Carlos Muñóz / Brújula

La suspensión de actividades del proyecto minero en San José del Golfo en 2016 y la reciente suspensión de la minera San Rafael el pasado junio, han abierto el debate y generado polémica. Principalmente, en torno a si con estos fallos se detiene el desarrollo del país, o al contrario, se están recuperando los recursos naturales y reduciendo la conflictividad social.

Se ha demostrado desde visiones argumentadas de instituciones, hasta con la elaboración de vídeos que presentan futuros apocalípticos. Evidenciando que las mineras levantan pasiones en la población guatemalteca.

No se puede sentenciar que la minería como actividad económica sea en su totalidad positiva o negativa. Hay mineras de diferente tipo de acuerdo al mineral que extraen y la forma en que lo hacen. Y muchas de ellas son una fuente importante de riqueza y empleo; sin embargo, a la vez, no se puede ignorar el impacto ambiental y la conflictividad social que generan.

Aquí, cuatro verdades sobre la minería que en Guatemala se cumplen a medias:

VERDAD A MEDIAS 1

La minería genera riqueza económica

De acuerdo a la Ley de Minería decretada en 1997, las mineras deben otorgar al Estado en concepto de regalías, el 0.5% al gobierno central y el otro 0.5% a las alcaldías, para un total de 1%, representando un porcentaje muy bajo. Algunas mineras, han optado por pagar el 5% de sus ganancias de forma voluntaria, probablemente, como solución a las presiones para que paguen más regalías y evitar la conflictividad social. Es decir, 5% es para Guatemala y 95% para la empresa.

El Anuario Estadístico Minero de 2015, reporta que ese año la producción minera total llegó a 5 mil 941 millones de quetzales. Sobre esa producción y suponiendo que pagaron el 1% en regalías que la ley obliga, el estado recibió 59 millones de quetzales. Y si, voluntariamente la producción minera hubiera sido del 5%, el estado habría recibido 297 millones aproximadamente.

Aún así, aunque el 95% de las ganancias queden en manos de las empresas, la mayoría de estas no son guatemaltecas, por lo que las ganancias viajan muchas millas para ser inverdias en su mayoría en otros países como Canadá o Estados Unidos.

El problema es que en Guatemala no se procesan metales. Es decir, en el país se extrae la materia prima y luego en el extranjero, se procesan para la elaboración de diferentes productos, como los celulalres, computadoras, joyas, carros y demás productos que los minerales permiten.

El producto final, es lo que realmente genera riqueza a las empresas y por eso las ganancias se limitan a lo que se extrae de la tierra. La falta de industria de procesamiento de metales, hace que la inversión en el país, sea en su mayoría extranjera.

VERDAD A MEDIAS 2

La falta de minería en Guatemala generaría una crisis económica

La economía guatemalteca no depende de la minería, aunque esta sí es importante.  En 2015, según el ministerio de Energía y Minas,  la producción minera total, fue de casi 6 mil millones de quetzales. Es decir, un poco más del presupuesto anual que maneja el ministerio de Salud.

Las regalías ese año, fueron de 184 millones de quetzales, lo cual corresponde a un poco más del presupuesto del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Esto sin tomar en cuenta otros ingresos que aporta directa e indirectamente. Por ejemplo las plazas laborales, la actividad económica que la mina genera en el territorio, el pago de otros impuestos como ISR e IVA, entro otros.  Así que la minería en ese tema, sí aporta.

Sin embargo, no es el sector más importante. En 2013, la minería, el petróleo y las canteras representaban solo el 1.85% del PIB; es decir casi un dos porciento de la suma total de riquezas que el país produjo en el año. Guatemala, se caracteriza por ser un país agroexportador por lo que el 30% de su riqueza, proviene del comercio y la agricultura. Es por esto que, la economía depende mucho más de otros sectores que de la minería.

VERDAD A MEDIAS 3

Las minerías son implementadas bajo los estándares internacionales

Las comunidades indígenas, suelen respaldarse en el convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre asuntos que puedan afectarlos o beneficiarlos. Por esto, exigen la consulta cuando se pretende implementar un proyecto minero en su territorio, y especialmente, que se respete su decisión. Además, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, establece que todos los pueblos deben de participar en el desarrollo económico, social, cultural y político y por lo tanto no se puede poner el desarrollo de unos, por encima del de otros.

El problema del Convenio 169, es que no establece que las consultas sean vinculantes. Es decir que si en las comunidades se oponen  a la minera, de todas formas pueden implementarla. Esto obviamente genera tensiones dentro de los comunitarios y un mayor rechazo a la minería. En un informe de ICEFI en 2015, se estableció que en 8 de cada 10 comunidades con presencia minera, tiene conflictividad social. Desde una visión integral del desarrollo, que no solo se limita al aspecto económico, la conflictividad generada dentro de las comunidades es una clara muestra de que lo dictado en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, no se respeta. 

VERDAD A MEDIAS 4

Las minerías tienen programas de recuperación ambiental

Previo a implementarse una minera en un determinado territorio, se realizan estudios de impacto ambiental para saber qué tanto esta minera va a dañar el medio ambiente y cómo va a recuperarlo. De acuerdo al IARNA , los estudios realizados en el país, no abarcan todos los componentes que se requieren. En Guatemala, se practica la minería a cielo abierto lo que implica la destrucción del ecosistema que se encuentra en la superficie.

La minería produce desastres ambientales cuando se realiza la explotación minera, pero también tiene repercusiones graves si su cierre y el proceso de recuperación ambiental, no se hacen de la forma correcta.

La Ley de Minería no regula el cierre de las mineras. Una vez, la mina haya finalizado sus actividades, solo depende de la voluntad de la empresa para llevar a cabo la recuperación y el cierre correcto de la mina para evitar que continúen los daños ambientales.

La prueba de fuego para el país a partir de este año, será ver lo que sucede con el cierre de la Mina Marlin, que se comprometió a llevar un programa de recuperación ambiental que termina en 2020. El seguimiento a este caso y la auditoría social son fundamentales para que, a falta de ley, asegure que se cumpla con lo pactado.

Dos visiones de desarrollo se confrontan al hablar sobre minería, el modelo que promueve la explotación de recursos naturales para el crecimiento económico del país, y el modelo que promueve la defensa del territorio y de estos recursos naturales. Ambos con verdades a medias.

La minería aporta al crecimiento económico del país, pero su implementación sin regulaciones que tomen en cuenta las implicaciones ambientales, sociales y culturales, es la generadora del conflicto.

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