Por María del Mar Grajeda y Lorena Castillo

Si bien el tema del agua ha cobrado importancia en los últimos años debido a su escasez o difícil acceso, ¿por qué sigue siendo un tema poco urgente atender en las agendas políticas y en el diario vivir de la población?

Una pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿por qué el ser humano tiende a ser indiferente ante las crisis que son evidentes e innegables? Por ejemplo, actualmente atravesamos una crisis y una emergencia climática y ambiental.

El ser humano se encuentra al borde de un colapso y del agotamiento de sus recursos naturales, los cuales son claves para su subsistencia. Entre esos recursos, el agua dulce es uno de ellos.

Consideramos que la responsabilidad en temas ambientales no recae únicamente en las entidades gubernamentales sino que también nos compete a todos y todas.

De alguna forma, la población tiene conocimiento de que el agua se agota. Día con día, el acceso a este recurso es más escaso y por lo tanto este derecho se convierte cada vez más en un privilegio. El derecho al agua está siendo violado frente a nuestros ojos, pero ¿por qué no actuamos desde nuestra responsabilidad por exigir ese derecho? o incluso, ¿por qué a algunos simplemente no les importa?

Según el Censo de Población y Vivienda del 2018, el 41.1% de la población censada no cuenta con una red de tubería dentro de la vivienda. El servicio deficiente del agua entubada, la mala calidad del líquido para consumo humano y la falta de acceso a condiciones mínimas son factores que inciden negativamente en la salud de las personas y en casos extremos, causan la muerte (Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad [Iarna], 2012).

Por años, el gobierno de Guatemala ha tenido un papel poco participativo en la resolución de esta problemática y en atender las demandas de distintos sectores del país.

El Estado controla el agua por “reglas no escritas” 

De acuerdo con Padilla (2019), presentamos algunos aspectos que nos parecieron importantes resaltar como protagonistas de esta problemática en la que el agua es de todos y de nadie:

• Influencias económicas por parte de las empresas desarrolladoras de megaproyectos (mineros e hidroeléctricos) y de principales productos de la agroindustria (palma africana y caña de azúcar) -que perciben el agua como un recurso mercantil para la producción- hacia los políticos y tomadores de decisiones jurídicas.

• Conflictos por el uso y aprovechamiento del agua entre el Estado y las comunidades rurales presentes en los territorios de mayor relevancia hídrica. Principalmente, en el nororiente (Alta Verapaz, Petén e Izabal) y la Costa Sur (casi en su totalidad exceptuando Jutiapa) las cuales se organizan en resistencia a los megaproyectos por el desvío de ríos, contaminación del agua, intimidaciones y amenazas, entre otros. En especial, en los casos en los que no se ha realizado un proceso adecuado de consulta de buena fe.

• Los defensores y las defensoras del recurso hídrico han sido agredidos, asesinados y/o criminalizados por años como “delincuentes” o “terroristas” ante la opinión pública, siendo en muchas ocasiones detenciones ilegales o acciones que han violado sus derechos humanos.

• La debilidad de las instituciones del Estado encargadas del monitoreo del cumplimiento de la legislación y normativas actuales, por su centralización y baja cobertura y presencia en el territorio nacional; ligado a la escasez de personal en calidad y cantidad, y/o recursos financieros para su buen funcionamiento.

Adicionalmente a estos puntos consideramos de suma importancia el rol que los ciudadanos han desempeñado con un comportamiento de indiferencia, evasión y resignación.

Actitudes que no nos llevarán a nada distinto y que nos han traído hasta aquí. Nos atrevemos a decir que la población privilegiada ha sido cegada porque aún no ha sufrido los problemas de la población rural.

Dicha población se ha visto obligada a arriesgar su vida por defender los recursos naturales de los que dependen ellos y sus comunidades. Del 2007 al 2016, 406 personas, la mayoría comunitarios o activistas, fueron detenidos ilegalmente, casi dos tercios de estos ligados a conflictos ambientales (Padilla, 2019).

Algunos de los casos más conocidos de la defensa de los recursos hídricos y otros recursos ambientales son:

• Bernardo Caal Xol, quien fue sentenciado a siete años de prisión política por defender el cauce del río Cahabón y del río Oxec, de las hidroeléctricas Oxec 1 y Oxec 2 en Alta Verapaz, las cuales son de Florentino Pérez, presidente del club de fútbol español, el Real Madrid, según una entrevista realizada a Bernardo por PBI Guatemala en el 2018.
• María Choc, defensora y líder de la comunidad Maya-Q’eqchi’. Ha tenido una participación clave para denunciar los daños ambientales y la violación de los derechos humanos por parte de las compañías mineras canadienses en el Estor, Izabal, según Front Line Defenders (2018).
• Flavio Vicente, Anabella España, Abelino Mejía y Virgilio García; principales defensores y defensora de las fuentes de agua de comunidades, como Champerico y Cuchuapán, que se ven afectadas por la contaminación química y el acaparamiento del agua por parte de la industria azucarera en la Costa Sur (Asociación Utz ché, 2021).

Así como la labor de las Organizaciones Comunitarias para el Servicio de Agua y Saneamiento (OCSAS) a nivel nacional y el caso de un grupo de jóvenes que monitorean las fuentes de agua en Santa Rosa y Jalapa (Plaza Pública, 2021).

La Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (Codidena), inició un proyecto para que las comunidad de esta área tenga las herramientas y conocimientos suficientes para generar sus propios datos e información, que les permita sustentar su defensa de los recursos naturales, entre estos, el agua (Plaza Pública, 2021).

El acuerdo conocido como Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que se enfoca en garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores y las defensoras ambientales (CEPAL, 2020). Sin embargo, Guatemala no lo ha ratificado aún.

La lucha histórica de los pueblos originarios debería ser un referente o una fuente de admiración e inspiración por su valentía, coraje y determinación por defender el recurso hídrico y el derecho a su acceso de sus comunidades.

Adicionalmente a los casos mencionados, es oportuno mencionar los esfuerzos de una correcta gestión del agua por parte de organizaciones gubernamentales, privadas y no gubernamentales, así como de la academia.

Sin embargo, ¿cómo los ciudadanos que nos encontramos dentro del área metropolitana podemos replicar dichas acciones?

En contraste, la actitud o el comportamiento para abordar el tema del agua dentro de la zona metropolitana es una realidad muy distinta al área rural del país. En esta zona, la población ha aceptado la indiferencia y la resignación ante esta problemática porque nunca ha sido un problema en verdad (o por lo menos, no del todo ya que sí hay zonas que reciben el servicio del agua de manera interrumpida por determinado tiempo).

Por otro lado, dicha población ha tomado esa actitud indiferente ya que los retos que se viven dentro de la capital también obstaculizan la priorización dentro de la vida de los capitalinos temas tan importantes como este. Por ejemplo, las distintas crisis sociales actuales; como la violencia, el desempleo y la inseguridad. De tal manera que, si el agua no está entre las principales prioridades o problemáticas a atender, no es un problema urgente (más sí importante) por resolver.

“No es un problema ahora, no lo resuelvo ahora y sigo con mi vida…” 

Este pensamiento por más válido que parezca es un riesgo.

Ya no podemos darnos el lujo de ser indiferentes e irresponsables. De ser así, llegaremos a un punto en el que será imposible voltear la cara del problema del agotamiento y mala gestión del recurso hídrico; ya que él mismo encabezará la lista de nuestras preocupaciones diarias sin previo aviso.

En un tono optimista, nos gusta imaginar que en los siguientes años también estén organizados los profesionales, estudiantes, jóvenes, hombres y mujeres; que propongan y trabajen por soluciones para resolver esta y otras problemáticas ambientales a beneficio de toda la sociedad guatemalteca.

Referencias

Asociación Utz Ché. (2021). Contaminación y escasez de agua en la costa sur.  https://fb.watch/4iANdPQqp1/

Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL. (2020). Acuerdo de Escazú – Cómo ser estado parte. https://www.cepal.org/es/infografias/acuerdo-escazu-como-ser-estado-parte

Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad. (2012). Perfil Ambiental de Guatemala 2010 – 2012. Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo. Universidad Rafael Landívar.

Instituto Nacional de Estadística – INE. (2021). Resultados del Censo 2018 ¿Cómo vivimos? https://www.censopoblacion.gt/comovivimos

María Magdalena Cuc Choc. (2018). Front Line Defenders. https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/maria-magdalena-cuc-choc

Padilla, D. (2019). Política del Agua en Guatemala: Una radiografía crítica del Estado. http://iips.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/03/Diego-Padilla-Politica-del-Agua-en-Guatemala.pdf. Universidad Rafael Landívar. Cara Parens.

PBI Guatemala. (2018). Entrevista a Bernardo Caal Xol, defensor del Río Cahabón. https://pbi-guatemala.org/es/qui%C3%A9n-acompa%C3%B1amos/resistencia-pacifica-de-cahab%C3%B3n/entrevista-bernardo-caal-xol-defensor-del-r%C3%ADo

Plaza Pública. (2021). Los <<científicos>> del agua son jóvenes comunitarios. https://aguacero.plazapublica.com.gt/content/los-cientificos-del-agua-son-jovenes-comunitarios