Retrasos en investigaciones y ausencia de tribunales permanentes agudizan la criminalización de la prensa en la vía penal, según expertos.
Por Liliana Benito
El Ministerio Público (MP) ha recibido 298 sentencias de agresiones contra periodistas en Guatemala, del 2021 a la fecha, pero los tribunales solo han resuelto nueve sentencias en ese periodo. Esto, de acuerdo con expertos, demuestra que la libertad de prensa en Guatemala está marcada por cuestionamientos que no se resuelven pronto.
En este contexto, Guatemala fue clasificada como país con restricción en el Índice Chapultepec 2025, con una puntuación de 45.20. Un indicador que evalúa el estado de la libertad de prensa y expresión en América. El informe advierte sobre la debilidad de las garantías institucionales para el periodismo y evidencia un marco donde persisten riesgos para la libre emisión del pensamiento definida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Según María José Mansilla, vocera del MP, entre el 2021 y 2026 la fiscalía especializada recibió 298 denuncias por agresiones contra periodistas. La cifra se desglosa de la siguiente manera: 60 casos en 2021; 48, en 2022; 60, en 2023; 69, en 2024; 47, en 2025, y, en lo que va de 2026 las denuncias suman 14.
Sin embargo, de todas las denuncias presentadas, solo se dictaron nueve sentencias, según datos del órgano investigador. Los delitos más comunes documentados por la fiscalía son coacción, abuso de autoridad, detención ilegal y obstaculización a la justicia.
Mansilla explicó que el avance de la investigación depende de la complejidad de cada caso y de la solidez de las pruebas presentadas. También precisó que una vez un expediente llega a tribunales, el traslado puede realizarse entre uno y seis meses, pero, en situaciones de mayor complejidad, el proceso puede extenderse hasta un año.
La brecha entre la cantidad de denuncias y sentencias refleja una problemática estructural de impunidad, refiere un experto.
Según Sergio Morales, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta situación debilita la democracia y expone a los periodistas a mayores riesgos. “La criminalización del periodismo no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino que pone en peligro el derecho de toda la ciudadanía a estar informada”, agrega.
Morales relacionó este problema con el caso del periodista José Rubén Zamora, considerando que la prolongada prisión preventiva evidenció fallas en la aplicación de garantías constitucionales. Desde la perspectiva de Morales, el uso prolongado de esta medida terminó funcionando como una pena anticipada.
“Se trató de una detención arbitraria porque no se priorizaron alternativas menos lesivas, como las medidas sustitutivas”, expresó Morales.
El caso también abrió el debate sobre los tribunales de imprenta, creados para conocer delitos relacionados con publicaciones periodísticas y evitar que los autores sean tratados en la justicia penal ordinaria. Sin embargo, Morales advirtió que su funcionamiento ha sido limitado.
Para Morales, la temporalidad de estos tribunales y la complejidad de su integración generan vacíos legales que afectan la eficacia de dichos órganos, por lo que muchos casos terminan en la vía penal común, lo que aumenta la percepción de judicialización del periodismo.
En el Organismo Judicial (OJ), la postura es que los jueces actúan con independencia y respeto al debido proceso.
Rudy Esquivel, vocero del OJ, aclaró que no se puede generalizar que un proceso penal contra periodistas implique persecución o represalia. “Cada expediente se analiza según los hechos, las pruebas y la tipificación legal correspondiente”, indicó.
Esquivel recalcó que el OJ actúa como garante constitucional y que sus decisiones se toman según el marco legal vigente. Los jueces, añadió, gozan de autonomía plena para resolver.
Respecto a los señalamientos de “terrorismo judicial”, concepto usado por algunos sectores para describir procesos considerados coactivos, Esquivel sostuvo que las resoluciones judiciales se deben evaluar desde criterios legales, y no políticos.
Asimismo, mencionó que la Corte Suprema de Justicia impulsó la iniciativa 6708 para reformar artículos del Código Procesal Penal, propuesta que se dio a conocer en el pleno del Congreso de la República el 10 de febrero pasado. La normativa propuesta busca fortalecer los procedimientos judiciales.
La situación territorial del país también refleja desigualdades, según los registros. Mansilla explicó que, aunque el departamento de Guatemala centra la mayoría de las denuncias periodísticas, Quetzaltenango ocupa el segundo lugar en reportes, en parte por la mayor cantidad de población y periodistas.
“El Ministerio Público cuenta con una fiscalía especializada que activa protocolos de atención y acompañamiento cuando los casos están vinculados a la labor periodística”, opina Mansilla, quien agrega que muchas veces los casos no avanzan porque no están relacionados directamente con la labor periodística, no se identifica al agresor o existen retrasos judiciales fuera del control del MP.
En Guatemala, el debate sobre la libertad de prensa sigue abierto. Las cifras oficiales, la baja cantidad de sentencias y casos como el de Zamora muestran que la protección a la labor periodística aún enfrenta grandes retos.
“Más allá de reformas legales, el principal desafío es lograr que las instituciones respondan con resultados efectivos, transparencia y respeto irrestricto a la libertad de expresión, un derecho fundamental para la democracia en el país”, sentenció Morales.
De izquierda a derecha: Sergio Morales – director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, María José Mansilla – vocera del Ministerio Público de Guatemala, Rudy Esquivel – Organismo Judicial.
Crédito: Liliana Benito.
