Por Yussela Reiche Estrada

El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. La disposición y accesibilidad de este líquido resulta ser esencial para la salud, el saneamiento, la actividad económica y el bienestar de la población.

Es importante rememorar que, durante el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento, enfatizando la importancia del acceso universal. Debido a ello, los países miembros han expresado la importancia de tomar acciones para garantizar el acceso al líquido vital y que las instancias involucradas adopten prácticas responsables en su gestión.

Así mismo, en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el ODS número seis (6), sobre agua y saneamiento, fija como meta garantizar que todo el mundo tenga acceso a agua potable limpia y a instalaciones sanitarias. Para contribuir con ello, los gobiernos regionales y locales desempeñan un papel clave en su realización y, solo se podrá lograr a través de una buena gobernanza local y una gestión eficaz y técnica de los recursos.

En el país y, de conformidad con el artículo 253, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los municipios son instituciones autónomas, entre cuyas funciones les corresponde “atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus propios fines”.

Claramente esto destaca la importancia del rol de los municipios como responsables de la prestación de los servicios públicos. Así mismo, el Código Municipal en su artículo 72 reafirma esa responsabilidad con relación a los servicios públicos locales, indicando que “el municipio debe regular y prestar los servicios públicos de su  circunscripción territorial, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas”. Dicho esto, deben contribuir a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la población del municipio.

Enfocándonos en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, el abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, es uno de los principales servicios públicos proporcionado por el gobierno municipal.

Siguiendo la normativa establecida, el servicio conlleva el desarrollo de actividades que tienen por objetivo abastecer agua libre de contaminantes, ya sean físicos o químicos, y que en su distribución le permitan ser ingerida y utilizada para fines domésticos e industriales, sin que existan riesgos para la salud.

Resulta conveniente exhibir que, en marzo de 2020, conforme al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se registró a nivel urbano 17,780 servicios de agua potable, que corresponde a las 12 zonas del municipio. Para el caso del área rural únicamente se contabilizaron 4 lugares poblados que cuentan con la distribución de agua municipal, siendo ellos: Caserío Chajtzoxul, Caserío Chinimlajom, Chirremesche y Chaquibeja. También se añaden, centros poblados rurales que cuentan con agua potable independiente, siendo: Chirrepec, Mestela, Las Flores, Chitoc, Tomtem, Chichaic, Chicuxab, Chicoj y San Pablo Xucaneb.

Los datos relevantes basados en el último censo y la cobertura de servicios municipales y/o comunitarios muestran un 37.66% de cobertura de agua potable a nivel municipal. A su vez el dato en cobertura de área urbana obtuvo un 95% y el área rural tan solo un 3.51%. De acuerdo a lo antes mencionado, los datos evidencian carencia de este servicio en el área rural, indicando entonces que un 96.49% de la población del área rural no tiene acceso al servicio de abastecimiento de agua potable. Dichas cifras, demuestran la desigualdad social que perjudica desproporcionadamente a los que viven en las áreas rurales y, por consiguiente, consecuencias de malnutrición infantil, higiene, pérdida de cosechas, inseguridad alimentaria y problemas económicos. Esto refleja claramente que existe la necesidad de los residentes para que este servicio sea atendido y solucionado.

Sin embargo, atender esta necesidad requerirá incorporar las expectativas que los residentes esperan del servicio, entre ellas; la calidad, el acceso a toda la población y un precio razonable.

Para que sea de calidad es necesario cumplir ciertos estándares. El agua que llega del sistema de captación en muchas ocasiones contiene elementos físicos, químicos o microbiológicos que pueden ser nocivos para el ser humano, por lo que es importante que previo a su distribución el agua pase por un proceso de purificación que permita ser consumida por la población. Esto suele denominarse potabilización del agua, proceso que genera agua limpia, segura, incolora, insípida y libre de contaminantes.

Después de dicho proceso puede empezar su distribución a la localidad, su provisión debe ser uniforme y continua, de manera que toda la población tenga acceso a dicho servicio. Para ello es necesario que se configure bajo criterios de generalidad e igualdad y en condiciones de continuidad y regularidad.

Por último, es necesario que sea a un costo asequible; de esta forma todas las personas, incluyendo las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad podrán disponer del servicio del vital líquido.

En definitiva, el servicio público de agua potable y fácilmente accesible es importante para proteger la salud pública, promover el desarrollo económico y la prosperidad de la localidad. Su provisión y calidad continúa siendo responsabilidad del gobierno local; para ello, es crucial que el municipio cuente con una planificación conveniente que asegure que el servicio se adapte a las necesidades y las demandas de población y, disponga de un conjunto de infraestructuras que permitan conservar zonas de recarga hídrica, almacenar, potabilizar, distribuir el agua y tratar las aguas residuales, siendo eficientes en términos de su gestión, operación y mantenimiento; maximizando el uso de todos los recursos disponibles.

Indudablemente garantizar que todas las personas tengan acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y, a un precio justo y accesible, es una obligación moral y legal que los gobiernos deben asumir.

Escrito por: Yussela Reiche Estrada.

27 años de edad.

Una mujer ladina, emprendedora y estudiante de Gestión Pública y Desarrollo Territorial; se destaca por ser comprometida y apasionada con lograr un verdadero cambio en la gestión pública del país y, por ser poseedora de principios éticos.