Pedro Gordillo/ Colaboración/

La realidad nacional es compleja y presenta sombríos escenarios que al ser objeto de análisis, permiten comprender los problemas que afectan cotidianamente a la población guatemalteca y que van más allá de la violencia delincuencial. La violencia en el país encuentra sus causas a lo largo de la historia –manifestada a través de múltiples expresiones- y brinda una particular fisonomía al país. Es una violencia sistémica y multifacética, enraizada en la estructura estatal. Hambre, discriminación, desempleo… todos sufrimos las consecuencias, pero unos más que otros.

Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿Por qué existen altos índices de desempleo y pobreza? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Qué lleva a una madre a abandonar un recién nacido en un basurero o sanitario público? ¿Por qué los ancianos deben sufrir largas colas para ser atendidos en un centro de salud pública? La respuesta se encuentra en el análisis del sistema o diseño político-institucional del país.

Guatemala posee una historia sumamente violenta, desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, pasando por una cruenta guerra civil que alcanzó su punto más álgido durante el gobierno de Ríos Montt –sometido actualmente a un proceso judicial– entre 1982 y 1983. Durante las más de tres décadas de enfrentamiento armado, más de 200,000 personas murieron por causas violentas. Además, se registran unas 658 masacres, siendo la mayoría cometidas por parte del Ejército y fuerzas paramilitares. El 83% de las víctimas de la guerra fueron indígenas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

El racismo es un factor muy importante en la explicación de muchos actos de violencia desmedida contra los indígenas.

Este es un primer esbozo para comprender cuestiones de violencia estructural y cultural, dirigidas tradicionalmente contra la población indígena y las mujeres -racismo y sexismo- que son de significativa importancia en un país donde más del 50% de la población es indígena y donde hay una de las más injustas distribuciones de bienes de la región.

Estas condiciones no han desaparecido con el paso del tiempo: el Estado guatemalteco mantiene estructuras coloniales, el poder y los recursos económicos están concentrados en selectos grupos de pocas familias (blancos), persiste la subordinación de grupos sociales, y gran parte de la población -particularmente indígena– está excluida de los procesos de toma de decisiones a nivel nacional, sin mencionar que el Estado no tiene capacidad para brindar los servicios básicos ni el apoyo institucional a toda la población. En ambos casos, el Estado ha promovido esta violencia, sea por acciones militares o legislativas, además del funcionamiento –o abandono de funciones- de sus instituciones.

Violencia estructural se entiende como “aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa” (Tortosa; La Parra, 2003). Podemos identificar la existencia de un conflicto entre grupos sociales derivado de la falta de acceso a servicios y recursos, lo que genera condiciones que provocan daño y sufrimiento a la población. Esto deriva en: empobrecimiento, exclusión, desigualdad, injusticia… Entonces la violencia estructural es un factor de primer orden en la producción de otros tipos de violencias.

Y es que la distribución de recursos y acceso a servicios públicos nunca es equitativa.

La distribución de riquezas en el país es tan desigual, que existe una inmensa brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Lejos de generar un sentimiento de nación, nos refugiamos en pequeños grupos, construyendo idearios y generando intereses individualistas en vez de lazos de solidaridad. Y así, nos encontramos en una sociedad dividida, pero organizada para excluir y dominar.

La indiferencia se traduce en violencia estructural bajo el lema “sálvese quien pueda” y con ideas como “el pobre es pobre porque quiere”.

Los efectos de la violencia estructural son más fuertes para el pueblo maya-indígena. La pobreza y desnutrición se concentran en áreas marginales, particularmente el altiplano del país, donde la población es mayoritariamente indígena. Junto a las mujeres, constituyen los grupos sociales más afectados por la falta de alimentación, acceso a educación y servicios de salud. Especial énfasis en las mujeres indígenas que son doblemente discriminadas por ser mujeres y por ser indígenas.

Este último enunciado cobra relevancia en el análisis de la violencia estructural considerando que el acceso al poder persiste como un privilegio para los hombres, perpetuando las estructuras de exclusión. Esta situación permite elaborar una breve y apurada conclusión: la misma dinámica de exclusión sexista del Estado crea las estructuras que reproducen y permiten los actos violentos de hombres hacia mujeres en todos los niveles y ámbitos (doméstico, laboral, económico, social). Afirmación respaldada por el hecho que Guatemala es uno de los países donde las mujeres son las principales víctimas de las distintas expresiones de violencia en el país.

El machismo ya no parece tan trivial ahora.

En resumen, el Estado de Guatemala presenta una fisonomía masculina, discriminatoria y violenta. Es una construcción histórica causada por innumerables gobiernos autoritarios y represivos, así como por una estructura económica oligárquico-latifundista que tiene una gran influencia sobre los gobiernos y la toma de decisiones, especialmente de aquellas que postulan beneficios sociales. A ello se suma la existencia de un sistema judicial débil –y corrupto-, que no garantiza el cumplimiento de la ley ni el respeto de los derechos ciudadanos y contrariamente propicia beneficios a aquellos que tienen la capacidad de pagar por ella, generando conflictos.
Necesitamos seguir discutiendo sobre las distintas manifestaciones de violencia derivadas de la violencia estructural. Y es que todos las vivimos de una u otra forma cada día, como la falta de oportunidades laborales, las migraciones hacia Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, la precariedad del sistema de salud, la obsolencia ineficacia e ineficiencia del sistema de justicia o la delincuencia.

Examinemos también los efectos de la violencia estructural a partir de la violencia política reflejada en prácticas represivas que impulsa el actual gobierno hacia comunidades que se han organizado pacíficamente para manifestar sus demandas. Tal es el caso de Santa Cruz Barillas, Totonicapán y San Rafael las Flores. Particularmente, cuando tenemos un gobierno que favorece los intereses de empresas transnacionales extractivas y no respeta las consultas populares. La discusión de estos temas no nos hace pesimistas, nos hace jóvenes en búsqueda de una o muchas soluciones.

BIBLIOGRAFÍA
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala: Memoria del Silencio. Guatemala.
INTRAPAZ (2012). La violencia en Guatemala. Editorial, Boletín Electrónico del Convenio Construcción de Paz, 1era Edición. 
Kalny, Eva (2003). El Estado de Guatemala y la violencia. Percepciones desde comunidades Mayas. Abstract, Amnis.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (2012). Violencia en Guatemala. Una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial. Guatemala.
Tortosa B., Jose María; La Parra, Daniel (2003). Violencia estructural una ilustración del concepto. Págs. 57-72, Fundación Dialnet.