Julio Prado/Colaboración
Quizá la faceta más conocida del fenómeno de la trata de personas sea la explotación sexual. Se debe a que durante siglos, la prostitución fue conocida con el nombre de “Trata de Blancas”, quedando en el imaginario social esa acepción; una que por peyorativa ha sido eliminada del discurso criminológico y político mundial desde hace más de sesenta años. Trata de blancas, hacía referencia a la diferenciación con la esclavitud entonces permitida: la de los africanos y sus descendientes con aquellas mujeres europeas que se veían involucradas en dicha actividad de manera ilegal. Además, la exclusión en términos raciales hacía imposible visibilizar la globalización del fenómeno.
La explotación no discrimina.
La trata de personas como tal, es la manera en que el derecho penal mundial hace referencia a cualquier forma de explotación, ejercida desde la actividad criminal organizada. Surge como concepto, de las primeras convenciones sobre Delincuencia Organizada de la ONU, a principios de la década del 2000; momento en que los países que formaron parte de la convención, entre ellos Guatemala, se comprometieron a erradicar este fenómeno, volviéndolo delito y castigándolo severamente.
Como actividad criminal, es la tercera que genera más ganancias a nivel global, luego del tráfico de armas y el narcotráfico. Aunque de estas tres, es la única cuyo objeto de comercio es la persona misma, por lo cual su gravedad aumenta. En Guatemala la trata de personas, como se concibe actualmente, se encuentra regulada como delito desde el año 2005, sufriendo algunas modificaciones en el 2009 que incrementaron las penas y proveyeron a la víctima de derechos con la obligación de ser observados por cada entidad que tenga relación con los mismos. Entre estos derechos están el ser atendidos como prioridad en los juzgados, ser resarcidos a través de una compensación económica de parte de quien se encuentra culpable el delito, la repatriación si así fuera el caso y el resguardo de su identidad.
El origen de este delito en nuestro país radica en problemáticas sociales como una población abandonada de los servicios estatales, un nivel muy pobre de educación, la poca oferta de trabajos dignos, la numerosa migración interna y externa que transita por el país, la impunidad o el machismo. Sobre este último tendremos que agregar que la trata de personas lo que busca es sacar provecho de un individuo, disminuyendo o negando sus derechos, ya sea a través de la prostitución, de las adopciones irregulares, de la mendicidad forzada, de la pornografía, del reclutamiento forzado a grupos delictivos, o cualquier forma de explotación.
Es decir, vuelve un objeto a una persona, pues sin sus derechos es eso: una cosa, al servicio de sus tratantes.
En este sentido, el rol del género juega un papel preponderante en las múltiples finalidades de la trata y tráfico de personas facilitando culturalmente su comisión. Hay una costumbre arraigada de crear la imagen masculina a través del ejercicio de la sexualidad mediante las relaciones sexuales pagadas; cabe mencionar que el 95 por ciento de los agresores en delitos sexuales son hombres, no importando si las víctimas lo sean o no. Es usual también encontrar familias monoparentales donde la mayoría de las veces el ausente es el padre, quedando bajo el resguardo de la madre quien por ser mujer ha tenido un menor acceso a los servicios de educación. Ello conlleva una agresión enorme. Pero aún más grave es la situación de los hogares donde ambos padres viven con los hijos, pero es el padre quien ejerce violencia sobre ellos. La paternidad machista ve a la mujer y los hijos como su propiedad. De tal manera que puede ser transferida a cambio de una contraprestación económica. Son muchísimos los casos en los que los padres terminan colaborando con las redes criminales para vender a sus hijos a la prostitución, las adopciones irregulares o la mendicidad forzada.
Fuera de estos círculos de violencia, exclusión y pobreza, también existe el fenómeno de trata pues las redes criminales dedicadas a esta actividad no siempre ejercen la violencia. La gran mayoría las veces, aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para atraerlas a su red, convenciéndolas de que se trata de un negocio donde ambos serán beneficiados. Las redes sociales son un campo abierto para su accionar y los mismos periódicos en su sección de clasificados 
en donde todos prometen ofertas de trabajo irreales, con salarios abrumadores y pocas exigencias académicas o profesionales. Esto es una trampa para los que comienzan su vida laboral y están interesados en ganar un sueldo arriba del promedio. La trata suele actuar en la sombra, por ello es imposible identificar un número exacto de víctimas, pero las estimaciones suelen rondar los veinte mil niños y niñas, más los adultos que también se ven involucrados. Su sanción supone un esfuerzo enorme de los entes judiciales, debido a la enorme cantidad de personas que participan en el delito y su clandestinidad. La prevención de la misma, es una tarea fundamental del Estado, mejorando las condiciones económicas de la población, vigilando el respeto a los derechos humanos, mejorando la atención en los sistemas educativos y de salud para poder identificar posibles víctimas y prevenir que estas puedan caer en la trampa de la trata. Existen muchísimas
maneras de denunciar este delito. Desde la más básica que es el 110 de la Policía Nacional Civil, el 1555 de la Procuraduría de Derechos Humanos, el 1546 de la Procuraduría General de la Nación o en cualquier oficina del Ministerio Público o Policía Nacional Civil personalmente. El tráfico y trata de personas son delitos complejos, que no discriminan para escoger a sus víctimas. Las redes dedicadas a su comisión, se sofistican cada vez más, acoplándose a todas las tecnologías posibles. Es recomendable estar atentos a las ofertas de trabajo que parecen irreales, verificar la veracidad de las mismas, no revelar datos personales a desconocidos y jamás utilizar los servicios de estas redes pues pagar por prostitución o cualquier otra forma de explotación también es un delito.
