By Brújula
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José Rodolfo Ruiz/ Opinión/

Una de las maneras por las cuales el Estado se abastece de recursos es a partir de la tributación de la población. Todos, quienes hemos pagado impuestos en algún momento nos hemos preguntado, ¿a dónde fueron? ¿en qué se invirtieron? En nuestro caso como guatemaltecos y por nuestra percepción de los funcionarios e instituciones públicas, muchas veces fundamentada, nos entra la duda: ¿quién se los quedó?

En el año 2008 se creó el decreto 57-2008 de la Ley del libre acceso a la información pública, actualmente vigente en la legislación. Dicho decreto tiene como principal objetivo el garantizar el conocimiento del público respecto a la distribución y uso de los recursos monetarios del Estado, estableciendo que todo individuo, ente, organismo, institución, o cualquier otro que administre o ejecute fondos de origen público, tiene por obligación volver de acceso público sus acciones; a lo que vulgarmente le llamamos “transparencia”.

Por supuesto, la ley no se limita al uso de dinero, sino que también se amplía a la organización de las instituciones, organismos y dependencias públicas así como todo tipo de contrato con el sector privado, sus fundamentos, formas de operar y evaluar sus resultados. Sin embargo, existen limitaciones e impedimentos, tanto legales como burocráticos en la aplicación de dicha ley.

Por un lado, las limitaciones legales se refieren a información considerada como confidencial, clasificada, o reservada, en tanto cumplan con el requisito de que su divulgación pueda resultar en riesgo para la seguridad pública. Esta contemplación dentro de la ley parece muy razonable, en tanto sea debidamente justificada.

Sin embargo, han existido diversas denuncias a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), respecto al incumplimiento de la ley por parte de instituciones y funcionarios. Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Alfonso Godínez, ex secretario de la Comisión de Acceso a la Información de la PDH, coincidieron en sus comentarios en un artículo del 2011 de La Hora  declarando que la ley es un paso a favor de la transparencia, pero que lamentablemente los funcionarios no están acostumbrados a rendir cuentas y la ciudadanía no está suficientemente educada para pedir información.

Periodistas destacados como Juan Luis Font, miembro editorial de la revista Contrapoder, han dicho públicamente que existe mucha información que los funcionarios se reservan sin que esto sea permitido por la ley, interponiendo obstáculos a la solicitud, como cartas escritas de requerimiento de la información en donde se justifique por qué y para qué se quiere hacer uso de dicha pesquisa.

Actualmente, en la rama del periodismo que se conoce como “de investigación”, se han realizado diversas denuncias del mal uso de recursos estatales por parte de múltiples funcionarios, dentro de las cuales destacan las críticas en gastos de alimentación, de combustible, viáticos y gastos telefónicos.

El periodismo de investigación utiliza las bases de datos públicos como una de sus herramientas, puesto que según la ley, todo lo realizado por instituciones públicas debe de ser publicado abiertamente con actualizaciones mensuales. En la práctica, sin embargo, las instituciones no suelen actualizar sus bases de datos o los saturan con información basura que dificulta la tarea periodística en su muy mencionada búsqueda de la verdad.

Esto da lugar a dos clases de censura en la información pública, que se mencionan en el párrafo anterior : la omisión deliberada y la saturación de información inútil. La primera permite una interpretación lógica: sin información disponible, no hay transparencia. Pero lo preocupante es el segundo tipo de censura, que lleva a que muchos políticos utilicen la transparencia como una herramienta de imagen, según Font, quién sostiene que el acceso a la información pública y la transparencia debiesen de acompañarse siempre de la calidad de información.

La misma Ley de acceso a la información  establece dentro de sus consideraciones que “los funcionarios y empleados públicos, son simples depositarios del poder que emana del pueblo; que el texto constitucional determina que la soberanía radica en el pueblo, el que delega para su ejercicio en los organismos del Estado y que ningún funcionario, empleado público ni persona alguna es superior a la ley”.

Entonces, si los funcionarios del Estado están para representarnos y trabajan para nosotros, ¿por qué no nos rinden cuentas de la manera debida?

Y lo que es más, ¿por qué como ciudadanos no los obligamos a hacerlo? Claro está que no debiésemos, pero los ideales no suelen aparecer más que en las promesas de campaña.

En el presente gobierno se han hecho diversas críticas a la vicepresidente Roxana Baldetti por mal uso de los fondos públicos. En lo anterior se criticó al Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), como “centro de corrupción”. Podemos ver que diversidad de funcionarios públicos derrochan dinero en restaurantes, viajes, muebles e inmuebles durante su período de mandato, sin mencionar que salen del gobierno considerablemente más ricos de lo que entraron. Sabemos que cada año existen cambios de funcionarios que resultan convenientes a intereses privados que financiaron las campañas políticas en épocas electorales. Y lo que es peor, cuando transitan en la calle van acompañados de seguridad privada en sus vehículos blindados con toda la prepotencia posible. Es evidente que la transparencia se queda siempre en papel.

¿Y cómo detenemos tanta corrupción en el país? El mayor reto está en el cambio de voluntad política, puesto que los entes públicos encargados del cumplimiento de la ley también son propensos a la corrupción. Solemos dejar que la publicidad de todo acto ilegal sea responsabilidad de los medios cuando en algunos casos éstos responden a los mismos intereses que el sector público, y aunque no lo hagan, éstos tienen su propia agenda basada en su principios, intereses propios, y fundamentalmente, lo que vende. Además, se suele investigar al sector público dejando a un lado a sus contrapartes en lo privado, la cantidad de contrataciones que se realizan para la ejecución de obras “para el bien público”.

Nunca he creído en que generalizar sea la mejor filosofía, pero nos siguen viendo la cara de tontos. ¿En dónde está la transparencia entonces?

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