Mynor Alonzo / Opinión /
Saludos honorables miembros del Consejo Superior Universitario. Antes de iniciar considero oportuno recordar que el adjetivo honorable es inherente al puesto que cada uno de ustedes ocupa al frente de nuestra amada institución, la cual celebra 340 años de ser el vínculo orgánico entre la academia, la cultura y las ciencias; posición que orgullosamente ha permitido a nuestra comunidad universitaria, liderar históricamente procesos de reestructuración social de beneficio para el pueblo. Espero podamos continuar trabajando juntos para que nuestra generación no sea la excepción.
En el actual sistema jurídico de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad es la mayor magistratura.
La estructura centralizada del sistema, y las decisiones inapelables hacen de la Corte de Constitucionalidad el aparato judicial más poderoso de nuestro Estado, razón por la cual son diversas y poderosas las fuerzas interesadas en incidir dentro de ella.
36 años de guerra y una despiadada persecución a los hermanos y hermanas sancarlistas que dirigieron nuestra alma mater el siglo pasado, hundieron a nuestra institución en la peor de las crisis por las que ha atravesado. En medio del baño sangriento, estructuras oportunistas instalaron en las entrañas de nuestra universidad organizaciones corruptas y criminales, las cuales es nuestra responsabilidad desechar ahora.
Esta incertidumbre hizo que al tomar decisiones trascendentales para nuestro país, los anteriores dirigentes optaran por lo más fácil: El amigo, el conocido, el familiar, aquel que nos va a hacer favores. Estas opciones “fáciles” abarrotaron nuestra estructura institucional de mediocridad y corrupción, robándole así al pueblo aquella institución que lo acompañaba.
Durante últimos meses los reclamos sociales nos exigen enderezar el camino, demostrar que como institución aún podemos responder a quien nos pagó la educación: el pueblo. Es por eso que como estudiantes organizados venimos a reclamar conciencia y dignidad para el nombramiento de nuestro próximo magistrado, pues nos representará a todos, y es lo mínimo que podemos dejar a las generaciones venideras.
El nombramiento de cada uno de los magistrados a la CC, se realiza por parte de instituciones trascendentales en nuestro país: los tres poderes estatales, el colegio de profesionales en la materia y la rectora de la educación superior. Esto le brinda a la Corte una naturaleza política, en donde la balanza de pesos y contrapesos debe equilibrar la administración de justicia.
La Universidad tiene pues la obligación de enviar un representante académico, ético, pero sobre todo que responda con su accionar al beneficio de la población y no al propio.
Y es por esto que no consideramos pertinente el nombramiento de alguien que durante décadas basó su carrera académica y profesional en ideas de otros. Desde el día que entregamos la tacha en las oficinas de la rectoría, varias personas nos realizan la misma pregunta: Pero si no es él, ¿entonces quién? Nosotros les respondemos: La comunidad sancarlista que suma más de medio millón de personas los eligieron a ustedes como garantes de nuestros intereses, no tomemos la opción fácil y no permitamos que el crimen organizado, embajadas extranjeras o cúpulas de poder nos marquen el paso. Pregunten a sus representados, pero sea a quien sea que nombren, acompañémoslo, fiscalicémoslo y exijámosle que su accionar en los próximos años responda a nuestro único superior: el pueblo de Guatemala.
