Ixel Guorón / Opinión /
En Guatemala existe un conflicto social entre el gobierno, empresas transnacionales y las comunidades indígenas, debido a la falta de información y consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas sobre la ejecución de proyectos de alto impacto ambiental en territorios indígenas. Así mismo, la Procuraduría de Derechos Humanos informa que la conflictividad se da por la aprobación de licencias de exploración, extracción minera y construcción de hidroeléctricas, entre otros, sin consulta previa a las comunidades.
El Sistema Nacional de Diálogo Permanente menciona que los conflictos sociales se generan por el control de recursos naturales, suministro de energía eléctrica, conflictividad agraria e incumplimiento en determinados puntos de las políticas sociales.
Las comunidades indígenas argumentan que desde su cosmovisión, los bienes naturales son elementos complementarios para su entorno social y cultural, ya que es a través de ellos que transmiten valores, idioma, creencias y reestructuran día con día su historia y por ello se les debe respeto y no son un activo económico. Mientras que el sector privado ve el aprovechamiento de los recursos y no miden el daño ambiental que implica la extracción de metales y la construcción de megaproyectos hidroeléctricos, argumentando desarrollo para los pobladores en cuanto a empleo local, y a nivel nacional con la regalías que en Guatemala son del 1%.
Como consecuencia, las comunidades indígenas se resisten a la construcción de los megaproyectos, a través de la realización de las consultas comunitarias donde manifiestan su rechazo a la construcción de estos proyectos, afectando la operación de los mismos.
Actualmente, las comunidades indígenas se han pronunciado amparándose en el Convenio 169 de la OIT ratificado en 1996 por Guatemala a través de más de cincuenta (50) consultas comunitarias realizadas, en su mayoría en el occidente, todas con resultados en contra de la explotación minera, la instalación de hidroeléctricas y las petroleras, que atentan contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y provocan conflictividad social.
Es por ello la importancia de generar mesas de dialogo, así como un reglamento a las consultas comunitarias con las partes involucradas y la previsión de medidas administrativas y legislativas que tomen en cuenta los intereses de las comunidades, de las empresas y del gobierno para disminuir las discrepancias y no violar los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.
