By José Andrés Franco
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), termina su mandato el próximo 3 de septiembre. Por lo tanto, una promesa de campaña era el establecimiento de una nueva comisión que continuara con la misma labor. Sin embargo, continúa la ambigüedad sobre este planteamiento y declaraciones recientes de Giammattei, no brindan certeza sobre la forma, integración, líneas de trabajo ni el respaldo que tendrá dicha comisión.

Por lo tanto, en esta columna, se busca desarrollar cuatro puntos en donde el planteamiento de esta nueva comisión tiene serias deficiencias. Claro, como todavía los detalles son tan vagos, puede ser que se encuentren soluciones ante estos problemas, pero por el momento vale la pena tomarlos en cuenta.

 

  1. El apoyo, respaldo y cooperación internacional

La CICIG contaba con un respaldo y reconocimiento internacional. Desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los diferentes cooperantes, ayudaban al trabajo de la comisión desde su financiamiento y preparación técnica, hasta respaldar su trabajo en momentos críticos.

Aunque Giammattei diga que la nueva comisión tiene un apoyo por parte del Departamento de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos, en la actualidad, no hay un pronunciamiento oficial por parte de este gobierno o cualquiera de los miembros del G13 sobre su respaldo a dicha comisión.

 

  1. La independencia financiera de la comisión.

La independencia financiera que tenía la CICIG era un elemento importante en el desarrollo de su trabajo. Desde el nombramiento del comisionado, la selección del personal, hasta la administración de sus recursos en base a sus necesidades. Según la comisión, se considera que los aportes de los países cooperantes ascienden a más de US$161 millones, en 11 años.

Según las declaraciones de Giammattei, se destinarían de Q40 a Q70 millones anuales para el funcionamiento de la nueva comisión (es el único dato más o menos claro que se informó sobre la comisión). Si la nueva comisión tendrá un financiamiento que dependerá del presupuesto anual del Estado, estará condicionada de alguna u otra manera, a los criterios que el ejecutivo decida establecer para su funcionamiento. Obviamente el ejecutivo puede llegar a limitar a la comisión y su independencia.

 

  1. La integración de la comisión y la sociedad civil

El ejecutivo tendría la última palabra  sobre los nombramientos y la dirección de la comisión. Sin embargo, sería importante involucrar a la sociedad civil para participar en el trabajo de la comisión en varios niveles y también, para desarrollar mecanismo que permitan su fiscalización.

Pero, no se deben repetir los mismos errores de este gobierno cuando se estaba trabajando junto con sociedad civil en espacios de discusión. El año pasado, alrededor de 15 organizaciones de sociedad civil se retiraron de la mesa técnica para la elaboración del Cuarto Plan de Gobierno Abierto, debido a la decisión de no renovar el mandato de la CICIG por el gobierno y la representación desproporcionada, al estar conformada por una mayoría de autoridades del Estado.

Tampoco está claro quiénes y cómo estaría conformada la comisión.

 

  1. Las claras deficiencias en el traspaso de capacidades

Es imposible ignorar o tomar a la ligera el trabajo de la CICIG, cuando se habla de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, cualquier plataforma, modelo o comisión que se busque implementar en el país sobre el tema, tendría la obligación de tomar a la CICIG como un referente fundamental. Sin embargo, ante la constante resistencia por llevar a cabo una efectiva trasferencia de capacidades por parte del actual Ministerio Público (MP), es desde ya, un síntoma de dejar atrás a la CICIG y tomar decisiones sin tomar a la comisión como referencia.

¿Será una comisión solo de investigación? ¿Propondrá reformas? ¿También trabajará por el fortalecimiento del MP? ¿Realizará un trabajo como querellante adhesivo en los procesos judiciales? Son preguntas que se deben de plantear, porque no se puede discutir los pros y contras del trabajo de la CICIG, ni se puede plantear una nueva comisión, si no se conoce los diferentes ámbitos en los que se desarrolló su trabajo.

El planteamiento de la nueva comisión debe alejarse de aquella promesa vaga de campaña. Si existe una preocupación e incertidumbre por la finalización de la CICIG, la formación de la nueva comisión generará muchas expectativas y estará sujeta a una constante crítica. El legado e impacto de la CICIG en Guatemala no se puede ignorar, por lo tanto, cualquier camino que realmente busque continuar la lucha contra la corrupción, tendrá que usar su trabajo como base.

De lo contrario, será una burda comisión presidencial, que servirá para darse palmadas en la espalda (como muchas que han existido a lo largo de varios gobiernos).

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Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Rafael Landivar, me considero inesperadamente diferente y no me gustan las limitaciones que evitan expresarnos. Me gusta vivir para aprender y aprender para vivir.

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