By Auxiliares de Investigación
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Recientemente se dijo que la pena de muerte había sido abolida y muchas personas se escandalizaron por la idea de una Guatemala sin pena de muerte y que estuviera a merced de cualquier delincuente.  Sin embargo, hoy en día esa afirmación es incorrecta. Pero, ¿de dónde sale esa idea?. La respuesta a esta confusión se dio por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se señalaba la inconstitucionalidad de la pena de muerte por los delitos de parricidio (matar a un familiar cercano), ejecución extrajudicial (dar muerte a una persona por una autoridad del Estado), plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte al Presidente o Vicepresidente; también se incluye aquellos delitos tipificados en los artículos 12 y 52 de la Ley Contra la Narcoactividad. Lo que técnicamente significa que a los culpables de estos delitos ya no se les pueda aplicar la pena de muerte.

Ahora bien la resolución mencionada expulsó la pena de muerte por dos causas:

  • Los compromisos internacionales de Guatemala y
  • La peligrosidad del autor.

En cuanto a la segunda causal, cabe recalcar que la peligrosidad en Guatemala se aplica como un aspecto que juzga a la persona por quién es,  y no por lo que hizo, basando la pena en conductas futuras incomprobables. El juicio respecto a la peligrosidad actualmente carece de criterios emanados de expertos en Criminología Clínica. Además de un acompañamiento en instalaciones adecuadas para la observación, diagnóstico y tratamiento del individuo criminal. Y hasta que no se cumpla lo anterior, la pena solo es un juicio subjetivo de valor del Juez.

Este punto se debe tomar en cuenta, no sólo para la pena de muerte sino para todo el Código Penal, ya que el artículo 65 aún señala que la fijación de TODAS las penas debe variar dentro de su máximo y mínimo, según la peligrosidad del culpable. Por tratarse del Derecho Penal de la vida, la libertad e incluso el patrimonio de las personas, es necesario hacer las evaluaciones correspondientes para este concepto, y tener en cuenta que si bien la pena de muerte ya no podrá ser aplicada a los delitos mencionados, que aunque es trascendental por ser la vida un bien superior,  este solo debería ser el principio de una  reforma penal, ya que la peligrosidad continúa siendo un factor para medir las penas y aún no se cuenta con todos los elementos que darían una mayor certeza a las resoluciones de los jueces.

Entonces regresando a la pregunta inicial, si la pena de muerte ya no puede aplicarse a estos delitos,¿se podría pensar que se abolió? La respuesta es NO. La pena de muerte continúa en nuestra Constitución Política de la República, sin embargo el artículo de la Constitución no contempla ningún delito al que se le pueda aplicar la pena de muerte.

Este trabajo se lo dejaron al Código Penal, y es entonces que nos damos cuenta que justamente la declaración  de  inconstitucionalidad de  la pena de muerte de los delitos mencionados,  nos deja sin delitos que contemplen su aplicación por los motivos antes mencionados.

Los únicos delitos que hoy en día contemplan la pena de muerte son los que están en  el Código Militar, sin embargo estos delitos están vigentes, más no positivos. ¿Qué quiere decir esto?, que aunque están en la ley no se dan en la práctica.

Concluyendo, debo decir que este tema es muy importante, discutido desde hace mucho tiempo, bajo muchos criterios; sin embargo, desde mi particular punto de vista, este no es un tema que se deba tocar de una forma simple o ideológica. Actualmente en Guatemala se han superado esos debates, lo que queda es entender los argumentos de derecho que fundamentaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad, ya sea se esté  en contra o a favor de esa resolución. Son  esos argumentos de los que se debe hablar para poder tener una posición realmente fundamentada. Tales argumentos se desarrollan a detalle en la investigación del Licenciado Fernando Rosales, en la que soy auxiliar en el Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

Mi nombre es Yasmin Raquel Barillas Flores y este fue un fragmento del análisis que resulta de mi experiencia en la investigación mencionada, la cual me ha ayudado a expandir mi criterio y entender el porqué detrás de las disposiciones del Derecho.

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