Después de varios meses y mucha discrepancia, el Congreso de la República aprobó el préstamo Crecer Sano, el cual pretende dotar al Gobierno de Guatemala de recursos financieros para diseñar e implementar políticas orientadas a combatir la desnutrición crónica y proteger a los menores en riesgo.
Por un lado, la aprobación del préstamo constituye un logro ya que los diputados del Congreso lograron llegar a un acuerdo para tratar un tema ajeno a los dimes y diretes políticos que día a día se discuten en el edificio legislativo. Sin embargo, después de la aprobación y los trámites correspondientes entre el gobierno guatemalteco y el Banco Mundial, que es el ente que otorgará el préstamo a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF-, viene la parte más importante: la ejecución.
Aquí es donde el escepticismo y la duda tocan la puerta. El órgano ejecutor del préstamo será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social; es decir, dos instituciones que han demostrado no estar a la altura de la realidad socio-económica del país y donde el riesgo de que los fondos del préstamo nunca lleguen a los beneficiados es altísimo.
El problema de este tipo de programas es que el dinero tiene que pasar por las manos de la clase política, y en este caso en particular, los órganos ejecutores son dos actores cuyos resultados en su gestión anual son paupérrimos (tomando en cuenta que la gestión de dichas instancias se puede medir ya sea analizando la forma en la que ejecutan su presupuesto o bien, analizando indicadores socio-económicos que están vinculados a las tareas de las mismas). Aunado a ello, el programa contempla una duración de cinco años, lo que obliga a que el programa debe tener directrices sólidas que le permitan dar continuidad a pesar del cambio de gobierno o el relevo de personas a cargo de instituciones con un papel importante dentro de la ejecución del plan.
La fiscalización también debe ser importante durante el proceso. El papel de la academia, los tanques de pensamiento y los centros de investigación es crucial para darle seguimiento a las acciones que se tomen desde el Ejecutivo. De igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir que el Gobierno utilice de manera adecuada estos recursos, que al fin y al cabo, van ser a pagados por el contribuyente y las generaciones futuras.
Aunque es prematuro salir con bandera pesimista, la historia reciente nos ha enseñado lo insensible e incapaz que es la casta política guatemalteca y que constituye un peligro que $100 millones sean manejados por los mismos que tienen hundido al país.
El político siempre va a tener presente, que el costo de la deuda lo paga el contribuyente y por lo tanto, los incentivos para hacer las cosas mal van a ser enormes porque las consecuencias y los errores los van a pagar otros.
Lo que se espera es que el programa sea puramente técnico y que no esté sujeto a la voluntad del “policymaker” o el político que quiera ver qué pedazo obtiene del pastel. Pero la realidad es otra y ojalá exista voluntad para hacer las cosas bien y sobre todo, para actuar en beneficio de la población más vulnerable.
Aunque las intenciones sean buenas, se debe tener en cuenta que, los programas de gobierno no hay que evaluarlos por sus intenciones, sino por sus resultados. Esperemos que esta vez sí se hagan las cosas de diferente manera. Los guatemaltecos lo merecen.
