By Luis Alvarez Ságüil
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Existe en América Latina, una tendencia histórica sobre la gobernabilidad y la regulación del agua y particularmente, la gestión del servicio y el saneamiento. En forma muy general, las medidas sobre el agua han transitado por tres momentos que han definido su carácter, como señalan Castro y Lacabana: una primera fase, que conforma un modelo de servicios privados no regulados, que surge en la zona Europa-británica y posteriormente es importada a la región latinoamericana. Una segunda fase, articulada sobre una organización con vehemente control estatal, inclinado a la centralización, mismo que se desarrolla desde las postrimerías del siglo XIX, hasta finales de los ochentas. Finalmente, una tercera fase, que tiene lugar desde finales de los ochentas, con propensión a la confrontación con el modelo heredado.[1]

En un primer momento, durante la segunda fase antes señalada, el carácter autoritario y centralizado de la gestión de los servicios del agua, si bien permitió la tecnificación, implicó la poca facilidad de fiscalización ciudadana, lo que posibilitó una ética de acceso y abundancia en los usuarios, desarrollándose la gobernabilidad con cierta estabilidad, esto se expresa en una baja conflictividad. Fue en la tercera fase, que tiene lugar la proliferación del conflicto por las tensiones acumuladas frente a los sistemas antes establecidos. En esta fase tienen lugar un movimiento con fisonomía democrática de control ciudadano y un segundo movimiento, que postula el traspaso privatizador. [2]

Derivado de lo anterior, ha tenido lugar una confrontación programática de modelos, misma que ha favorecido al canon mercantil de privatización, que anula la idea del agua como derecho y la subsume a la categoría de mercancía.

Como se puede dilucidar apriorísticamente, la sustantividad histórica del país no ha sido indiferente a la tendencia latinoamericana. La experiencia guatemalteca ha estado delineada por la falta de gobernabilidad, la conflictividad social, la contaminación, los desastres, la escasez, el despojo y el acceso desigual. Estas condiciones objetivas se ven agravadas por el vacío normativo sobre el tema que el legislador se ha negado a llenar y que exiguamente ha intentado ser salvado por disposiciones dispersas y desfasadas a las exigencias contemporáneas.

La obligación de normar el régimen de aguas, se encuentra fundamentada en el texto constitucional.  A este deber de aprestar las correspondientes leyes de actuación, Ferrajoli nombra garantías positivas.[3] La introducción de la legislación de jerarquía inferior, resulta indispensable para el desarrollo del programa garantista-constitucional, materializado en la protección normativa y su institucionalidad sobre el asiento de la seguridad jurídica. En sentido contrario, en el caso guatemalteco, la laguna que el legislador, por casi más de treinta y cinco años no ha colmado, ha significado la continua acumulación de contradicciones que favorecen la conflictividad y las nocivas tropelías de los poderes económicos. En tanto no exista una ley general que regule la abigarrada trama de aguas en el país, cualquier acción o lucha emprendida no es más que una quimérica porfía.

Lo que se ha pretendido en estas sucintas líneas, es examinar las condiciones históricas de existencia del régimen de aguas, mismas a las que por su deplorable situación, el constituyente decidió otorgar una protección privilegiada, en un lugar supraordenado dentro del sistema nomodinámico. La cuestión anterior, toma mayor relevancia por los avances internacionales sobre el reconocimiento del agua como derecho humano. Por lo tanto, resulta aún más acuciante en las democracias constitucionales, desarrollar legislaciones infraordenadas a la constitución, que establezcan normas de resguardo concurrentes al freno de las directrices mercantilistas con inclinaciones a la arbitrariedad y que estas mismas funcionen como garantías, nexos indefectibles de los derechos para potencializar su control, efectividad y justiciabilidad, como única alternativa racional frente a la urgente catástrofe ambiental global y la creciente escasez de los recursos hídricos.

[1] Castro, José E. y Lacabana, Miguel. (2005). Agua y desarrollo en América Latina: por una democracia sustantiva en la gestión del agua y sus servicios. Cuadernos del CENDES, 22(59), IX-XV.

[2] Ibíd.

[3] Ferrajoli, Luigi. (2019). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Madrid: Editorial Trotta

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Estudiante universitario. Representante estudiantil. Aficionado a la filosofía y a la literatura. Apasionado por el movimiento estudiantil.

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