By Brújula
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crisis

Andrea Godínez / Brújula

Solo una crisis – real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente”. Milton Friedman. 

Entre más evidencias se presentan en casos de corrupción donde involucran a altos funcionarios y mientras más se afirman las acusaciones en contra del Presidente Otto Pérez Molina, el fervor ciudadano, las manifestaciones en las plazas de los cascos urbanos del país aumentan, habiendo llegado a un posible culmen el pasado 27 de agosto con el paro nacional #27A.  El proceso electoral que se viene encima ha logrado que probablemente nos hayamos detenido poco en  pensar en la crisis política que estamos viviendo, y que se refleja a nivel político, económico y social.

La información de la situación que está viviendo actualmente Guatemala ha llegado a muchos países y medios de comunicación, pudiendo esto visualizarse en los titulares de noticias y blogs alrededor del mundo:

 



 

Muchas situaciones están aconteciendo en estos días: Roxanna Baldetti enfrentando un proceso judicial por participar en una red de defraudación aduanera, Otto Pérez Molina acusado de ser el actor principal de dicha red, y ante el clamor ciudadano que pide su renuncia, se aferra más que nunca al puesto público. Todo ello sucede mientras se crea la comisión pesquisidora para analizar si se le retira la inmunidad al presidente de la República y que enfrente el mismo proceso judicial que la ex vicepresidenta; y mientras tanto, va porque va el proceso electoral el próximo 6 de septiembre al cual la clase media y urbana se niega a participar por considerarse ilegítimo.

A continuación analizaremos cuatro puntos (de muchos) sobre la crisis a la cual nuestros gobernantes nos han llevado y ante la cual la población guatemalteca ha reaccionado manifestando su descontento en las calles, mientras otros probablemente ignoren:

1. Estado detenido por falta de fondos

La crisis en la que se encuentra sumido el actual gobierno a causa de las acusaciones que implican al Presidente de la República, ha llevado a la renuncia de casi todo su gabinete de ministros.  Ante ello, no estamos tan lejos de que el Estado se paralice tanto en funciones, como en ejecución. El problema principal es que con la renuncia del Ministro de Finanzas, Dorval Carías junto a dos de sus viceministros Edwin Martínez y Saúl Figueroa (el tercero, Marco Gutiérrez había renunciado una semana antes), la institución se ha quedado sin cabezas que la dirijan y que firmen traslados importantes de sumas de dinero para el funcionamiento de los otros ministerios. Esto podría ocasionar de acuerdo al analista y economista de ASIES, Javier Brolo, que se dejen de pagar salarios y deudas,  llevando a posibles paros de instituciones y prestación de servicios como salud por ejemplo.  Todo ello originaría huelgas y protestas de los sindicatos y trabajadores de las instituciones, provocando un mayor desorden y falta de cobertura en servicios a los guatemaltecos.

2. Elecciones con poca legitimidad

Con una clase política desprestigiada, muchos analistas políticos, sectores y en general ciudadanos,  consideran que este proceso electoral no es legítimo ni legal. Los principales argumentos se enfocan en que principalmente los partidos políticos han incurrido en ilegalidades empezando con campañas anticipadas, excedente en los techos de campaña, hasta financiamiento ilícito o de dudosa procedencia. Carlos Guzmán Böckler en una entrevista para Canal Antigua, aseguraba que estas elecciones no se perciben como libres o justas iniciando por el hecho que más que partidos políticos, existen negociantes, en donde el proceso ha adquirido un matiz de exclusión principalmente por el dinero que le permite únicamente a algunos líderes participar y estar presentes realizando campañas o en los medios de comunicación, mientras que otros no. Entonces el hecho de contar con alto financiamiento, permite al partido o candidato tener opciones reales de llegar al poder, limitando con ello la elección libre del ciudadano, quien vota influenciado por la publicidad que lo rodea, más que por la información y conocimiento real de todas las opciones disponibles.

La figura de los partidos políticos como vehículos electorales se encuentra ya bastante desgastada, así como también se encuentra la clase política deslegitimada (se prevé la relección de muchos alcaldes y diputados), poniendo en evidencia la crisis y agotamiento del actual sistema electoral y de partidos políticos.  A todo ello, se suma el rechazo y no aprobación de las propuestas de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que muchos actores estaban apoyando y promoviendo. Es por ello que muchos sectores, ante la ilegitimidad del proceso, proponen un gobierno de transición donde estas reformas sean aprobadas, para lograr contar con las condiciones óptimas que lleven al país a un proceso electoral.  El rechazo del evento electoral de este 6 de septiembre, también está previendo un clima tenso  y violento en varias áreas del país, de acuerdo a una medición presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cual se focalizó a cincuenta y ocho municipios que pueden presentar conflictividad electoral.

3. Proceso judicial de OPM en la cuerda floja

A partir del retiro de inmunidad, el proceso que continúa, es iniciar la investigación por los delitos de los cuales se le acusa al presidente Otto Pérez Molina ser el jefe de la red de defraudación aduanera denominada “La Línea”. Este proceso podría tomar tiempo en el traslado a la instancia encargada de llevar el caso para iniciar la investigación correspondiente. El problema que este proceso se demore, es que puede aumentar la desconfianza y frustración de la población guatemalteca hacia los procesos de justicia en el país. Sin embargo, Pérez Molina no dejará de ser presidente a menos que renuncie o alguna instancia se lo prohiba y a pesar que se le dictamine prisión preventiva. De ser así, Alejandro Maldonado, el actual vicepresidente, asumiría el cargo de presidente en funciones y no habría una nueva elección de vicepresidente como se hizo cuando Baldetti renunció al cargo.

Derivado como se lleve a cabo el proceso de investigación y a pesar que el Ministerio Público ya solicitó una orden de arraigo hacia Pérez Molina, es probable que el presidente entregue el cargo hasta el 14 de enero. Sin embargo, la población guatemalteca dejará de exigir que Otto Pérez sea sometido a la justicia guatemalteca y en tribunales se compruebe su participación en los delitos que se le acusan.

 4. Crisis Post Elecciones

Independientemente de quién gane las elecciones el próximo 6 de septiembre, en el país habrá una crisis económica, política y social. La primera debido a que la recaudación de impuestos ha ido en disminución y porque la institución encargada de esta recolección, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), se ha quedado sin cabeza y la cultura tributaria cada vez pierde más credibilidad, confianza y responsabilidad de los tributarios. De acuerdo a Brolo, esta crisis financiera es amenazante por los altos actos de corrupción evidenciados y porque el dinero recaudado no es suficiente para cubrir las necesidades básicas del Estado. La solución que el economista propone es el endeudamiento del nuevo gobernante durante los primeros tres o seis meses de haber tomado posesión, porque recibirá un país insostenible económicamente.
En el ámbito político, varios analistas han planteado la posibilidad que luego del proceso electoral, las elecciones podrían ser impugnadas por la falta de legitimidad en las mismas, o en el caso que gane Baldizón, tendría mucha fuerza y autonomía para implementar su agenda. El problema de un posible gobierno de Líder es que se convertirá en un gobierno en pugna desde el primer día con los sectores que se presentaron en su contra durante su candidatura y ante los cuales, este ha respondido de manera antagónica, creando así condiciones sociales y económicas que resulten en crisis política y financiera. La actitud política del próximo presidente, en caso no sea bien manejada, podría poner en riesgo las relaciones internacionales, la libre expresión de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción y el poco interés de inversión económico en el país.
Además, al tenerse la duda que sus fuentes de financiamiento de campaña han sido ilícitas, esto podría poner en riesgo la gobernabilidad por el famoso pago de favores.
Si en el caso contrario, las elecciones las ganara Jimmy Morales, seguramente su apoyo en el Congreso será mínimo porque las bancadas mayoritarias (probablemente Líder y UNE) no lo apoyarán haciéndole difícil tratar de construir y poner en ejecución su agenda. Finalmente, si la presidencia la gana Sandra Torres, este podría aparentemente ser un gobierno más estable ya que contaría con más estructura, representatividad, experiencia y apoyo del sector privado con el que parece haber hecho de nuevo alianzas. La situación de crisis o riesgo de estos dos últimos candidatos, es que al momento de que existan expresiones de descontento social y realicen paros o bloqueo de carreteras, ambos no tienen la capacidad o legitimidad para usar la fuerza en contra del ciudadano, poniendo de esta manera el riesgo de perder el control público.
 
Por los puntos antes expuestos, esta crisis política demuestra la poca legitimidad y desconfianza que actualmente se evidencia hacia la clase política en general, generando poca gobernabilidad del próximo presidente que gane el que gane, así como de los funcionarios que queden en alcaldías y diputaciones. Sumado a la crisis política, la insostenibilidad del Estado con la crisis financiera podría generar aún más descontento a nivel social llevándolo al punto en que las autoridades puedan perder el control y orden público debido a la frustración. De los diferentes organismos del Estado, es probable que sea el Congreso en donde todavía se pueda ejercer una mayor presión a favor de las demandas ciudadanas, garantizando con ello algunas decisiones políticas, como lo es el actual caso pendiente del retiro de inmunidad del presidente.
Es importante que aprendamos que los guatemaltecos no somos impotentes, debemos seguir exigiendo y estar atentos de lo que nuestras autoridades desde lo local están realizando en beneficio del bien común y en general del país. Debemos continuar demostrando que las crisis nos han hecho fuertes.
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