Fotografía Simone Dalmasso
José Pablo del Aguila/ Opinión/
La salud es un derecho universal que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos. Su cumplimiento, bajo ninguna circunstancia, puede o debe limitarse a la disponibilidad de almas caritativas.
Hace poco me contaron el caso de un niño de siete años que sufrió una de esas recurrentes fracturas de tibia y peroné. La familia, como es el caso en Guatemala, es de muy escasos recursos. Al no contar con vehículo ni con ningún medio de transporte, y debido a la lejanía en que se encontraba la comunidad de un centro médico, no pudieron brindar asistencia al niño sino hasta unas semanas después.
Finalmente, hubo alguien dentro de los vecinos que contaba con un vehículo y ofreció llevar al niño a un centro asistencial. Para sorpresa de todos, cuando el médico lo atendió, dijo que, por el tiempo transcurrido, ya no había mucho qué hacer y que únicamente había dos opciones. Una, que la familia acostumbrara al niño a utilizar muletas o un zapato con tacón que le sumara unos cuantos centímetros a la pierna que crecería en medidas desproporcionadas. La otra opción era someterlo a una operación, pero esto implicaría gastos que, por supuesto, una familia de escasos recursos no puede costear.
Limitados a escoger una de las dos opciones, y tomando en cuenta lo que implicaría para el niño vivir con una pierna en tales condiciones, los vecinos, en solidaridad con la víctima, sí, víctima, decidieron optar por sensibilizar los corazones de otras personas y recaudar un poco de fondos para costear la operación.
Uno de los vecinos, viendo la inminente desgracia de no poder reunir los fondos necesarios, propuso presentar el caso en el programa de Tuti Furlán. Argumentó que había visto el programa y que Tuti, muy amablemente, ofrecía ayuda a algunas personas que se encontraban en necesidades de ese tipo.
Y así, por impresionante que parezca, en este desdichado país, el derecho a la salud parece condicionarse a la posibilidad de encontrar un espacio en algún programa de televisión. Aberrante.
No obstante, el caso susodicho no es desconocido en esta pequeña porción de la tierra. Es de conocimiento popular que el Estado de Guatemala, debido a factores como la desigualdad social y la falta de políticas públicas eficientes para contrarrestarlas, no ha podido —y no ha querido,— universalizar derechos como la salud.
¿Qué hacer frente a este panorama? ¿Cómo contrarrestar esta situación?
Desde mi calidad de residente de este país y de inexperto en temas de salud, lo que propongo es un cambio en la manera de asimilar este tipo de problemas. No basta con dar gracias a Tuti Furlán y a todo su staff. La labor que personas como ella hacen, al igual que muchos otros guatemaltecos que le apuestan a la generosidad, ciertamente, me parece muy loable. Y la agradezco. Pero, ante todo, se debe tener presente que la salud, la educación y la vida digna son derechos universales, que se deben cumplir por obligatoriedad. El cumplimiento de tales derechos, bajo ninguna circunstancia, debe recaer exclusivamente sobre los hombros de una presentadora de televisión o de un grupo de vecinos bienintencionados. La labor de todos, incluidos los que sí podemos costear los gastos que implica una fractura o una desavenencia en salud, es exigir y fiscalizar a las autoridades para que hagan efectivo el cumplimiento de tales derechos.
Ante todo, estar conscientes que nunca un acto de caridad, debe liberar de responsabilidad a los encargados de proporcionar servicios básicos.
Por lo demás, solo me queda decir que Tuti Furlán me parece una persona muy simpática.
