Sara Mux / Opinión /
“Crisis política” un término que ahora la mayor parte de la población lo emplea en sus conversaciones diarias, lo cual ha dejado reflexiones, análisis, controversias, puntos de vistas divergentes, entre otros; sobre todo este vocablo antes mencionado cobra vigor el pasado 5 de septiembre durante las elecciones en Guatemala y trasciende a otro plano, queriendo cambiar esta realidad a través del voto.
A pesar de las diferentes opiniones generadas en estos últimos días y por los acontecimientos tan vergonzosos, la población de Guatemala -sin importar sus condiciones sociales, área geográfica y edad- ha enviado un mensaje claro a través de la asistencia en las urnas instaladas por el Tribunal Supremo Electoral, y es la exigencia del cambio profundo de la estructura del Estado.
Lo más preciso y urgente para la población es generar condiciones para la aplicabilidad del cambio que necesita Guatemala, a través de la aprobación de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos decreto No. 1-85. Precisamente porque es una herramienta fundamental que contiene la regulación del ejercicio de los derechos políticos, los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridad, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y lo referente al ejercicio del sufragio y al proceso electoral, según el artículo No. 1 de la misma ley.
Hasta el momento, se han realizado diversas peticiones ante el Congreso de la República para poder realizar demandas en relación a las reformas; sin embargo, no se ha visto el interés y el compromiso de parte de diferentes bancadas, y esto solamente demuestra a la población la poca responsabilidad, mezquino compromiso y sobre todo la predominación del interés personal al momento de ocupar un curul.
Es importante la participación de la población en la exigencia de la regulación de las reglas del juego, para poder ejercer los derechos políticos, catalogados como inviolables, imprescindibles y de primera generación -declarado por Naciones Unidas- con condiciones adecuadas y dignas para los ciudadanos.
El reto más grande es que los gobernantes electos para los años 2016 a 2020 tomen su papel con seriedad, garantizando a la población una existencia con dignidad, respetando y promoviendo los derechos individuales y colectivos a través de la promoción de una democracia participativa e incluyente, considerando los aportes de los diferentes sectores de la sociedad, sin distinción alguna, para que las demandas y las necesidades sean resueltas.
Y también es importante la participación activa de los ciudadanos, no permitiendo que la participación ciudadana sea únicamente durante los comicios electorales, sino más bien ser entes vigilantes de los procesos que se lleven a cabo por los gobernantes.
De esta manera se contribuirá a lograr un proceso transformador, que considere el presente y el futuro de esta nación, basándose en los aprendizajes que nos ha dejado el pasado.
