By Brújula
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Lenina García / Opinión 

El 70% de la población de Guatemala tiene menos de 30 años; sin embargo, Guatemala no es un país para la juventud. Es común observar a jóvenes portando carteles en la espalda con publicidad de empresas transnacionales, trabajando en condiciones precarias en maquilas, call centers y en el peor de los casos, siendo víctimas de redes de sicariato o tráfico de personas. Pero cuando se trata de dar un papel protagónico a la juventud, en la toma de decisiones y la expresión de sus sentimientos y pensamientos, pareciera que no tuvieran voz, ni voto, y que fueran “*un ladrillo más en la pared“, como dice la canción de la banda de rock británica: Pink Floyd. Un rol así se traduciría en encajar en la sociedad y repetir el modelo de explotación para ser mano de obra barata

¿Es esa una realidad justa para la juventud?

Juventud: mayoría poblacional, pero sin existencia jurídica: 

En las últimas semanas uno de los temas más sonados en la agenda pública ha sido la aprobación de la Ley de Juventud 38-96, que luego de estar engavetada desde 2008, volvió a ser un tema de discusión en el Congreso de la República.

Este hecho generó muchas expectativas, en especial de las organizaciones que trabajamos con niñez, adolescencia y juventud, ya que representa la posibilidad de contar con un marco jurídico que  garantice el ejercicio de los derechos de las y los jóvenes y su plena participación en  el ámbito social, político, cultural y ambiental. No es llamarada de tusa. Es el esfuerzo de varios años de trabajo con las bases, con jóvenes de distintos sectores. De cabildeo con autoridades políticas.

Tras ocho años de haberse presentado la iniciativa, era necesario proponer enmiendas a algunos artículos de la Ley, entre los cuales se contempla el derecho a la educación integral en sexualidad y a una vida libre de estigma y discriminación; garantizar el acceso a métodos modernos anticonceptivos y de planificación familiar; acompañado de consejería, entre otros. Otra propuesta que surgió a lo interno del Congreso fue incrementar de 5 a 6 por ciento del ISR que se paga sobre las utilidades o ganancias empresariales, cuyo 50% se destinaría para financiar la salud, y el resto, destinado a la secretaría de la juventud.

A raíz de esta iniciativa se generó toda una oposición de parte de la Iglesia Católica y Evangélica, quien a través de un Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, plantea que la educación “integral y científica” que se impulsa “se reduce a la genitalidad, promoviendo así la falta de autodominio, la promiscuidad y eventualmente la violencia sexual”.  Además, la falta de voluntad política de algunos diputados, quienes el pasado 4 de febrero, al conocer la Ley, abandonaron el hemiciclo. Estos diputados fueron de los partidos: Visión con Valores (Viva), Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Unionistas y el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Y por si fuera poco, la desinformación de parte de los medios de comunicación, quienes tergiversaron el contenido de las enmiendas, haciendo alusión a términos como el “aborto”, cuando en ningún momento se pretende impulsar dicha iniciativa.

El costo social de no invertir en Juventud

-Si bien es cierto, aunque la iniciativa de Ley de Juventud 38-96 necesite algunas correcciones y/o revisiones, como un Marco jurídico es vital para garantizar los derechos de las y los jóvenes. Esto permitirá no sólo la protección de la juventud a nivel integral, sino el fortalecimiento de la inversión local y nacional en políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida para los jóvenes.

-Los indicadores de desarrollo de la juventud son alarmantes. En materia educativa, según el Informe “¿Quiénes están excluidos del sistema educativo? (Icefi-Prodessa 2015), 1.5 millones de adolescentes y jóvenes no cuentan con acceso a la educación en el ciclo básico y diversificado. En el ámbito económico, según Naciones Unidas, un 78% de los jóvenes trabaja sin acceso a seguro social y 69% labora en el sector de la economía informal. Sin políticas de Estado que garanticen mejoras en el desarrollo social de la juventud, se está tirando por la borda el capital humano de los jóvenes, que podría ser útil para el crecimiento social y económico del país y se les destinaría a condiciones de pobreza, violencia y desigualdad.

-La educación integral en sexualidad no se limita a la genitalidad, como lo plantea erróneamente el comunicado de la Conferencia Episcopal. Según UNESCO (Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad: París, 2010): “Es un enfoque culturalmente relevante y apropiado a la edad del participante, que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso de información científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de valor. Brinda a la persona la oportunidad de explorar sus propios valores y actitudes y desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y reducción de riesgos respecto de muchos aspectos de la sexualidad”. Por lo tanto, este tipo de formación brindaría al joven las herramientas  necesarias para la toma de decisiones respecto a sus relaciones con los demás y con su cuerpo. Le  haría alguien más consciente y responsable.

No somos un ladrillo más en la pared: 

Actualmente la Ley de Juventud se encuentra en la Comisión de Juventud del Congreso y a partir del 9 de febrero se destinaron 30 días para la discusión de su viabilidad y aprobación.

Mi mensaje para los diputados del Congreso de la República es que se pongan en en lugar de la juventud.

No queremos ser más un ladrillo en la pared. Nuestro hogar no es el reformatorio, ni nuestro destino es ser madres a temprana edad. No queremos ser criminalizados por ser diferentes, por participar en política, por decir lo que pensamos. Queremos dejar de ser vistos como personas inmaduras, porque estamos en un proceso de crecimiento es que necesitamos información verídica, realista. Queremos que en nuestras comunidades sea más fácil acudir a una escuela, a un grupo de arte o de deporte, que obtener un arma. Queremos ser una semilla que aporte a la sociedad, no un ladrillo que solo aumente el tamaño del muro que nos divide.

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