Andrea Godínez / Brújula
“Solo una crisis – real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente”. Milton Friedman.
Entre más evidencias se presentan en casos de corrupción donde involucran a altos funcionarios y mientras más se afirman las acusaciones en contra del Presidente Otto Pérez Molina, el fervor ciudadano, las manifestaciones en las plazas de los cascos urbanos del país aumentan, habiendo llegado a un posible culmen el pasado 27 de agosto con el paro nacional #27A. El proceso electoral que se viene encima ha logrado que probablemente nos hayamos detenido poco en pensar en la crisis política que estamos viviendo, y que se refleja a nivel político, económico y social.
La información de la situación que está viviendo actualmente Guatemala ha llegado a muchos países y medios de comunicación, pudiendo esto visualizarse en los titulares de noticias y blogs alrededor del mundo:
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Muchas situaciones están aconteciendo en estos días: Roxanna Baldetti enfrentando un proceso judicial por participar en una red de defraudación aduanera, Otto Pérez Molina acusado de ser el actor principal de dicha red, y ante el clamor ciudadano que pide su renuncia, se aferra más que nunca al puesto público. Todo ello sucede mientras se crea la comisión pesquisidora para analizar si se le retira la inmunidad al presidente de la República y que enfrente el mismo proceso judicial que la ex vicepresidenta; y mientras tanto, va porque va el proceso electoral el próximo 6 de septiembre al cual la clase media y urbana se niega a participar por considerarse ilegítimo.
A continuación analizaremos cuatro puntos (de muchos) sobre la crisis a la cual nuestros gobernantes nos han llevado y ante la cual la población guatemalteca ha reaccionado manifestando su descontento en las calles, mientras otros probablemente ignoren:
1. Estado detenido por falta de fondos
La crisis en la que se encuentra sumido el actual gobierno a causa de las acusaciones que implican al Presidente de la República, ha llevado a la renuncia de casi todo su gabinete de ministros. Ante ello, no estamos tan lejos de que el Estado se paralice tanto en funciones, como en ejecución. El problema principal es que con la renuncia del Ministro de Finanzas, Dorval Carías junto a dos de sus viceministros Edwin Martínez y Saúl Figueroa (el tercero, Marco Gutiérrez había renunciado una semana antes), la institución se ha quedado sin cabezas que la dirijan y que firmen traslados importantes de sumas de dinero para el funcionamiento de los otros ministerios. Esto podría ocasionar de acuerdo al analista y economista de ASIES, Javier Brolo, que se dejen de pagar salarios y deudas, llevando a posibles paros de instituciones y prestación de servicios como salud por ejemplo. Todo ello originaría huelgas y protestas de los sindicatos y trabajadores de las instituciones, provocando un mayor desorden y falta de cobertura en servicios a los guatemaltecos.
2. Elecciones con poca legitimidad
Con una clase política desprestigiada, muchos analistas políticos, sectores y en general ciudadanos, consideran que este proceso electoral no es legítimo ni legal. Los principales argumentos se enfocan en que principalmente los partidos políticos han incurrido en ilegalidades empezando con campañas anticipadas, excedente en los techos de campaña, hasta financiamiento ilícito o de dudosa procedencia. Carlos Guzmán Böckler en una entrevista para Canal Antigua, aseguraba que estas elecciones no se perciben como libres o justas iniciando por el hecho que más que partidos políticos, existen negociantes, en donde el proceso ha adquirido un matiz de exclusión principalmente por el dinero que le permite únicamente a algunos líderes participar y estar presentes realizando campañas o en los medios de comunicación, mientras que otros no. Entonces el hecho de contar con alto financiamiento, permite al partido o candidato tener opciones reales de llegar al poder, limitando con ello la elección libre del ciudadano, quien vota influenciado por la publicidad que lo rodea, más que por la información y conocimiento real de todas las opciones disponibles.
La figura de los partidos políticos como vehículos electorales se encuentra ya bastante desgastada, así como también se encuentra la clase política deslegitimada (se prevé la relección de muchos alcaldes y diputados), poniendo en evidencia la crisis y agotamiento del actual sistema electoral y de partidos políticos. A todo ello, se suma el rechazo y no aprobación de las propuestas de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que muchos actores estaban apoyando y promoviendo. Es por ello que muchos sectores, ante la ilegitimidad del proceso, proponen un gobierno de transición donde estas reformas sean aprobadas, para lograr contar con las condiciones óptimas que lleven al país a un proceso electoral. El rechazo del evento electoral de este 6 de septiembre, también está previendo un clima tenso y violento en varias áreas del país, de acuerdo a una medición presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cual se focalizó a cincuenta y ocho municipios que pueden presentar conflictividad electoral.
3. Proceso judicial de OPM en la cuerda floja
A partir del retiro de inmunidad, el proceso que continúa, es iniciar la investigación por los delitos de los cuales se le acusa al presidente Otto Pérez Molina ser el jefe de la red de defraudación aduanera denominada “La Línea”. Este proceso podría tomar tiempo en el traslado a la instancia encargada de llevar el caso para iniciar la investigación correspondiente. El problema que este proceso se demore, es que puede aumentar la desconfianza y frustración de la población guatemalteca hacia los procesos de justicia en el país. Sin embargo, Pérez Molina no dejará de ser presidente a menos que renuncie o alguna instancia se lo prohiba y a pesar que se le dictamine prisión preventiva. De ser así, Alejandro Maldonado, el actual vicepresidente, asumiría el cargo de presidente en funciones y no habría una nueva elección de vicepresidente como se hizo cuando Baldetti renunció al cargo.
Derivado como se lleve a cabo el proceso de investigación y a pesar que el Ministerio Público ya solicitó una orden de arraigo hacia Pérez Molina, es probable que el presidente entregue el cargo hasta el 14 de enero. Sin embargo, la población guatemalteca dejará de exigir que Otto Pérez sea sometido a la justicia guatemalteca y en tribunales se compruebe su participación en los delitos que se le acusan.
