José Coronado / Opinión /
Desde que soy pequeño he tenido la costumbre de llevarle la contraria a las personas; este es un habito usual en los niños que se las llevan de inteligentes, y es también, una maña de la que cuesta deshacerse. La costumbre tiene consecuencias interesantes, como cuando tu grupo llega a un consenso y siempre estás destinado a ser el de la opinión menos popular. Con algo tan delicado como la ley “Monsanto” los efectos se agravan.
Sin embargo, la opinión de la mayoría usualmente encierra peligros y a veces, vale la pena escuchar voces disidentes.
Sobre la salud pública: Como parte del debate sobre los organismos genéticamente alterados, se argumenta que los productos que son regulados por la ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (desde ahora: POV) causan daños a la salud del consumidor. En lo personal, trato de comer cosas con la menor adulteración posible, pero esto es una preferencia subjetiva; además, no es justo que por una añoranza de los viejos tiempos llenos de vegetales “100% naturales” destruyamos la posibilidad de llegar a tener algún día productos más eficientes y al mismo tiempo más saludables. Esto parece un caso de sobreprotección nociva, aunque sí vale la pena hablar sobre si se debería obligar a aquellos que utilicen productos alterados a establecerlo claramente en la información sobre el contenido de dicho alimento.
Sobre la propiedad de los agricultores: He escuchado comentarios que condenan la ley porque “esta permite que se prive de sus tierras -de la que viven- a los agricultores”. Esto lo pongo como un ejemplo de la desinformación que generalmente rodea temas tan populares y controversiales como el de la POV. La ley no trata temas de propiedad inmueble, sino intelectual, esto quiere decir que no te pueden quitar tus tierras por usar semillas genéticamente alteradas… Quizá los argumentos irían por mejor camino si hablaran sobre las sanciones, como lo es la privación de la libertad por quebrantamientos de lo dispuesto en la POV, que quizá no sean los más adecuados y se presten a explotación.
Sobre los efectos económicos: una breve reflexión, ¿cómo es posible que introducir más opciones de consumo al mercado y hacer más eficientes los procesos de producción sea malo para la economía? La ley no permite que se le otorgue a nadie la potestad de exclusión con respecto a las especies nativas de los productos, esto significa que cada agricultor podrá elegir libremente entre una variedad de semillas para cultivar, y sin duda se quedará con la que le rinda más beneficio. Esto también responde lo que a veces se escucha de que la ley atenta contra la identidad y cultura de los pueblos indígenas. Al tener fines comerciales, queda claro que lo primordial de la normativa no es prevenir que se celebren ceremonias con el maíz más antiguo y tradicional de estas tierras.
Sobre el pesticida, resistencia y dependencia: mucho del negocio de las grandes compañías está en la venta de fertilizantes y pesticidas, este es el caso de las famosas “RoundupReady”. El uso de un solo pesticida y la necesidad de la optimización llevan a la generación de monocultivos, y posiblemente a la aparición de pestes cada vez más fuertes y letales con la capacidad de aniquilar o contaminar grandes plantaciones. Otra vez llegamos a la necesidad de efectuar un cálculo económico y cargar con el riesgo de utilizar cierta clase de semilla por sobre otra. Si las semillas modificadas son tan vulnerables como las pintan, entonces ningún agricultor se arriesgará a usarlas y no habrá necesidad de continuar con el debate pues habrán probado no ser una alternativa viables. Si son más eficientes ganaran popularidad, nos harán más ricos y menos hambrientos a todos en virtud de la mayor oferta y menor precio.
Por último, me gustaría concluir con que la ley no es tan mala como parecería ser, lo será si nos dejamos llevar por la avalancha mediática. Leer el contenido de la norma es tan difícil y tratar de entenderla constituye un costo de oportunidad lo suficientemente alto que quizá justifica la ignorancia racional sobre el tema. Pero, lo cierto es que sirve como plataforma para muchas discusiones interesantes y complejas, y no debería abordarse esperando soluciones y consecuencias simples o fácilmente previsibles. Si requiere un debate intelectual podría discutirse más sobre los efectos económicos patentes en abstracto, el debate técnico trataría temas como las confusiones genéticas que no son reguladas por la ley y qué tantos problemas le pueden causar a los agricultores, y en el político está el mayor de los goles: el de la descarada ampliación de presupuesto para el ministerio de comunicaciones.
Lo que no deberíamos hacer es condenar o sancionar en su totalidad una ley y un tema tan complejo como este, y menos con base al vox populi de dudosa validez.
