By Brújula
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones,  debieron ser electos el año pasado y tomar posesión de sus cargos en el mes de octubre de 2019.  Pero, debido a dificultades que presentan los procesos de elección, esto no ha ocurrido y continúan ejerciendo la función de juzgar los magistrados a quienes ya se les venció su período. Lo cual es indebido, porque refleja que hay incumplimiento de la ley, además, es un hecho que debilita las instituciones encargadas de impartir la justicia.

Los magistrados integran las Cortes que conforman el Organismo Judicial, uno de los tres organismos del Estado, ellos cumplen la función de juzgar en representación de la soberanía que los guatemaltecos les hemos delegado e intervienen en conflictos donde están en juego intereses individuales o colectivos, relacionados con asuntos de familia, de  propiedad, mercantiles, sociales, de derechos humanos, de libertad de las personas, sobre delitos y penas, además, lo correspondiente a la administración pública y en general juzgar en todo lo relacionado con la convivencia social de los guatemaltecos.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son 13, ejercen funciones administrativas (financieras y de recursos humanos), así como funciones judiciales en casación (recurso contra sentencia definitiva de tribunales inferiores) y en segunda instancia (también por reclamos contra las sentencias de primera instancia), además, conocen amparos y antejuicios.

Los magistrados de la Corte de Apelaciones son 135 titulares y 90 suplentes, conocen casos judiciales en segunda instancia, en los cuales, las partes en conflicto no están conformes con la sentencia de primera instancia, entonces apelan para que una segunda instancia las revise. Conocen casos en materia penal, civil, familia, trabajo y previsión social, niñez y adolescencia, cuentas y conflictos de jurisdicción y contencioso administrativo.

La elección de magistrados se hace a través de Comisiones de Postulación, conformadas por abogados y académicos. Estas comisiones reciben la papelería de los profesionales aspirantes, evalúan a los candidatos para posteriormente enviar la lista de postulados al Congreso de la República, corresponde a los diputados la elección final.

El problema que ha presentado este modelo de elección por comisión de postulación es que grupos, sectores o personas que tienen interés en contar con juzgadores que los puedan favorecer o proteger adentro del organismo judicial, buscan influir en la elección de magistrados, afectando el nombramiento de profesionales independientes, capaces, idóneos y honorables.

En contra  del proceso de elección de magistrados que está en curso, entre otras, el Ministerio Público (MP) presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) argumentando influencias e intereses de personas que están siendo procesadas por su presunta participación en hechos delictivos de corrupción. Derivado de esta acción, la CC suspendió el proceso, ordenando al MP entregar informe de lo investigado al Congreso de la República, y a este Organismo Legislativo nombrar magistrados a partir del análisis del informe mencionado.

Para que se pueda garantizar el derecho de los guatemaltecos a tener un servicio de justicia eficiente, efectiva,  independiente y accesible, se requiere que los magistrados de las Cortes sean electos respetando los plazos establecidos y por medio de procesos que aseguren la elección de profesionales con las mejores cualidades de capacidad, experiencia y honorabilidad para desempeñar tan importante función, porque la correcta aplicación de la justicia, contribuye a fortalecer la democracia, el desarrollo y  crea condiciones para una convivencia social equitativa y en armonía.

 

El desafío actual  es implementar procesos de elección y nombramiento de magistrados independientes, para que al resolver lo hagan sólo de acuerdo a la ley, libres de influencias y presiones.

 

El camino es generar condiciones para una discusión con apertura y madurez sobre las reformas legales necesarias para hacer cambios sustanciales que aporten al fortalecimiento de las instancias encargadas de impartir justicia.

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