By Diego Secaira
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Diego Secaira/ Colaboración/

En los últimos días se han convocado nuevas manifestaciones, esta vez en contra del alza de los impuestos. En las pancartas se pueden leer consignas que llaman a la lucha por la democracia. Las protestas desde el año pasado nos han llenado de un sentimiento democrático, a tal punto que parte de la opinión pública se atrevió a llamarla “revolución democrática”.  Desde las primeras manifestaciones nos llenamos muchos de esperanza. Una esperanza que mostraba que por fin los guatemaltecos pensaban en al menos hacer algo con respecto a la corrupción y al mal uso de nuestros recursos. Pero, ¿construcción de democracia?, ¿revolución democrática? Considero que esas son palabras mayores.

A poco más de un año de la grandes protestas del 2015, vemos que existen de nuevo llamados a seguir manifestando. Con toda seguridad estas protestas son legítimas formas de ejercer la libertad de expresión y de brindar o no, legitimidad a un presidente. Pero, ¿construcción de democracia? La democracia no se puede entender simplemente bajo la libertad de expresión. Si bien la libertad de expresión es condición necesaria para la democracia, ésta puede existir bajo regímenes poco democráticos con rasgos autoritarios.

Debemos comprender que la democracia nos exige más que libertad de expresión, exige la competencia de partidos políticos y las condiciones para que éstos se desarrollen plenamente. Adicionalmente proporciona las condiciones para que la sociedad se organice libremente y realice ejercicios de auditoría social, entre otros. El problema en el país es la baja calidad de los partidos políticos y rechazo generalizado que se ha engendrado en la población. Pero si no nos gusta la democracia de partidos ¿cuál otra?

Quiero decir firmemente que la manifestación no basta para construir democracia, ni para combatir la corrupción. Hace falta un nivel más elevado de organización.

Debemos comprender que el país se encuentra en un proceso de consolidación democrática, que transita desde el autoritarismo. Frente al autoritarismo se conocen dos procesos claramente diferenciados, la liberalización y la democratización. La liberalización comprende de manera muy general, en el ámbito político, la apertura de ciertas libertades mínimas a la población en general. Dentro de éstas están formas de libertad de expresión. La democratización (la que nos interesa en este momento) comprende de forma general el acceso efectivo a espacios políticos de toma de decisión por parte de amplios sectores de la población.

Entonces, es la democratización lo que buscamos, entendida como la entrada efectiva a esos espacios. Nos podemos volver a preguntar, ¿la manifestación nos abre esos espacios políticos?, ¿de un año para acá la población que manifestó está inserta en los procesos de toma de decisión o siguen siendo marginales a éstos? La respuesta es bastante obvia. Los espacios políticos continúan cerrados y la presión internacional por medio de la CICIG y la embajada de Estados Unidos mantiene los cambios en movimiento. Esto es evidente a tal punto que existe por parte de los congresistas una iniciativa de ley que pretende expulsar del país a todos los extranjeros que se entrometan en la política nacional.

¿Qué hay que hacer? ¿Cómo entramos a esos espacios de decisión política? Bueno, hay que entender el sistema y los procesos. ¿Dónde se toman estas decisiones? ¿Dónde se hacen las negociaciones y quiénes son los negociantes? Podríamos pensar principalmente en el congreso, la presidencia y alcaldías en coordinación muchas veces con algunos sectores productivos (principalmente las cámaras que los representan) y otros grupos corporativos o de presión; también, aunque en menor medida, con grupos de sociedad civil o grupos comunitarios.

Para que la democratización sea efectiva necesitamos instituciones que logren insertar nuestros intereses.

Entendiendo el proceso de toma de decisiones, podemos afirmar que el partido político es la manera efectiva de entrar a esos espacios. Las manifestaciones como movimientos sociales solo buscan incidir en la opinión pública para que los actores que sí toman las decisiones tengan en cuenta las demandas expresadas. Los manifestantes a la hora de hacerlo no pasan a ser actores políticos relevantes, brindan o retiran legitimidad y buscan incidir pero no son parte con poder de negociación.

Las protestas requieren un nivel mínimo de organización. Esto no le permite articular sus demandas de manera efectiva. La primera limitación es que no se podría obtener una idea clara de lo que este tipo de manifestaciones demanda en en el sentido positivo (es decir la propuesta), solo en sentido negativo (es decir qué es lo que no se quiere, (no más impuestos, no más corrupción, etc.) Luego tenemos que lo único que las manifestaciones tienen para obtener a cambio (es decir su poder de negociación) es la legitimidad de los manifestantes. A diferencia de los partidos políticos que tienen cuotas de poder formal, los cuales tiene más peso en una negociación (pensemos en la negociación de un presupuesto en donde se hace la negociación con votos).

De manera similar, la sociedad civil organizada o grupos comunitarios tienen una incidencia limitada (aunque mayor que las protestas) frente al partido político ya que su capacidad de negociación es menor, debido a que éstos  de igual manera no poseen formalmente el poder de decidir. Sin embargo, su nivel de organización le permite articular propuestas concretas o formular demandas formales ante las organizaciones competentes y otro tipo de intervenciones legales.

La democracia nos exige la participación en partidos políticos. Esta requiere de una organización institucionalizada que nos permita como ciudadanos insertarnos en el proceso de toma de decisiones.

Debemos pasar entonces de los espacios en las plazas a las curules en el congreso, de los carteles a la organización y de los cantos a las propuestas.

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