Luis Arturo Palmieri / Opinión /
Ahora que estamos en las vísperas de tener una segunda vuelta electoral, creo conveniente analizar un tema al que en Guatemala se le ha prestado muy poco estudio y atención: la transición presidencial. Debido a que en nuestro país no existe ni legislación ni estudios sobre el tema, he decidido realizar un breve estudio sobre la forma en que se lleva a cabo la transición presidencial en Estados Unidos.
Lo único que tienen en común Estados Unidos y Guatemala en el tema de transición presidencial, es que el presidente electo tiene aproximadamente 11 semanas entre las elecciones y el día de toma de posesión para organizar a su administración. Todo lo demás es totalmente diferente entre un país y otro. En Guatemala estamos a años luz de diferencia respecto a la forma en que se realiza la transición presidencial en Estados Unidos.
Las diferencias radican, en primer lugar, en que en Estados Unidos existe una ley que regula el marco general de la transición presidencial (Presidential Transition Act of 1964 y sus reformas), mientras que en Guatemala se realiza de manera ad hoc cada transición.
Otras diferencias radican en que, en Estados Unidos las transiciones presidenciales se empiezan a organizar incluso antes de que sean las elecciones. Meses antes de la elección, cada partido establece una junta de asesores que se prepara para una eventual transición presidencial. En aquel país también hay una dependencia gubernamental (Administración de Servicios Generales) encargada de facilitarle fondos, servicios, instalaciones, equipo y otras cosas a los candidatos a Presidente y Vicepresidente que fueron electos. Incluso existe en EEUU un proyecto permanente de transición en la Casa Blanca (White House Transition Project) que fue creado por estudiosos de la presidencia en conjunto con la Asociación de Ciencia Política de América, y que se encarga de facilitar información indispensable de las administraciones anteriores a los funcionarios que están por ocupar sus respectivos puestos.
Una diferencia radical es que en Estados Unidos la ley obliga a que el Presidente saliente, con no menos de 6 meses de anticipación al día de las elecciones, cree un Consejo de Coordinación de Transición (Transition Coordinating Council), el cual está compuesto por altos funcionarios del gobierno estadounidense. Incluso se crea una agencia específica compuesta por directores del consejo, encargada de los materiales e información necesaria para realizar la transición de la manera más eficiente posible.
Para la transición Bush-Obama, el presidente Bush creó dicho Consejo en octubre de 2008 (y Obama asumió el cargo a partir del 20 de enero de 2009), es decir, existía una planificación gubernamental en la que se estaba preparando la transición presidencial. Para dicha transición se contrataron a 450 personas y se gastaron aproximadamente 12 millones de dólares para llevarla a cabo. La administración de Bush fue elogiada por facilitar y simplificar el proceso para los nuevos funcionarios del gobierno de Obama. Ejemplo de ello es que se realizaron distintas actividades de capacitación para el equipo de seguridad nacional de Obama, ello para garantizar que estos tuviesen los conocimientos necesarios para hacer frente a una crisis desde el primer día de estar en el cargo.
En Guatemala, la transición gubernamental es un chiste (si piensan en Jimmy Morales, es pura coincidencia). Empecemos por que ni siquiera existe una ley que regule de manera general la transición presidencial. Aunemos a eso el hecho de que el candidato que más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, de manera irresponsable lanzó su candidatura sin siquiera tener un plan de gobierno. Agreguemos, por último, un ejemplo de la transición Arzú-Portillo. Se dice que cuando Alfonso Portillo y Francisco Reyes llegaron a la Casa Presidencial, se percataron de que sus predecesores se habían llevado desde computadoras y vajillas, ¡hasta los focos de luz!
Este proceso electoral 2015 es un buen ejemplo para demostrar que en Guatemala los gobernantes de turno no se preocupan por cómo pueden ayudar a la administración entrante, sino que solo se preocupan en cómo llenarse los bolsillos de dinero en los últimos meses de gobierno. Y por su lado, los candidatos no se preocupan por conseguir información que les permita realizar un trabajo efectivo desde el primer día de gobierno, sino que solo se preocupan por el hecho mismo de llegar al gobierno, ¡como que si fuera un fin en sí mismo!
Cierto es que en tres o cuatro meses no es posible realizar cambios sustanciales en el país, y cierto es, también, que tres o cuatro meses es muy poco tiempo para planificar adecuadamente una transición presidencial. Sin embargo, el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre nos pone hoy, por primera vez, en una situación de ventaja en el tema de transición presidencial respecto de Estados Unidos.
Y es que aquel país nunca ha tenido un gobierno dedicado exclusiva y específicamente a garantizar una sana transición presidencial, como hoy Guatemala lo tiene.
Lo anteriormente considerado debe llevar a la conclusión de que este gobierno es realmente importante pues tiene la ardua tarea de limpiarle al gobierno entrante, de la mejor manera posible, toda la suciedad creada por Otto Pérez y por Roxana Baldetti durante su cometido delincuencial al frente de nuestro país. Sería una lástima que el gobierno que tendremos a partir del 2016 eche a perder todos los esfuerzos que realice esta fugaz administración. Nada mal estaría que Maldonado Aguirre deje como legado de su mandato una iniciativa de ley que regule la transición presidencial.
