Andrea Villagrán/ Opinión/
Los escándalos sobre la evasión fiscal han estado muy presentes en la opinión pública del guatemalteco. No porque antes no existieran[1], sino porque los medios de comunicación han mostrado un papel muy activo de información, así como los casos trabajados por el MP y la CICIG que han salido a luz, y otros a nivel mundial. Todos hablan de ello y sobre esto quiero abrir la discusión. Me parece interesante ver el rechazo tajante a la corrupción del funcionario público, mientras que la del empresario genera un parte aguas de opiniones, por quienes la rechazan y quienes la justifican.
Veamos. Como conocemos, el financiamiento de las instituciones públicas depende de dos fuentes, la principal en base a la recaudación fiscal y la secundaria mediante préstamos (bonos del tesoro, créditos bancarios BID, BM, etc.) para completar (o mejorar) el Presupuesto General de la Nación. Esto permite el funcionamiento de la estatalidad.
Al existir déficit en la recaudación fiscal ponemos en riesgo la capacidad de las instituciones públicas en atender las demandas ciudadanas.
Hablemos del caso reciente de Aceros de Guatemala, quien evadió impuestos a través de simulación de compraventas a empresas de cartón. Que además contrató a un tercero para encargase de eliminar las querellas realizadas por la SAT y así obtener devolución de créditos fiscales, involucrando directamente a los directivos de la SAT. Claro, esta no es ni ha sido la única empresa, pero nos ejemplifica lo que muchas realizan para evadir el pago de impuestos.
Otro caso es la filtración de documentos confidenciales de la firma Mossack Fonseca de Panamá sobre empresas que utilizan offshores vinculados a jefes de estado, miembros de la clase política y grandes empresarios[2]. Aunque este tipo de negocios no son ilegales, el tipo de transacciones sí pueden. Los offshores pueden ser utilizados para agilizar transacciones comerciales, proteger la identidad de los propietarios, lavado de dinero etcéra. Así, también funcionan para no pagar impuestos frente a un país determinado. Esto evidencia otra práctica de empresas guatemaltecas para evitar el pago de impuestos.
Algunos de los argumentos que defienden este tipo de prácticas se sustentan en que en Guatemala se pagan muchos impuestos y/o que la clase política se lo roba.
Y que por lo tanto, es justificable. ¿En serio? En todo caso, es importante mencionar que la carga tributaria de Guatemala es una de las más bajas de América Latina. Cuando vemos que las empresas que más evaden impuestos son aquellas grandes empresas con el poder político y económico para hacerlo, de pagar las grandes cantidades que son exigidas, que se traducen en compra de funcionarios, operadores políticos, sobornos etc.; o que crean empresas en paraísos fiscales fuera del país en donde residen. Entonces, ¿quiénes sí cumplen con el pago de impuestos? por lo general la clase media, las empresas medianas y pequeñas (que genera una competencia bastante injusta). Si todos pagaran impuestos, probablemente alcanzaríamos la meta de recaudación fiscal, abasteceríamos hospitales, tendríamos un mercado más justo de competencia. Aun así, creo que sería necesario el aumento de impuestos progresivos (como el ISR), para tener instituciones con mejor capacidad de respuesta a las necesidades del país que contribuyan al desarrollo social.
En algún lugar escuché esta frase que me parece muy oportuna: “Queremos un país de primera, pagando impuestos de tercera”. En un país donde la clase media se reduce aceleradamente y la extrema pobreza aumenta, no tienen sentido los argumentos que justifican la evasión fiscal por parte de empresas millonarias (y por ninguna). De igual forma, tenemos retos institucionales en los que debemos trabajar como la transparencia y justicia, por lo que esa debe ser parte de nuestras demandas ciudadanas. Consecuentemente, si seguimos en esta lógica solo acentuaremos cada vez más la desigualdad social. La última encuesta de Encovi muestra un crecimiento significativo de la población en condiciones de pobreza, para 2014 fue de 59.3% de la población total.
“Pero todo ese mundo de prosperidad seguía generando sumas ridículas como impuestos, de manera que había riqueza privada y pobreza pública, una condición que hasta la fecha carcome a Guatemala, mutilando sus energías.” –Gustavo Porras en Las Huellas de Guatemala.
[1] A lo largo de la historia existen varios pasajes documentados que nos muestran esta tensión entre lo público y lo privado. Paul Dosal, en su libro sobre el ascenso de las élites industriales en Guatemala, describe por ejemplo cómo la Cervecería Centroamericana socavó a su competencia mediante el uso del Estado, gracias a concesiones de exclusividad, impuestos regresivos, barreras arancelarias. Esto fue posible, debido a operadores políticos que respondían a intereses privados. Esto también es corrupción.
[2] Guatemala es el sexto país que más utilizó la firma de Mossack Fonseca.
