En el 2015 la CICIG de Iván Velásquez y el MP de Thelma Aldana sacaron a luz el caso de corrupción llamado “La Línea” donde se acusó a la cúpula del Partido Patriota de montar una estructura paralela dedicada a la defraudación fiscal en las aduanas. Este caso provocó que miles de guatemaltecos y guatemaltecas salieran a las plazas a manifestarse exigiendo la renuncia de Otto Pérez y Roxana Baldetti. En ese contexto nacieron varios colectivos urbanos y la población, en una inmensa mayoría, apoyaba enérgicamente el trabajo de la CICIG.

De “La Línea” se derivaron otros nuevos casos, entre ellos “Cooptación del Estado”, un caso que nos daba luces de lo obsoleto y corrompido que estaba el sistema electoral. Este caso fue emblemático ya que no solo se mostraba a los corruptos (los políticos) sino que también a los corruptores (los financistas). También nos mostró cómo funciona la dinámica tradicional de aportar a las campañas electorales para luego verse beneficiado con contratos.

El Financiamiento electoral ilícito (FEI) ha sido -hasta las últimas elecciones- la forma en la que la clase política corrupta alcanza el poder para enriquecerse y los financistas mantienen sus privilegios para poder sostenerse. Esto no excluye a Jimmy Morales quien según sus propios financistas (integrantes de las familias más poderosas de Guatemala) ayudó a su campaña con una estructura de FEI.

Ahora a raíz de un sólido caso en su contra, Jimmy cree que su calidad de presidente le da la legitimidad de no renovar el mandato de la CICIG, aunque las consecuencias de su decisión trascienden a su Gobierno. Todo esto como un intento de buscar impunidad.

La CICIG es una ventana que permitió entrar a la justicia hasta lo profundo de este sistema corrupto y sí dejamos que se cierre podrían pasar décadas para que volviera a abrirse. Está en nuestras manos, las manos de la gente, defender la justicia y sus avances. ¿Qué es lo que estamos esperando?