Martín Berganza / Opinión /
El caso de las mujeres de Sepur Zarco es paradigmático para la sociedad guatemalteca. Por primera vez, en nuestras latitudes bananeras, se juzgó a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por los delitos de desaparición forzada y asesinato, así como violencia sexual. En otras latitudes más desarrolladas, esto se consideraría una victoria por parte de un Estado débil y maltrecho, que finalmente corrige las injusticias sufridas a miembros de sus comunidades más vulnerables. Pero no.
Resulta que acá, varios autodenominados “liberales” y “libertarios” critican al proceso mismo por ser una cuestión ideológica, cuando por pura lógica, ellos deberían estar a favor del mismo.
Me explico: el liberalismo europeo y su hermanito radical, el libertarismo, basan su filosofía en una premisa: la libertad individual es la circunstancia ideal del ser humano, y el Estado más deseable es aquel que permita el máximo goce de la libertad a sus ciudadanos. Tomando esto en cuenta, se crearon Estados constitucionales, donde se establecieron las formas del Estado y primaba la sujeción de la administración del mismo a la ley y al derecho, de donde nace el famoso concepto de “Estado de Derecho”. Los mismos Estados reconocieron los derechos inalienables a sus ciudadanos, y estos más adelante se enmarcaron en el derecho internacional. De estos derechos, podemos mencionar el derecho a la vida, a la libertad, a la libre determinación de los pueblos (resultado de los movimientos nacionalistas europeos del siglo XIX), a la igualdad ante la ley, y al debido proceso, entre otros. Y luego, con el progreso de la historia, los derechos reconocidos por el derecho internacional crecieron hasta incluir la libertad e indemnidad sexual.
Partiendo de estos supuestos, parece inconcebible que, durante el juicio, se les llamó “prostitutas”, se les acusó de promover el juicio nada más por un resarcimiento económico, se dijo mil y una barbaridades en contra de estas mujeres, precisamente por personas que se autodenominan “liberales”, “libertarios” o sencillamente conservadores. A estas personas les pregunto: ¿No es positivo que se busque justicia contra el Estado? ¿Les gusta pensar que pueden quedar impunes delitos de lesa humanidad?
O acaso su furor, su indignación por la resolución, ¿se deberá al hecho que, en su concepción extraña, las mujeres indígenas son ciudadanos de segunda categoría que no merecen justicia?
El discurso de estos columnistas y figuras públicas me parece una actitud de lo más contradictoria y deleznable. No solo no se está dándole el respeto que se debe a las mujeres, llamándolas toda clase de improperios, sino que encima, defienden a la institución que representa la fuerza del Estado. Es contradictorio. ¿Cómo puede un liberal justificar abusos estatales? Peor aún, ¿cómo pueden llamarse ideológicamente consecuentes con semejantes palabras?
El juicio de Sepur Zarco no “reabrió” heridas, como suelen decir. Cerró un capítulo negro en la historia de nuestro país. Mientras los delitos contra la población civil de los tiempos del conflicto armado interno sigan impunes, difícilmente podremos soñar con construir un verdadero estado de derecho.
