos pendientes del actuar del Congreso de la República en el ejercicio de su función y obligación constitucional, con el objetivo permanente de consolidar un Organismo Judicial (OJ) fuerte, independiente, responsable, transparente, integral, eficaz y eficiente. En ese sentido, he construido una síntesis de lo que ha pasado en este proceso accidentado y los retos para las próximas autoridades del OJ. 

Por una justicia pronta, independiente e imparcial

El 12 de octubre de 2019 terminó el periodo constitucional de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. En su oportunidad, la CSJ solicitó la opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC) para resolver el problema derivado del proceso de elección a magistrados, CSJ y CA. En dicha opinión, los magistrados de la CC resolvieron que debían mantenerse en sus cargos hasta que hubiese un sucesor, es decir, hasta que el Congreso de la República de Guatemala elija a los futuros magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, con el objetivo de hacer que el sistema siga circulando.

Luego de la primera interrupción del proceso de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, debido a los distintos vicios suscitados en la elección de las comisiones, el proceso se reinició con el objetivo de priorizar los principios de: transparencia, capacidad, idoneidad y honradez con los que se deben efectuar absolutamente todos los procesos que postulen, elija o designe a algún funcionario público.

Por otro lado, en el año en curso, el Ministerio Público interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de que el Congreso de la República no eligiera a los magistrados a CSJ y CA ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad revelará reuniones de algunos jueces, magistrados y comisionados con el ciudadano Gustavo Alejos, lo cual atentaba con el accidentado proceso de elección de magistrados. 

En ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad dictó sentencia y otorgó amparo el 6 de mayo de 2020, en la acción promovida por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), contra el Congreso de la República. En dicha decisión, se desprendían una serie de efectos que incidían directamente los candidatos a magistrados de la CSJ y  CA, así como al proceso de elección propiamente.

Estimo oportuno destacar algunos efectos:

  • Ministerio Público: una vez notificado, tendría un plazo de diez días (después de que la sentencia cobrará vigencia) para remitir un informe al Congreso de la República en donde se desarrollara la investigación penal efectuada, sobre la posible manipulación e influencia que afectó al proceso de elección de magistrados. En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, presentó a la luz pública dicho informe. En él se detalla la intervención de actores externos al proceso, que pretenderían cooptar a la justicia para atender intereses personales (https://youtu.be/ILBLkQFf1YA).
  • Junta Directiva del Congreso de la República: se le ordenó poner a disposición de todas y todos los diputados del Congreso los expedientes de los candidatos que conforman la nómina a magistrados de CSJ y CA, así como el informe presentado por el Ministerio Público.
  • Diputados del Congreso de la República: una vez recibida la información y analizada exhaustivamente, procederán a votar tomando en cuenta lo postulado por el MP y la sociedad civil (ver Artículo 103 de la  Ley Orgánica del Organismo Legislativo)

Finalmente, quiero enfatizar en la importancia que representa para todos los habitantes de la República de Guatemala la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones la cual a veces pasa desapercibida por los ciudadanos.

La nueva administración de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones enfrentará una serie de retos, dentro de los cuales se pueden destacar: reconstrucción de su credibilidad, asegurar la justicia en los casos pendientes, ser el contrapeso de los otros dos organismos de Estado, entre otras. Consecuentemente, deberá hacer efectiva y pronta la administración de justicia de forma transparente e imparcial, sin deberse a ninguna sector o sujeto que desee afianzar sus privilegios, intereses políticos y espurios.

¿Qué tan oportuno sería plantearse y proponer una reforma constitucional para la elección de magistrados de CSJ y CA?

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